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Asesoramiento jurídico integral, Internet y nuevas tecnologías

Si cambian las reglas del juego, se acaba la partida

07.04.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

Cuando Jaque Perpetuo comenzó su singladura, hace cinco años, se explicó la razón de escoger tal nombre:

Aunque las leyes del ajedrez no lo recogen, un jaque perpetuo acaba siempre en tablas. La guerrilla, en la Red y en los tribunales, no vencerá nunca al sistema de forma definitiva. Pero puede jaquearlo durante mucho tiempo, mientras el conjunto de la sociedad perfecciona sus herramientas de combate colectivo.

Una partida abocada al jaque perpetuo solo puede acabar en tablas, si se respetan las reglas del juego: cuando éstas son alteradas de forma torticera, es preferible lanzar el tablero por la borda.

Tras la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley Mordaza y Código Penal, en este país no hay libertad de expresión. Y en lo que se refiere a este periódico, ya no forman parte de la tripulación las tres personas que durante años me otorgaron absoluta libertad para expresarme. Continuar escribiendo en estas circunstancias sería tanto como aceptar la caridad del enemigo.

Y siempre hay quien prefiere morir a vivir de la caridad del enemigo.

 

Publicado originalmente en Jaque Perpetuo.


Empresas de internet y nuevo Código Penal: auditoría de riesgo penal

27.03.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

La nueva regulación de propiedad intelectual y delitos informáticos establecida por la reforma del Código Penal obliga a todas las personas jurídicas con presencia en internet a establecer protocolos y modelos de gestión con medidas de vigilancia y control para prevenir delitos. De no establecerse dichos protocolos, la persona jurídica podrá ser condenada con arreglo al nuevo artículo 31 bis y siguientes del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Texto de la reforma, en lo que afecta a responsabilidad penal de personas jurídicas:

Veinte. Se modifica el artículo 31 bis, que queda redactado como sigue:

«1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.»

Veintiuno. Se introduce un nuevo artículo 31 ter, con el siguiente contenido:

«1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.»

Veintidós. Se introduce un nuevo artículo 31 quater, con el siguiente contenido:

«Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.»

Veintitrés. Se introduce un nuevo artículo 31 quinquies, con el siguiente contenido:

«1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.»
 

 


Derecho Laboral

09.03.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

• Coordinación de las relaciones laborales de la sociedad, ya sea en el marco de la negociación colectiva o en la aplicación de la normativa laboral vigente a todos los miembros de la plantilla y sus representantes legales.
• Apoyo en materias como contratación laboral de carácter general, alta dirección, contratación de representantes de comercio y contratos de agentes comerciales, además de la aplicación del régimen disciplinario laboral y de la posibilidad de gestionar de forma integral la confección de nóminas y seguros sociales.
• Representación de su empresa ante los organismos oficiales de carácter laboral, tramitando conciliaciones laborales y defendiendo sus intereses frente a la jurisdicción social de todo el territorio nacional.
• Gestión de despidos, la apertura de expedientes de regulación de empleo y reestructuración empresarial, así como la aplicación de la normativa laboral de Prevención de Riesgos, la aplicación de políticas de privacidad de datos y redacción de códigos de conducta laboral y actuaciones administrativas frente a la Seguridad Social y la Inspección de trabajo.

Servicios a las empresas:

• Inscripción total de la empresa en la S/S.
• Afiliación al RETA, diligencia y presentación de altas y bajas.
• Diligencia y presentación de incapacidad temporal de autónomos.
• Alta y baja de trabajadores en la Seguridad Social.
• Solicitud del NAF en la Seguridad Social.
• Formalización de contratos de trabajo y aprendizaje, sin clausulas especiales.
• Informes de costes salariales.
• Prórrogas de contratos de trabajo.
• Auditoría Socio-Laboral para establecer el nivel de cumplimiento del derecho de trabajo y de Seguridad Social por parte de tu empresa.
• Comunicación de los contratos de trabajo y prórrogas al INEM.
• Confección de recibos para pagos de salarios. Nóminas.
• Ajustar las nóminas al convenio colectivo.
• Confección de boletines de cotización al régimen general de la seguridad social y al de accidentes de trabajo. TC1 Y TC2.
• Formalización de partes de accidentes de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad común y certificados de empresas para prestación de desempleo.
• Tramitación de despidos individuales y colectivos.
• Asesoramiento sobre expedientes de regulación de empleo.
• Asistencia y representación jurídica y técnica en la jurisdicción laboral y contencioso-administrativa
• Elaboración y seguimiento de convenios colectivos de empresa.
• Asistencia y representación ante la Inspección de trabajo.
• Certificado de empresa al INEM.
• Solicitud de Certificados de estar al corriente con la seguridad social.
• Preparación de la documentación y asesoramiento ante la inspección de trabajo.
• Elaboración de los certificados de retenciones de los trabajadores.
• Elaboración de los modelos trimestrales y anuales obligatorios en el ámbito laboral: 111, 190, 216, 296 …
• Archivo digitalizado de las nóminas, S/S y contratos laborales.
• Atención telefónica ininterrumpida de 9 a 18 horas de lunes a jueves. Viernes de 9 a 14 horas.
• Atención por email durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
• Asesoría y consultas.
• Formalización de contratos de trabajo y aprendizaje, con cláusulas especiales.

 


Servicios a los particulares


• Asesoramiento integral permanente sobre gestión laboral.
• Gestión de altas de empresa, autónomos y otros regímenes en la Seguridad Social.
• Solicitud de pensiones y prestaciones (jubilación, invalidez, etc.).
• Contestar a los requerimientos de embargo de salario y nómina, así como su cálculo y estudio para la aplicación al recibo salarial.
• Oposición a las sanciones disciplinarias y/ despidos practicados por la empresa.
• Representación colectiva y/o individual ante los Juzgados de lo social así como ante instancias judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo.
• En caso de concurso de acreedores, tutela de los intereses de los trabajadores y personación en los Juzgados de lo Mercantil.
 


Derecho Concursal

09.03.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

Bufet Almeida ofrece asesoramiento legal en la especialidad de Derecho Concursal, reestructuración y refinanciación de empresas.

Nuestros servicios legales se centran en ofrecer una prestación legal de carácter multidisciplinar en las necesidades asociadas al concurso de acreedores, contando con la continua colaboración de especialistas en derecho mercantil, societario, civil, laboral y fiscal.

Siempre contando con las directrices de nuestros clientes, nuestro equipo de especialistas definirá las reestructuraciones societarias y la gestión patrimonial necesaria de la empresa incursa en un proceso de insolvencia, colaborando estrechamente para encontrar la solución más adecuada a la estructura jurídica de nuestro cliente, ya sea en una fase de recapitalización de la deuda, daciones en pago, bien otras operaciones de gestión de pre-insolvencia o directamente en la solicitud de un concurso de acreedores.

Por otra parte, como abogados, economistas de los acreedores nos centramos en la preservación del derecho de crédito en el procedimiento concursal, haciendo uso de las múltiples herramientas que ofrece la Ley Concursal con la finalidad de encontrar soluciones encaminadas a recuperar y defender los intereses de nuestros clientes en los procesos concursales. En situaciones pre-concursales, asesoramos a los acreedores para garantizar sus deudas, sustitución de garantías y aseguramiento.

Los profesionales de Bufet Almeida cuentan con una dilatada experiencia en la administración concursal así como en el asesoramiento a empresas de ámbito nacional como internacional. Dicha experiencia se basa tanto en la gestión de procedimientos concursales como pre-concursales y administración empresarial.
Nuestro equipo es experto en reestructuración empresarial y refinanciación de deuda, concurso de acreedores, procesos de liquidación, liquidaciones anticipadas y compraventa de unidades productivas en concurso.

De igual modo, contamos con gran experiencia en el asesoramiento de compraventa de ramas de actividad o negocios en situación concursal, tanto como asesores de la concursada como del adquirente.


Bufet Almeida asiste a los Administradores y al equipo técnico de las sociedades para la preparación del concurso, realizando la gestión procedimental y técnica.

Operaciones de Reestructuración

 Elaboración de planes de reestructuración y plan de viabilidad.
 Reorganización operativa.
 Refinanciaciones.
 Gestión de Tesorería:
 Determinación de necesidades de caja durante el proceso de refinanciación.
 Gestión y control efectivo de la tesorería después de la refinanciación.

Presentación de concurso de acreedores

 Gestión de la preparación presentación del concurso de acreedores de conformidad a la normativa de insolvencias.
 Asistencia a la negociación concursal.
 Apoyo a la Administración concursal.
 Gestión de Tesorería en curso.
 Gestión administrativa y diaria del procedimiento.
 Acciones de reducción de costes.
 Reestructuración financiera: plan de viabilidad, propuesta de convenio y gestión de adhesiones.
 Desinversiones en líneas de negocio secundarias al negocio principal.
 Ejecución de planes de liquidación.
 Liquidaciones ordenadas y cierres de la compañía realizando todo el proceso judicial completo.
 Colaboración con la Administración Concursal.
 Personación y defensa de nuestro cliente en la fase de calificación del concurso.
 Seguimiento y apoyo en caso de reapertura judicial del concurso de acreedores.
 


Alexandra Lozano Echle

09.03.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

Licenciada en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (2012). Inscrita en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona con número 41872. Abogada especializada en el asesoramiento a empresas y en especial en asuntos de reestructuración empresarial y societaria. Cuenta con un perfil marcadamente internacional en el asesoramiento empresarial a compañías alemanas. Ha cursado un Máster en asesoramiento jurídico a empresas (2014) y es bilingüe español-alemán.


Pedro Picón García

01.03.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (2001). Administrador Concursal. Inscrito en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona con el número 28913. Abogado especialista en reestructuración y organización empresarial que en estos últimos años ha desarrollado su trayectoria como abogado especializado en litigación en diferentes jurisdicciones y orientado al asesoramiento de empresas nacionales e internacionales. Como Administrador Concursal en ejercicio cuenta con una amplia experiencia en la dirección y gestión de empresas en situación de insolvencia y ha sido nombrado por los juzgados de lo mercantil en varias decenas de concursos. En el sector del asesoramiento legal, ya sea a empresas como a personas físicas, destaca por su empatía y sus habilidades de comunicación, siempre orientadas a tender puentes y facilitar soluciones satisfactorias para sus clientes. Tiene un perfil profesional canalizado a la efectividad y la resolución de conflictos jurídicos, partiendo se su condición de mediador concursal, que hacen de él un profesional muy próximo a la sensibilidad de las cuestiones planteadas.

Ha cursado estudios de doctorado por la Universidad de Barcelona (2009), cuenta con un Máster en Recursos Humanos por la Universidad de Londres (2003) y varios ciclos formativos en materia concursal, gestión contable y dirección financiera (EADA) y jurídica y ha cursado un Máster en Periodismo por la Universidad de Barcelona – Columbia de Nueva York (1998).
 


La Audiencia Provincial de Oviedo confirma la sentencia que absolvía a Weblogs por comentarios de usuarios

24.02.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

Se confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Pola de Siero, considerando que expresiones aisladas como 'gentuza', 'tipejo' o 'impresentable' no tienen intensidad suficiente para considerarlas intromisión en el honor.


AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 OVIEDO
SENTENCIA: 00042/2015
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 11/15

 

 

 

 


NÚMERO 42

 


En OVIEDO, a once de febrero de dos mil quince, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, compuesta por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, Doña Nuria Zamora Pérez y D. Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:


S E N T E N C I A


En el recurso de apelación número 11/15, en autos de JUICIO ORDINARIO Nº 513/13, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Siero, promovido por J. A. P. R., demandante en primera instancia, contra WEBLOGS S.L. Y J. G. D. R. C.,
demandados en primera instancia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Tuero Aller.-


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Que por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Siero se dictó Sentencia con fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “DESESTIMO la demanda interpuesta por D.J.A.P.R., representado por el procurador D. Emilio Solís Rodríguez, frente a D.J.G.D.R.C., representado por la procuradora Dª Miriam Menéndez Diaz, y frente a “WEBLOGS, S.L.” representada por la procuradora Dª Inés Blanco Pérez, siendo parte el Ministerio Fiscal, y ABSUELVO a éstos

 

de todas las peticiones efectuadas en su contra, imponiendo al actor las costas de este procedimiento.”

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada recurso de apelación, del cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo el día diez de febrero de dos mil quince.-

TERCERO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.-


FUNDAMENTOS JURIDICOS


PRIMERO.- Pese a que en la demanda inicial de este proceso
D. J.A.P.R. ejercitaba acumuladamente varias acciones, relativas a la existencia de una intromisión en el derecho al honor y a la propia imagen hacía su persona, incumplimiento de contrato y violación de la Ley de Protección de Datos, interesando asimismo las indemnizaciones que consideraba oportunas y la condena del demandado a la retractación total de las acusaciones y a su publicación, en este recurso de apelación, tras ser íntegramente desestimada la demanda, se centra exclusivamente en la primera de dichas acciones, abandonando también la petición de condena a la retractación que había interesado en un primer momento. De conformidad con lo establecido en el art. 465.5 L.E.C, esta Sala habrá de circunscribir su análisis a la pretensión que mantiene en esta segunda instancia.

SEGUNDO.- Quedó acreditado en autos que el demandante, a través de una empresa con la que comparte NIF, ADVCFS Asturias, vendió por Internet dos teléfonos móviles al demandado, D. J.G.D.R.C.. Éste mostró disconformidad con las características del segundo de ellos, en especial porque afirmaba que la marca no correspondía con la que él había pedido, remitiendo varios correos al demandante pidiendo explicaciones. Como quiera que D. J. no las consideró suficientes, expuso sus quejas en algunos foros de Internet. En este contexto y a lo largo de extensos diálogos (véanse folios 18 a 35), aparece puntualmente alguna expresión aislada como “gentuza”, “impresentable” o “tipejos” referida a ADVCFS, sin mencionar la identidad del demandante. Este, por su parte, también intervino en esas conversaciones, revelando el nombre y la edad del demandado, y vertiendo expresiones como maleducado, ironizando sobre su apellido, y deseándole que se fuera al paro sin derecho a subsidio, al igual que al resto de los que intervenían en ese foro.

TERCERO.- A la vista de los datos expresados comparte esta Sala plenamente los razonamientos de la sentencia de primer grado y el informe del Ministerio Fiscal. No es necesario reproducir aquí la doctrina jurisprudencial, ya pacífica, recaída en torno a la colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y a la propia imagen, expuesta correctamente en la resolución apelada. En lo que debe insistirse es en que para determinar si existe o no una intromisión ilegítima en ese derecho al honor, o en el prestigio profesional que se integra en él, han de examinarse las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, huyendo de una interpretación abstracta y teórica de cada expresión, aislada del contexto en que se utiliza. Además, esa misma jurisprudencia ha exigido una cierta intensidad en el ataque para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental. Tampoco cabe prescindir en el enjuiciamiento de la postura adoptada por quien se considera ofendido. Y, en fin, como recuerda la sentencia del T.S. de 12 de diciembre de 2013, parcialmente transcrita en la apelada, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica, experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables. Así, el art. 2.1 de la Ley Orgánica 1/82, sobre Protección del Derecho al Honor, se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil de ese derecho.

Pues bien, es cierto que expresiones como las utilizadas de “gentuza”, “tipejos” o “impresentable” son claramente despectivas. Pero no puede prescindirse de su carácter aislado, vertidas, en el curso de una larga exposición o diálogo en foros de Internet, derivada de la disputa que ambas partes mantenían sobre la compraventa de determinado producto. En ese contexto, habitual hoy en día, donde los usuarios de modo coloquial comparten críticas y quejas respecto de toda clase de bienes y servicios, no se observa que esas palabras tengan la intensidad suficiente como para considerarlas una intromisión ilegítima en el prestigio profesional y necesitar del auxilio de los tribunales. Incluso el propio demandante, que requiere esa tutela, utilizó en ese foro expresiones no menos hirientes, tras identificar al demandado con su apellido y edad.

En definitiva, ni por la intensidad, ni por el contexto en que se utilizaron, ni por la postura que adoptó el propio actor, ni por su carácter aislado, cabe entender que se produjo una intromisión ilegítima en el honor o prestigio del demandante.

CUARTO.- El rechazo de esa pretensión comporta necesariamente, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, la desestimación de la acción que se dirige frente a la codemandada “Weblogs, S.L.” por permitir la publicación de unas conversaciones presuntamente injuriosas, y no retirarlas cuando fue requerido para ello por el demandante.

 

QUINTO.- Aunque todo lo anterior se traduzca en la total desestimación del recurso, el uso de comentarios despectivos por una y otra parte y las dudas que suscita la determinación del nivel a partir del cual debe prevalecer el derecho al honor sobre la libertad de expresión, aconsejan no hacer expresa imposición de las costas aquí causadas, tal y como excepcionalmente permite el art. 394 en relación al 398 L.E.C. Pronunciamiento que no cabe extender a las generadas en la primera instancia al no haberse cuestionado este punto en el escrito de recurso (art. 465.5 L.E.C.)

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:


F A L L O

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Dº J.A.P.R., contra la Sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Siero en fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, en los autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 513/13, confirmando dicha resolución sin expresa imposición de las costas procesales del recurso.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el art. 466 de la L.E.C., serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 469 y ss., 477 y ss. y Disposición Final 16ª, todo ello de la L.E.C., debiendo interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS ante éste Tribunal, con constitución del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco Santander 3370 e indicación de tipo de recurso (04: Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.


Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 


 


Interrumpir un servicio de hosting por impago no constituye delito de daños informáticos

05.02.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado un interesante auto, por el que acuerda el sobreseimiento de un procedimiento penal seguido contra una empresa de hosting, contra la que se había interpuesto una querella por daños informáticos.

La empresa querellada ofrecía servicio de alojamiento a la empresa querellante. Ante el impago de esta última, y tras múltiples avisos de la situación de morosidad, la empresa de hosting decidió cortar el servicio. En lugar de proceder al pago de lo adeudado, lo que hubiese solucionado el problema de forma inmediata, la empresa en situación de morosidad decidió interponer una querella por paralización de sistemas informáticos, invocando el artículo 264 del Código Penal.

Mientras se tramitaba el proceso penal, la empresa de hosting procedió a demandar en vía civil a la empresa en situación de morosidad, obteniendo sentencia favorable a sus pretensiones. Pese a ello, un juzgado de Instrucción de Denia acordó seguir procedimiento penal abreviado contra la empresa de hosting, resolución que fue recurrida.

La Audiencia, en una resolución que pone fin al procedimiento penal, considera que no hay delito, puesto que el cierre del servicio se llevó al amparo de un contrato que regulaba las relaciones jurídicas entre las partes, y que en cualquier caso las discrepancias entre las mismas se deben dilucidar en vía civil, por quedar reservado el proceso penal a otro tipo de casos.

A continuación puede consultarse la resolución completa, de la que se han eliminado los datos personales de querellantes y querellados.

AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN TERCERA
ALICANTE

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº4
Tfno: 965169829
Fax: 965169831

NIG: 03014-37-1-2014-0007333
Procedimiento: Rollo apelación auto Nº 000373/2014- -
Dimana del Procedimiento Abreviado Nº 000139/2014
Del JUZGADO DE INSTRUCCION 3 DE DENIA(ANT. MIXTO 7)

AUTO Nº 19/15

===========================
Iltmos/as. Sres/as.:
Presidente
D. JOSÉ DANIEL MIRA-PERCEVAL VERDÚ
Magistrados/as
Dª Mª DOLORES OJEDA DOMÍNGUEZ
D. CÉSAR MARTÍNEZ DÍAZ
===========================

En Alicante a catorce de enero de dos mil quince.

I. HECHOS

PRIMERO.- Por la representación de XXXXX, se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el Auto de fecha 9 de mayo de 2014, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Denia, en autos de Procedimiento Abreviado nº 139/14.

SEGUNDO.- Desestimado que fue el recurso de reforma, se formalizó el de apelación confiriéndose traslado del recurso interpuesto al Ministerio Fiscal (representado por Dª Patricia Vilela Fraile), que se opuso a su estimación, designándose los particulares que se tuvieron por conveniente y elevándose los mismos a esta Sala, donde se formó el Rollo de Apelación nº 373/14, en el que se ha procedido a la deliberación y votación de la presente resolución.

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se recurre por la representación de los imputados, XXXXX ,el Auto de incoación de P.A de fecha 9/05/2014.

Los hechos de los que trae causa el presente procedimiento son los siguientes: Con fecha 1-12-2010 la mercantil A.I., dedicada a la prestación de servicios informáticos y compraventa de software y hardware, contrató con Dña. XXXXX el alojamiento y gestión de la web-hosting 1GB referida a los dominios X e Y, propiedad de la denunciante. De estos dominios dependían todos los correos electrónicos de la empresa denunciante y todos los accesos de los clientes de los productos y servicios, en definitiva, toda la base del negocio. Se pactó la renovación anual y automática del contrato, habiendo sido renovado el pasado 30-11-2012, encontrándose al corriente de todos y con el contrato renovado hasta el 29-11-2013.

A pesar de que en el contrato aparecía Doña. XXXXX como representante del denominado XXXXX, toda la relación comercial y parte técnica la ha venido prestando directamente D. XXXXX, esposo de Dª XXXXX.

Con motivo de unas desavenencias comerciales surgidas entre las partes por unos trabajos informáticos encargados al margen del contrato señalado y referidos a unas cámaras web, el domingo 24/03/2013 D. XXXXX procedió de forma unilateral a cortar el acceso al alojamiento web y dominios contratados por esta empresa. Previamente el Sr. XXXXX había comunicado que se iba a proceder al cierre de estos servicios por impago.

SEGUNDO.- El recurso interpuesto por la representación de los imputados, en el que además de solicitar la revocación del Auto de fecha 9/05/2014, piden el archivo de la causa, y al que se adhiere el Ministerio Fiscal, debe ser estimado.

La cuestión que se debe dilucidar, en el caso presente, es determinar si estamos ante un delito de daños del artículo 264 del C.P, o si la cuestión no trasciende el ámbito civil.

En primer lugar es de indicar que el ahora denunciado, D. XXXXX, fue parte demandante en el juicio verbal civil nº 1189/2013,celebrado ante el Juzgado de Primera instancia nº 6 de Alicante, en la que la demanda es la ahora denunciante, y en el que recayó Sentencia en fecha 22/04/2014. En dicho juicio la pretensión condenatoria se fundamentaba en el hecho de que la empresa del Sr. XXXXX había realizado una serie de trabajos que resultaron parcialmente impagados. La Sentencia aludida estima la demanda y condena a los ahora denunciantes al pago de la cantidad de 1391,50 €, intereses y costas.

El “quid” de la cuestión estriba en determinar si el Sr. XXXXX tenía derecho, o no , a realizar el corte al acceso al alojamiento web y dominios contratados por la empresa A.I. El contrato celebrado entre las partes establece en el apartado 3º letra d) lo siguiente: “En caso de devolución, demora o impago de los recibos, XXXXXX podrá suspender en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, total o parcialmente, los servicios, así como impedir al Cliente la contratación de nuevos servicios. En este sentido, el retraso en el pago total o parcial por parte del Cliente durante un periodo superior a un mes desde la presentación de la factura, facultará a XXXXXX a suspender temporalmente los servicios” .

El denunciado actuó en cumplimiento del citado artículo. La cuestión que se puede discutir es si este artículo es fuente de regulación de todas las relaciones comerciales entre las partes, o solo es aplicable a aquellas que se derivan del contrato de fecha 1/12/2010.

La cuestión deberá resolverse en la vía civil sin que la actuación denunciada, y visto los antecedentes reseñados, tenga entidad suficiente como para calificarla de ilícito penal.

Como conclusión, el recurso debe ser estimado y, en consecuencia, el Auto de fecha 9/05/2014 debe ser revocado, debiéndose acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don José Daniel Mira-Perceval Verdú, Presidente de esta Sección Tercera.

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DECIDE: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Jesús Zaragoza Gómez de Ramón, en nombre de XXXXX, contra el Auto de incoación de P.A de fecha 9/05/2014, REVOCANDO esta resolución, acordando el sobreseimiento de las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución -contra la que no cabe recurso- al Ministerio Fiscal y demás partes personadas y, con testimonio de la misma (dejando otro en este Rollo de apelación), devuélvanse las actuaciones de instancia al expresado Juzgado, interesando acuse de recibo; y, a su recepción, se archivará el presente Rollo en su legajo correspondiente.

Así lo acuerda este Tribunal, firmando los/as Magistrados/as más arriba expresados. D. José Daniel Mira-Perceval, Dª Mª Dolores Ojeda, D. César Martínez.- Rubricado.


Los cómics prohibidos

27.01.2015 | por: Carlos Sánchez Almeida

El Congreso de los Diputados aprobó en fechas recientes la reforma del Código Penal, y en los próximos meses será revisada por el Senado. Habida cuenta de la mayoría absoluta del partido gobernante, pocas sorpresas podemos esperar: es muy posible que se publique en el Boletín Oficial del Estado antes del verano, entrando en vigor a los seis meses de su publicación, tal como dispone la disposición final novena del proyecto de ley.

Entre las distintas polémicas que rodean esta reforma -que van desde implantación de la cadena perpetua, pasando por la criminalización de distintas formas de protesta social, hasta la pena de seis años de prisión por delitos contra la propiedad intelectual- han pasado desapercibidos los profundos cambios que van a experimentar los delitos de pornografía infantil. A tenor del proyectado artículo 189 del futuro Código Penal, el delito ya no se limitará a imágenes reales de menores, sino que también será delictiva toda representación visual de los mismos en contexto sexual, sean dibujos, esculturas o videojuegos. En concreto, el apartado primero del artículo 189 dispone lo siguiente:

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizados personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

Como puede observarse, el alcance del precepto penal es muy amplio, llegando a criminalizarse todo material -sea real o simulado, fotografía o dibujo- que represente visualmente a quien parezca ser un menor en una conducta sexualmente explícita. Solo queda fuera de la criminalización la literatura no gráfica: una narración donde se describa la violación de un menor no será delictiva, pero sí lo será cualquier cómic, historieta o manga donde aparezcan dibujos de personas que parezcan ser menores practicando sexo.

¿Cuáles serán las consecuencias prácticas de esta reforma? Si tenemos en cuenta que, además, el nuevo artículo 189 tipifica como delito no sólo la difusión, directa o mediante enlaces en internet, sino también la tenencia, e incluso, en un alarde represivo sin precedentes, el acceso a sabiendas a dicho material, podemos concluir que leer un cómic donde aparezca un abuso sexual a menores será delito.

Ahora pensemos en los cómics publicados en España en los años transcurridos desde la aprobación de la Constitución. El final de la censura del franquismo vino acompañado de una libertad creativa sin precedentes, que se extendió a todo tipo de disciplinas artísticas, y muy especialmente en el ámbito de la historieta gráfica. A finales de los 70 y primeros años 80 destacó por méritos propios el cómic underground, y en especial su mejor exponente, El Víbora, que se publicó de forma ininterrumpida durante 25 años, hasta su cierre en la pasada década. Buena parte del material publicado por El Vibora era erótico, y no es extraño encontrar entre sus páginas escenas protagonizadas por menores.

Por citar un caso muy conocido, en El Víbora de los años 90 se publicaron diversos capítulos de la serie Pequeñas Viciosas, firmados por Mónica y Beatriz, seudónimos del dibujante José Antonio Calvo y del guionista Santiago Segura, que con el tiempo se convertiría en director de la saga Torrente. En Pequeñas Viciosas aparecen escenas de abuso de menores, y si bien en algunos casos no se concreta la edad, las situaciones y los vestidos de colegiala dejan poco margen de duda. Pero en otros casos queda perfectamente claro que las imágenes reflejadas pertenecen a personas impúberes. En concreto, las páginas 39 a 47 del número 170 de El Víbora entrarían de lleno en la definición establecida en el nuevo Código Penal.

Igual suerte pueden sufrir otros cómics españoles de reputado prestigio internacional, como es el caso de la saga Torpedo 1936, obra del dibujante Jordi Bernet y el guionista Enrique Sánchez Abulí. En el número 30 del cómic book publicado por Tebeos Glénat aparece la historia de una prostituta infantil, de nombre Lolita. Y en el número 15 de la edición en tapa dura, titulado El día de la mala baba, Torpedo contrata a un pederasta para que sodomice a un menor, con el objeto de vengarse de su madre. La primera historia de las comentadas, de título Lolita, ya fue censurada en 1990 por El País Semanal, donde aparecía la serie por entregas. Curiosamente, por aquellas mismas fechas Canal Plus programaba en sus primeras emisiones de porno codificado la película Educando a Mandy, en la que aparecía una Traci Lords que era menor de edad en el momento de la filmación.

La problemática expuesta afecta a multitud de autores, algunos de ellos de gran prestigio internacional. Pensemos en los casos de El Clic, de Milo Manara, o el Ranxerox de Liberatore y Tamburini, donde la novia del protagonista, Lubna, es también menor, si bien los abogados de la defensa quizás aleguen que el sexo con androides puede estar excluido del Código Penal. Algo igualmente predicable del sexo con diablos, vampiros o monstruos con tentáculos, omnipresente en el lolicon japonés.

Mientras documentaba este artículo he podido comprobar que muchas de las obras citadas están disponibles en plataformas online, y se pueden comprar libremente a través de Amazon, incluso a coleccionistas. Hay casos especialmente tristes, como el del ya fallecido Francisco Solano López, dibujante de la obra mítica El Eternauta, que tuvo que huir de Argentina tras la tortura y asesinato del guionista Horacio Oesterheld y sus cuatro hijas, para acabar ganándose la vida dibujando cómic erótico: sus obras El institutoEl prostíbulo del terror, con guión de Ricardo Barreiro, también quedan criminalizadas en el nuevo Código Penal.

La pregunta que se estará haciendo el lector es qué tiene que hacer con su biblioteca de cómics. Pues bien, tal como he dicho le queda poco margen: leer, escanear, prestar, vender, o subir sus cómics a internet será delito, si aparecen dibujos de sexo protagonizado por presuntos menores. Lo único que puede evitarlo es que alguien haga entrar en razón al legislador, y corrija los excesos de la reforma, excluyendo de la criminalización el material histórico ya publicado. De lo contrario, editoriales como Planeta-DeAgostini, Glénat, Norma Editorial o La Cúpula pueden verse sometidas, el día menos pensado, a una entrada y registro policial, en busca de ejemplares de cómics de otras épocas en las que existía mayor libertad creativa.

  

Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Imagen original del comicbook Torpedo 1936, número 30, obra de Jordi Bernet y Enrique Sánchez Abulí, publicada por Ediciones Glénat España, S.L., 1994. 

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo


El cierre de Google News y la libertad de información en España

11.12.2014 | por: Carlos Sánchez Almeida

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se ha cobrado, antes de entrar en vigor, su primera víctima en España: Google ha anunciado el cierre en nuestro país de su popular servicio Google Noticias. Habrá muchas más víctimas: la batería de medidas que entrarán en vigor en enero pone la internet española en un estado de excepción permanente.

Como en los tiempos oscuros en los que nuestros padres y abuelos tenían que informarse de lo que ocurría en nuestro país mediante Radio España Independiente, 'la Pirenaica', a partir del 16 de diciembre los ciudadanos españoles tendrán que acudir a la prensa internacional para informarse de las próximas medidas liberticidas del Gobierno. Por obra y gracia de unos gobernantes ajenos a la realidad, España se convierte en un gueto informacional.

La Ley de Propiedad Intelectual establece un canon irrenunciable a favor de los editores de prensa, que podrán cobrar de aquellos que les enlacen, aunque sean servicios que, como en el caso de Google News, no tienen publicidad. La aparición sorpresiva de este canon durante la tramitación parlamentaria del proyecto coincidió en el tiempo con la decapitación de tres cabeceras de prensa que por aquel entonces todavía eran críticas con el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que provoca la legítima sospecha de estar ante una medida encaminada a obtener la docilidad de los periódicos ante los próximos retos electorales que debe afrontar el ejecutivo.

Además de condenar al cierre -o la emigración a otros países- a los agregadores de contenidos como Google News o Menéame, la Ley de Propiedad Intelectual refuerza el control administrativo de la internet española, dotando de medios exorbitantes a una Comisión dependiente del Ministerio de Cultura, que podrá acordar el cierre de webs de enlaces, la incautación de sus dominios .es, y ordenar que dejen de prestarles servicios de alojamiento, publicidad y medios de pago, mediante multas de hasta 600.000 euros.

La Ley de Propiedad Intelectual no viene sola: es acompañada por reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitan seriamente los derechos de libertad de información, manifestación e intimidad de los ciudadanos: la última medida conocida es que la policía podrá interceptar comunicaciones antes de informar al juez, además de instalar programas espía e incluso utilizar agentes encubiertos que compartan archivos ilícitos.

Desde la aprobación de la Constitución, hace 36 años, nuestros derechos fundamentales no habían sufrido un acoso semejante por parte del poder político. Con el cierre de Google News es de esperar que el escándalo internacional se multiplique, y se conozca en todo el mundo el delicado estado de la libertad de información en España, pero los efectos a corto plazo pueden ser devastadores.

Las empresas de medios que han apostado por el canon AEDE se equivocan: a la larga sus cuentas de resultados se van a resentir de la pérdida de posicionamiento en Google. Y se equivocan por no haber escuchado a sus periodistas, que saben perfectamente que en la economía de la atención es fundamental contar con el apoyo de los lectores. Un apoyo que se está perdiendo desde hace tiempo en ventas en kioskos, y que se va a perder en clicks, en visitas y por supuesto, en financiación publicitaria. Pero sobre todo se va a perder credibilidad, porque la labor de la prensa es vigilar al poder, no sostenerlo.

Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo