Internet también tiene memoria histórica

10.01.2010

Para referirse a este tema, usted habla de autoridad competente, de órgano competente, de autoridad competente en razón de la materia, de autoridad administrativa o de autoridad administrativa competente; todos esos términos están en su ley para referirse a lo mismo: a quién está capacitado para cerrar una página en Internet. La ambigüedad llega a ser enormemente peligrosa cuando usted habla de los procedimientos excepcionales, es decir de los procedimientos provisionales por los cuales -y aquí sí lo dice con claridad el texto- la autoridad administrativa puede llegar a intervenir sin ni siquiera haber iniciado la incoación del expediente. Para que queden las cosas claras, señora ministro, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, la capacidad de intervenir sobre le opinión y la información en la red -fíjese bien que le digo la opinión y la información en la red, no estoy hablando de las transacciones económicas- esa capacidad para intervenir de acuerdo con nuestra Constitución sólo corresponde a la autoridad judicial, y eso tiene que quedar extraordinariamente claro.


A continuación digo que nadie se llame a engañó; no puede haber interpretaciones malévolas -o no quiero que las haya- según las cuales alguien pueda decir que mi grupo parlamentario no está por luchar contra los delitos en la red fuera del ámbito estrictamente económico. No, en absoluto, todo lo contrario; lo que pasa es que queremos que se haga con la Constitución y las leyes en la mano. ¿Que en una página de Internet aparecen informaciones que atentan a la dignidad de las personas? Que actúen la policía y los jueces, y se cierre la página. ¿Que algún desaprensivo, algún delincuente o algún miserable comercia en la red con prostitución infantil? Que actúen los jueces, y manden a los responsables a la cárcel. Pero todo eso, señora ministra, tiene que hacerse respetando la Constitución y las leyes. Dicho de otra manera, para que nos entendamos usted y yo -el Grupo Popular y el Grupo Socialista-, no queremos que bajo el pretexto de intervenir contra delitos en la red que hay que perseguir, la autoridad administrativa -léase, el Ministerio de Ciencia y Tecnología- pueda cerrar una página web simplemente porque haya opiniones o informaciones que no le gustan al Gobierno; eso es lo que no queremos, y eso en el texto, señora ministra, no queda claro.


Somos conscientes de que es una ley urgente, y somos sensibles a que los sectores que trabajan en el comercio electrónico quieren que exista una ley. Por eso frente a las dos posibilidades que teníamos, la de hacer una enmienda a la totalidad con rechazo del texto sin más, o la misma enmienda haciendo un texto alternativo hemos elegido hacer lo segundo porque nos parece que es contribuir a resolver el problema de manera más eficaz. Hemos hecho un texto alternativo; texto alternativo que a tenor de lo que vengo diciendo ya se pueden imaginar que no es sino la pura reproducción de la Directiva; en definitiva una ley de comercio electrónico, una verdadera trasposición de una directiva que nos parece esencialmente buena. En nuestro texto alternativo restringimos el ámbito de aplicación de la ley respecto al del suyo; por ejemplo, nuestro texto no se aplicaría a las páginas web ni a los servicios de transferencia de ficheros. En la misma lógica se inscribe que reforcemos la seguridad jurídica de las transacciones, limitando el papel de la autoridad administrativa a aquellas cosas que legalmente tiene encomendadas y reforzando por tanto el de la autoridad judicial; que adaptemos el régimen de responsabilidad de los prestadores a lo que dice la Directiva al derecho comunitario, sin perjuicio, por supuesto, de los usuarios; que armonicemos el régimen sancionador con el que existe en Europa; y finalmente que simplifiquemos algunas cuestiones que el Gobierno introduce a nuestro juicio innecesariamente en el proyecto de ley y que van a entorpecer el desarrollo del comercio electrónico, llegando en algunos casos incluso a suprimir obligaciones adicionales que a nuestro modo de ver no son necesarias.


Termino ya, señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra, y lo quiero hacer mencionando algunos ejemplos que son infinitamente más valiosos que muchos de los argumentos que pueda exponer yo aquí. Supongo que muchos de ustedes habrán recibido estos días correos electrónicos de muchos internautas preocupados por la tramitación de este texto de ley. Yo he recibido uno que me llamó la atención, y que me plantea algunas preguntas que me voy a permitir referir a ustedes esta mañana, porque la pregunta -y sobre todo la respuesta- dice mucho más de su proyecto de ley que todo lo que acabo de mencionar. El ciudadano que se preocupa por el texto que vamos a emplear, me pregunta: Si ustedes aprueban la ley -la ley en los términos que usted la manda-, ¿se convertirá en ilegal por el mero hecho de tener un banner publicitario la página web que mantenemos mis hermanos y yo? La respuesta es: sí, casi con toda seguridad.


Añade a continuación: ¿Y nos pueden multar si no la registramos y cumplimos todos los trámites necesarios? Una vez más tengo que contestarle que sí, que le pueden multar. Y añade: ¿Es verdad que esa multa puede llegar a muchos millones de pesetas. Ahí podríamos matizar: algunos millones de pesetas -lo de los euros a veces conduce a esos errores-; multipliquen por 160 y verán cómo salen millones. Y añade el internauta: ¿Sin que se haga un juicio, siquiera pequeñito, antes de condenarnos? La respuesta es: sí, puede suceder eso. Y dice a continuación: ¿Si desde nuestra página web convocamos una manifestación, por ejemplo, para pedir más viviendas sociales, nos pueden censurar o cerrar la página? Sí, también se puede hacer, señora ministra. Y dice una cosa más: ¿La empresa que aloja nuestra web puede cerrarla sin más porque considere que incumple la LSSI? También, señora ministra, todo esto se puede hacer. Así podríamos seguir. Acaba haciendo una pregunta que no me corresponde responder a mí: ¿Por qué el proyecto establece este concepto de prestador de servicios de la sociedad de la información tan amplio que todo el mundo ha rechazado? Es una excelente pregunta para usted, señora ministra; yo no lo entiendo si no es por el afán de controlar la red.


Termino ya reclamando el voto para nuestra propuesta, anunciando nuestra predisposición favorable y nuestro voto favorable a las enmiendas de devolución, también a la enmienda de texto alternativo de Izquierda Unida y diciendo que ¡ojalá! se apruebe nuestro texto. Si no se aprueba, me gustaría que a lo largo de la tramitación parlamentaria pudiéramos acercar posiciones. Me gustaría, en resumen, que podamos convertir la ley de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico en una ley de comercio electrónico pura y sencillamente. Creo que haríamos un gran servicio a la libertad de expresión, y por supuesto al desarrollo del comercio electrónico en España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión plenaria núm. 146, celebrada el jueves, 11 de abril de 2002