No al cierre de webs
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El texto del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible puede consultarse en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda.
La lectura del texto añade poco más a lo expresado en el primer análisis jurídico publicado. La competencia será de los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo en Madrid, y el interés económico directo o indirecto será determinante para la aplicación de la norma.
Los jueces de lo contencioso-administrativo deberán decidir en cuatro días si un posible cierre de la web afecta necesariamente al artículo 20 de la Constitución. De existir un foro en la página web en cuestión, el cierre podría suponer que se prive del derecho a la libertad de expresión no sólo al webmaster, sino a centenares o miles de usuarios de la web, teniendo la misma trascendencia que disolver una reunión pacífica, o secuestrar un periódico.
Ni la pornografía infantil, ni la estafa masiva mediante phishing mereció tanta atención del Gobierno como la que pretende dedicarle a la protección de la propiedad intelectual, que se pone al mismo nivel que la lucha contra ETA.