Asociaciones de usuarios alertan del riesgo de una posible censura 'online' en España

27.12.2006 | Por: El Mundo


MADRID
.- Termina el plazo de alegaciones al texto del anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información en medio de protestas de ciertos sectores de Internet, que alertan de que el texto recoge la posibilidad de que un "órgano administrativo" pueda ordenar el cierre de un sitio web sin mediar resolución judicial.

En las alegaciones al texto presentadas por la Asociación de Internautas, se afirma que con el artículo 1 del texto del anteproyecto mencionado (PDF), que modifica el 8 y el 11 de la Ley de Comercio Electrónico (LSSI) se cambia la "situación constitucionalmente reconocida" de que las decisiones sobre la legalidad de publicaciones, como los contenidos en la Red, están exclusivamente en manos de los jueces.

Así, la AI denuncia que la nueva ley abra la posibilidad de que un "órgano administrativo" pueda ejercer la "censura" sobre cualquier contenido publicado en Internet, dado que precisamente el artículo 11. 1 quedará redactado de la siguiente manera:

  • Cuando un órgano jurisdiccional o administrativo hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.

La AI insiste en que el artículo 20 de la Constitución establece claramente que "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial". Así, entiende que "la Administración Pública no puede, por mandato constitucional, intervenir publicaciones sin una orden judicial".

En la misma línea, una serie de expertos como los abogados del Bufete Almeida o el conocido 'blogger' Enrique Dans alertan del contenido de la futura ley.

Ofelia Tejerina, abogada de la AI, va más allá y explica que con la reforma de la LSSI prevista en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información no se distingue lo que es Internet (esencialmente un canal de comunicación) de lo que son sus contenidos.

Las alarmas sobre un posible establecimiento de una forma de 'censura administrativa' en la Internet española comenzaron a dispararse hace semanas. La Asociación de Usuarios de Internet alertaba el pasado mes de que los redactores del texto habían "desoído las indicaciones de todas las asociaciones, que aconsejaban que las decisiones de cerrar o de impedir el acceso a una web sólo puedan tomarlas los jueces y no los 'órganos administrativos competentes'".

Además, la AUI denunciaba que el mismo anteproyecto de Ley recoge que "se responsabiliza al proveedor del link o del motor de búsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento" lo que, a su jucio, está en contra de la Internet 2.0 y de los espacios públicos de los usuarios, e incluso supone una restricción a la libertad de expresión e información.

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