[Comunicado, 19 marzo 1998]

El ataque a IGC, una agresión a la libertad de expresión

En Internet también se ha expresado la indignación y la protesta por el asesinato de Miguel Angel Blanco: centenares de mensajes en newsgroups, lazos azules y otros logotipos por la paz en páginas web, envío masivo y hostil de mensajes de correo electrónico (mailbombing) contra algunos servidores, como el norteamericano IGC.

Como no podía ser de otra forma por parte de una organización que, como FrEE, defiende la libertad de expresión, hace unos días emitimos un comunicado de condena de este asesinato mostrando nuestro más enérgico rechazo del terrorismo de ETA. En dicho comunicado proponíamos una forma pacífica, responsable y coherente con la defensa de la libertad de expresión para protestar en Internet contra ese atentado mediante la inclusión de enlaces a la página de la campaña Manos Blancas. Nuestro compromiso con la libertad de expresión y demás derechos individuales y colectivos no puede quedar encerrado dentro de los espacios virtuales que constituyen Internet, como si ésta no formara parte de la sociedad.

Sin embargo, este mismo compromiso con los derechos individuales y colectivos nos obliga, también, a discrepar con algunas medidas adoptadas por algunos internautas, tal vez en forma algo precipitada y no demasiado reflexiva, como es el caso de los mailbombings o los llamamientos realizados para "expulsar de Internet" a HB y todo lo que parezca dar apoyo al terrorismo.

Entendemos que la indignación y la rabia, plenamente comprensibles, no son las mejores consejeras para situarnos firmemente en el terreno de la libertad de expresión y los derechos democráticos, que requieren siempre de un análisis sereno y equilibrado. Por nuestra parte, nos identificamos con el camino que ya han señalado la hermana de Miguel Angel Blanco en su discurso al término de la manifestación de Bilbao, o el ayuntamiento de Ermua al llamar a terminar con el boicot a determinados establecimientos comerciales de la localidad, y de tantos otros que han subrayado que la paz y la convivencia social sólo pueden defenderse con medios democráticos.

Nos parece particularmente reprobable el envío masivo y hostil de mensajes electrónicos realizado contra IGC (Institute for Global Communications), una organización norteamericana sin ánimo de lucro que forma parte de la red internacional APC (Asociación para las Comunicaciones Progresistas). Tanto APC como IGC son redes orientadas a ofrecer servicios Internet a personas y colectivos que luchan por la paz, el medio ambiente, la justicia social y económica, los derechos humanos y la solidaridad y cooperación con el Tercer Mundo. En el servidor de IGC existen miles de páginas, recursos y enlaces con esos contenidos que son utilizados por miles de activistas de todo el mundo. El mailbombing contra IGC es, de hecho, una agresión a todas las organizaciones y personas que utilizan IGC para luchar por un mundo mejor y, sobre todo, un ataque a la libertad de expresión en Internet.

Como es sabido, IGC albergaba en su servidor el web de Euskal Herria Journal, una publicación próxima a HB. Es posible que en esas páginas se realizara una apología del terrorismo, pero en todo caso había en ellas información sobre la situación de los presos vascos de ETA y la situación política en Euskadi. Según ha explicado Scott Weikart, director ejecutivo de IGC, "el sitio también contenía artículos sobre derechos humanos, política, lengua y otros grupos vascos que trabajan en favor de la autonomía, así como una colección de enlaces hipertexto a sitios con puntos de vista opuestos a ETA". Pero, sea como fuere, se ha atentado contra el derecho de todos los internautas para conocer los puntos de vista expresados en Euskal Herria Journal y el derecho a expresar su desacuerdo con algo que ya no podrán conocer.

En FrEE no creemos que la libertad de expresión deba ser utilizada para hacer apología de la violencia política, pero también creemos que esto lo deben determinar los tribunales con la ley en la mano.

Como relata Weikart, en un primer momento los internautas enviaron cartas de protesta, acusando a Euskal Herria Journal de apoyar a los terroristas. Según sus propias palabras, "muchísimos mensajes dirigidos a IGC eran legítimas expresiones de protesta. Respetamos a las personas que los escribieron y, como organización humanitaria que somos, tomamos en cuenta sus puntos de vista". Pero después procedieron a intentar bloquear el servidor mediante mailbombing con la intención de inutilizar los ordenadores de IGC: cientos de mensajes duplicados enviados una y otra vez, enormes ficheros de mensajes conteniendo basura o una frase repetida miles de veces, mensajes sin dirección de retorno automatizados para salir continuamente y bloquear el sistema de correo de IGC, gran cantidad de mensajes con direcciones de retorno falsificadas rutados a través de proveedores de Internet aleatorios, etc. Métodos éstos que parecen traducir en el mundo virtual la violencia que en el mundo físico condenaban, precisamente, quienes así actuaron.

Esta campaña masiva de hostigamiento desbordó la capacidad de IGC para mantener su sistema en funcionamiento, por lo que el día 18 se vio obligado a tomar "la difícil decisión de suspender el web de Euskal Herria Journal, contra nuestra voluntad, con el fin de continuar proporcionando servicios básicos de Internet, como el correo electrónico, para nuestros casi 13.000 suscriptores", ha explicado Weikart.

Mención especial merece la actitud adoptada por el motor de búsqueda español Olé, uno de los principales instigadores del mailbombing, realmente incomprensible, así como la de algunos proveedores de acceso a Internet españoles y la del diario El País que también azuzaron a sus clientes y lectores a sumarse a esta lamentable campaña.

Por otro lado, la "caza" de direcciones que supustamente apoyan el terrorismo realizada de esta forma tan incontrolada es normal que produzca graves errores, como así ha sido: se han denunciado webs de colectivos que nada tienen que ver con ETA ni HB, pero que han sufrido las consecuencias de esta actitud; se han enviado masivamente mensajes a usuarios que tenían "igc" en sus direcciones de correo electrónico, etc.

Nada hay que objetar al envío de mensajes de protesta, al contrario; el mejor uso del poder que las comunicaciones interactivas pone en manos de los individuos es precisamente el de facilitar su libre expresión y la comunicación. Pero el intento de bloqueo e inutilización de un servicio nos parece una actitud de imposición de censura por la fuerza inaceptable; es un mal uso de ese poder cibernético. La vía a seguir era la del servidor Geocities, donde se invitaba a todo el mundo a expresar su opinión mediante la inclusión gratuita de páginas web.

Esta campaña hostil no ha pasado desapercibida en la comunidad de Internet y las organizaciones de la red que trabajan en defensa de los ciber-derechos han expresado su apoyo a IGC y su rechazo del mailbombing como un ataque injustificado a la libertad de expresión y contra un proveedor de servicios. Todos han comprendido perfectamente las palabras de la coordinadora de programas de IGC, Maureen Mason: "es como incendiar una librería para protestar contra un libro". Hay que pensar, además, que esta campaña sienta un peligroso precedente: mañana otro servidor puede sufrir un hostigamiento similar cuando a cierto número de internautas les parezca deplorable la existencia de páginas web que aboguen por el derecho al aborto, o contengan pornografía, o denuncien la persecución política en un régimen dictatorial, traten de la homosexualidad o de una confesión religiosa minoritaria... ¿Quién puede estar a salvo de las iras de quienes consideren que es más importante su verdad que la libertad de expresión?

Fronteras Electrónicas hace un llamamiento a la serenidad y la reflexión y, sobre todo, a la defensa de la libertad de expresión. Si ésta se tradujera en una apología del terrorismo o de cualquier otro tipo de violencia contra personas o colectivos, la única forma democrática de oponerse a ello es mediante la denuncia y la aplicación de una legislación justa. Queremos una Internet que sirva como vehículo para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos, pero también libre de censura. El necesario equilibrio que debemos encontrar entre todos entre ambos objetivos no es fácil y por ello necesitamos adoptar actitudes reflexivas y serenas. Como se ha dicho en un artículo publicado en iWorld, "la lucha no debe ser por hacerles callar, sino por convencerles a base de razonar, aunque esto puede parecer una utopía más".

Si quieres conseguir más información:

Fronteras Electrónicas (FrEE) - http://www.arnal.es/free/
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