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Asesoramiento jurídico integral, Internet y nuevas tecnologías

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información

26.11.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) surge por la preocupación de un grupo de organizaciones y personas del ámbito jurídico, del periodismo y de los movimientos sociales ante las amenazas a los derechos de libertad de información y de expresión en España.

Reformas legales que penalizan el derecho de protesta y la difusión de información, como el Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, o que impiden el normal funcionamiento de Internet, como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; normas que obstaculizan el acceso a la Justicia, como la de tasas judiciales; o que neutralizan el derecho a la información pública, como ocurre con la mal llamada Ley de Transparencia; o prácticas que, desde el poder político, buscan el control de los medios, como la contratación de publicidad institucional como elemento discrecional para garantizar la supervivencia de medios afines frente a los que no lo son, ponen de manifiesto lo precario de estos derechos esenciales.

Al mismo tiempo, en un contexto de crisis económica y política en el que surgen nuevas formas de protesta apoyadas en gran medida en la libertad de información que, en particular, permite Internet, desde el poder se reacciona con contundencia para frenar su desarrollo, a través de iniciativas que llegan a vulnerar derechos fundamentales.

Para impulsar acciones que contribuyan a detener esta peligrosa tendencia, surge la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), integrada por organizaciones de juristas y abogados, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) o la Comisión Legal Sol; de periodistas, como la Federación de Sindicatos de Periodistas; por medios como ElDiario.es, 20minutos, la agencia Disopress, o la revista Mongolia; asociaciones de consumidores como la OCU y CEACCU; profesores de universidad y grupos de investigación como Manuel Sánchez de Diego (UCM), Manuel Maroto (UCLM) o el grupo sobre redes tecnopolítica de la UOC; y periodistas, cineastas y abogados como Mario Tascón, Virginia Pérez Alonso, Juan Luis Sánchez, Stéphane M. Grueso o Carlos Sánchez Almeida.

Entre las actividades que la PDLI tiene previsto realizar destacan el seguimiento y difusión de los ataques a la libertad de expresión, tanto contra periodistas y medios, como contra activistas, movimientos sociales o ciudadanos.

La PDLI también promoverá campañas para reaccionar a proyectos de ley restrictivos de las libertades de expresión e información, y pondrá en marcha acciones de formación, dirigidas tanto a periodistas como a activistas y movimientos sociales, para un ejercicio "seguro" de ambos derechos.

Sitio web: http://www.libertadinformacion.cc

En Twitter: https://twitter.com/PDLI_

En Facebook: https://www.facebook.com/pdlinformacion?ref=hl


Cómo abusar de la Ley de Propiedad Intelectual

19.11.2014 | por: Carlos Sánchez Almeida

A principios del próximo mes de enero entrará en vigor la mayor parte de la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Este artículo no pretende en absoluto revisar todos los cambios que establece la nueva ley, limitándose únicamente a la posible utilización práctica, por cualquier ciudadano, de la reforzada Comisión de Propiedad Intelectual que se regula en el artículo 158 ter del nuevo texto legal.

Como ya expliqué en anteriores artículos, el procedimiento se puede iniciar contra cualquier vulneración de derechos de propiedad intelectual en internet. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, conocida popularmente como Comisión Sinde, podrá adoptar todo tipo de medidas para interrumpir la difusión de obras protegidas, como ordenar el cierre de la web al infractor o a su proveedor de hosting, cortar su financiación publicitaria y sus medios de pago, bloquear su acceso desde España, cancelar su dominio .es, o imponer multas de 600.000 euros en el supuesto de que no se retiren los contenidos infractores.

A tenor de las declaraciones oficiales, el objetivo fundamental de la ley son las llamadas webs de enlaces, pero la redacción de la norma legal permite que cualquier ciudadano titular de derechos de autor pueda acudir al procedimiento que regula e instar medidas contra quien abuse de su propiedad intelectual. Y ello puede tener consecuencias indeseadas para los poderes económicos y mediáticos que han impulsado la aprobación de la reforma.

Imaginemos que es usted un periodista freelance, o aún más sencillo, un simple ciudadano comprometido con su tiempo, que se ha dedicado en los últimos años a fotografiar y grabar en vídeo diversos acontecimientos, subiendo a la red las obras fotográficas y videográficas resultantes de tal actividad. Imaginemos también que en ocasiones, tales fotografías o vídeos han aparecido en medios de comunicación lucrativos sin que usted haya dado autorización alguna para ello. Enhorabuena, es usted una víctima de la piratería: ha llegado el momento de resarcirse.

Seguramente indignado por ver aparecer sus fotografías en periódicos que se encuentran en las antípodas de sus convicciones ideológicas, o sus vídeos en televisiones comerciales que atribuyen la autoría a YouTube o incluso a Internet, usted se ha informado de los derechos que le asistían. Muy probablemente habrá desistido de presentar demanda frente a grandes medios, ante la desproporción económica con sus posibles adversarios y el riesgo de tener que hacer frente a honorarios de abogados, procuradores, así como diferentes tasas y costas judiciales. Enhorabuena de nuevo: ha llegado el momento de la venganza.

En la Comisión de Propiedad Intelectual están deseando ayudarle. Por un coste mínimo, sin necesidad de abogados, costas ni tasas judiciales, usted puede conseguir el cierre de ese periódico que tanto le molestaba y que últimamente, además, le estaba robando. Basta que siga los siguientes pasos.

En primer lugar, ponga a Google a trabajar para usted. Dedíquese a buscar todos los sitios donde han aparecido sin autorización sus fotografías y vídeos. Seleccione aquellos medios de mayor potencia económica, y recopile todas las direcciones de internet donde aparecen sus fotografías y vídeos sin autorización. Acto seguido, levante acta de tales vulneraciones de derechos, ante notario, tercero de confianza o mediante acta de navegación (hay excelentes servicios online para ello). Una vez tenga a buen recaudo las pruebas de la actividad ilícita, dirija un correo electrónico al medio de comunicación correspondiente, diciéndole que si no quitan su obra, usted se encargará de borrarlos de internet. Cuanto más antipático sea su correo, mejor: así se asegura de que no le hacen caso y será peor para ellos.

Deje pasar tres días. Compruebe que no le han hecho caso, y que su enemigo sigue publicando su obra sin pagarle nada. Acto seguido, conéctese a la sede electrónica de la Comisión de Propiedad Intelectual y denuncie los hechos. A partir de ese momento, siéntese a disfrutar: va a contemplar a la inmensa maquinaria de la Administración del Estado trabajando para usted.

Cuando aparezca el director del medio de comunicación pirata llorando, diciendo que ha tenido que despedir a sus trabajadores porque le cerraron el dominio .es, le echaron de su proveedor de hosting, le cortaron la financiación publicitaria y le multaron con 600.000 euros, no le haga mucho caso. Especialmente si se llena la boca de censura y libertad de expresión, cosas que como usted bien sabe, nada tienen que ver con la propiedad intelectual.

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo


'Ningún contrato puede incluir una cláusula que entre en colisión con un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión'

31.10.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 SIERO
SENTENCIA: 00130/2014
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000513 /2013

 

 

SENTENCIA N.º 130/14


En Siero, a veintiocho de octubre de dos mil catorce.


D. Eduardo González Martín-Montalvo, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Siero, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina del Decanato y tramitados en este Juzgado con el n.º 513/2.013, sobre protección del derecho al honor, instados por D. J.A.P.R., representado por el procurador D. Emilio Solís Rodríguez y defendido por el letrado D. Jorge Álvarez Merediz, frente a D. J.G.R.C., representado por la procuradora D. ª Miriam Menéndez Díaz y defendido por el letrado D. José Manuel Fernández González, y frente a “WEBLOGS, S.L.” representada por la procuradora D. ª Inés Blanco Pérez y bajo la dirección letrada de D. Carlos Sánchez Almeida, siendo parte el Ministerio Fiscal, teniendo en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de noviembre de 2.013 fue presentada en el Decanato y turnada a este Juzgado demanda ajustándose a las prescripciones legales. Por Decreto de 20 de enero de 2.014 fue admitida a trámite y se dio traslado de la misma a los demandados y al Ministerio Fiscal para que contestasen en el plazo legal de 20 días, lo que hicieron oponiéndose a ella.
Se convocó a las partes a la audiencia previa, prevista en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), que se celebró el día 11 de junio de 2.014, con el resultado que consta en la grabación, solicitándose el recibimiento del pleito a prueba, acordándose éste y proponiéndose por las partes la que consta en dicha acta, admitiéndose las declaradas pertinentes y señalándose fecha para el juicio.

SEGUNDO.- El pasado 22 de octubre de 2014 se celebró el juicio, con la finalidad y contenido previsto en los artículos 431 y 433 de la LEC, con el resultado que consta grabado.

TERCERO.- Practicadas en dicho acto las pruebas admitidas y declaradas pertinentes, se concedió la palabra a las partes, por su orden, para conclusiones, dándose por terminado el acto, quedando los autos y el disco de la grabación en poder del Juzgador para dictar sentencia dentro del plazo legal.

CUARTO.- Se ha respetado y concluido la tramitación ordinaria prevista en la Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita el demandante acción por la que, al amparo de los artículos 18 y 24 de la Constitución y en consonancia con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, suplica que se declare la existencia de una intromisión en el derecho al honor y la propia imagen del actor, se declare el incumplimiento del contrato por parte del Sr. G.R.C. y una violación de la ley de protección de datos, se condene a los demandados a abonar al actor la cantidad de 798 euros, más la de 24,20 euros por día hasta la retirada de todo comentario sobre la persona del actor, se condene al Sr. G.R.C. a publicar una retractación y a la empresa codemandada a publicarla y se condene a los demandados a satisfacer una indemnización por daño moral en la cantidad que se concrete en ejecución de sentencia y la indemnización que legalmente proceda, todo ello con expresa imposición de las costas procesales.
Basa sus pretensiones el demandante en la publicación por el demandado en un foro de la página web “XakataMovil.com”, gestionada por la empresa codemandada, de una serie de afirmaciones sobre su persona y empresa cuyo contenido difamatorio supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de éste.
Se oponen los demandados que básicamente niegan la existencia de intromisión en el derecho al honor.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, en fase de conclusiones, asume y se adhiere a la posición y las tesis de los demandados.
SEGUNDO.- Lo primero que debe dilucidarse es si en este caso existe una intromisión en el derecho al honor. Debe empezar por resaltarse la deficiente técnica en la redacción de la demanda que mezcla conceptos indemnizatorios y ni siquiera destaca con claridad las presuntas expresiones ofensivas. Sea como fuere, lo cierto es que debemos acudir, a la vista de la existencia de una colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión a la jurisprudencia que perfila los contornos de tal conflicto. En este sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2013, que a propósito del conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor recoge: “1.- El artículo 20.1.a ) y d) de la Constitución reconoce como derecho fundamental el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 de la Constitución reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.
La libertad de expresión , reconocida en el artículo 20 de la Constitución , tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información ( SSTC 104/1986, de 17 de julio , y 139/2007, de 4 de junio ), porque no comprende como esta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo. No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero , FJ 2, 77/2009, de 23 de marzo , FJ 3).

2.- El artículo 18.1 de la Constitución garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 de la Constitución . El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero , FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7).
La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una trasgresión del derecho fundamental ( sentencias de 15 de diciembre de 1997, recurso núm. 1/1994 ; 27 de enero de 1998, recurso núm. 471/1997 ; 22 de enero de 1999, recurso núm. 1353/1994 ; 15 de febrero de 2000, recurso núm. 1514/1995 ; 26 de junio de 2000, recurso núm. 2072/1095 ; 13 de junio de 2003, recurso núm. 3361/1997 ; 8 de julio de 2004, recurso núm. 5273/1999 y 19 de julio de 2004, recurso núm. 3265/2000 ;
19 de mayo de 2005, recurso núm. 1962/2001 ; 18 de julio de 2007, recurso núm. 5623/2000 ; 11 de febrero de 2009, recurso núm. 574/2003 ; 3 de marzo de 2010, recurso núm. 2766/2001 y
29 de noviembre de 2010, recurso núm. 945/2008 ).
Obviamente, no toda crítica o información sobre la actividad laboral o profesional de un individuo constituye una afrenta a su honor personal. La protección del artículo 18.1 de la Constitución solo alcanza a aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido ( STC 180/1999 , FJ 5).


3.- El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información. La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión o de información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos, que debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( sentencias de 12 de noviembre de 2008, recurso núm. 841/2005 ; 19 de septiembre de 2008, recurso núm. 2582/2002 ; 5 de febrero de 2009, recurso núm. 129/2005 ; 19 de febrero de 2009, recurso núm. 2625/2003 ; 6 de julio de 2009, recurso núm. 906/2006 ; 4 de junio de 2009, recurso núm. 2145/2005 ; 22 de noviembre de 2010, recurso núm. 1009/2008 ; 1 de febrero de 2011, recurso núm. 2186/2008 ).
Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

4.- Cuando entra en juego el derecho a la libertad de expresión , que es el invocado en este proceso, la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.
Desde este punto de vista, la ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostenta los derechos a la libertad de información y de expresión sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( sentencia de esta Sala de 11 de marzo de 2009, recurso núm. 1457/2006 );
(ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresión , según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre , F. 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática» ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43 ).
5.- La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión tomando en consideración las circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado.

Desde esta perspectiva, (i) por una parte, la ponderación debe tener en cuenta si la crítica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, pues entonces el peso de la libertad de expresión es más intenso, como establece el artículo 8.2.a) de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor , a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en relación con el derecho a la propia imagen, aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la sentencia de esta Sala de 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la «proyección pública» se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias; por otra parte, según la jurisprudencia que antes se ha citado, tratándose del prestigio profesional debe examinarse si el ataque reviste un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental; (ii) la protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, F. 2 ; 134/1999, de 15 de julio, F. 3 ; 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 11/2000, de 17 de enero, F. 7 ; 110/2000, de 5 de mayo, F. 8 ; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 7 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5 ; y 148/2001, de 15 de octubre , F. 4, SSTC 127/2004, de 19 de julio , 198/2004, de 15 de noviembre , y 39/2005, de 28 de febrero ). En relación con ese último punto, de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables. El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor , a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor.
La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política, y así lo viene reconociendo esta Sala, entre otras, en las sentencias núm. 13/2009, de 26 de enero de 2010 (en la que se relaciona a un partido político con un grupo terrorista); 303/2010, de 13 de mayo (se critica una actuación política del partido de la oposición); 685/2010, de 5 de noviembre de 2010 (referida a imputaciones hechas al alcalde por el partido de la oposición en un boletín popular); 754/2010, de 1 de diciembre (discusión política).
Sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al ámbito estricto del ágora política, sino que la jurisprudencia viene aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. Así, las sentencias de esta Sala núm. de 850/2010, de 22 de diciembre (en el contexto de la dialéctica sindical); 800/2010, de 22 de noviembre (sobre imputación a un concejal de delito de estafa y falsificación documental que luego es absuelto); 60/10 bis, de 9 de febrero y 255/2010, de 21 de abril (en conflicto laboral); 199/2009, de 18 de marzo (confrontación en ámbito de periodismo futbolístico). “


TERCERO.- Descendiendo al presente supuesto, la valoración de la prueba practicada conduce necesariamente a la desestimación de la demanda. En efecto, en el presente caso lo que se advierte es la discusión en un foro de Internet entre el demandante y el demandado sobre la compra de un teléfono móvil. En ese contexto de disconformidad, sin que resulte acreditado que el teléfono móvil era conforme a lo contratado (es significativo el silencio que sobre la materia guarda el actor en su declaración) se vertieron una serie de expresiones que no son objetivamente injuriosas en la gravedad e intensidad necesarias para constituir una intromisión ilegitima en el derecho al honor.
Lo primero que llama la atención y que revela por sí la insignificancia de la conducta es la dificultad de advertir las expresiones objetivamente hirientes u ofensivas. En la documentación adjuntada a la demanda éstas no se aprecian y tan sólo el reconocimiento del demandado cuando a preguntas del letrado del actor admite haber empleado los términos “gentuza”, “impresentables” o “tipejos”, permite al demandante sostener en fase de conclusiones su argumentación. Pues bien, si se lee detenidamente la conversación cibernética se advierte con plena claridad la ausencia de un ánimo específico de vilipendio en el actor que simplemente da cuenta y critica un servicio profesional prestado que entiende deficiente. Y en ese contexto puede emplear los términos relatados que en modo alguno, analizadas las circunstancias concurrentes, poseen entidad suficiente para estimar vulnerado el derecho al honor. No puede desconocerse que el propio actor también en su contestación a los comentarios emplea un lenguaje subido de tono, llegando a realizar un juego de palabras con el apellido del demandado. En este contexto de critica profesional, en el marco de una discusión, el empleo recíproco de expresiones que pudieran resultar hirientes no goza de significación suficiente para la vulneración del derecho al honor, que en todo caso es siempre de menor entidad que el de la libertad de expresión, garantía de una verdadera sociedad democrática. Si ponderamos los derechos en conflicto conforme a los parámetros antes apuntados, resulta de modo indubitado la prevalencia en este supuesto del derecho a la libertad de expresión y crítica.

Por otra parte, el honor como bien personalísimo no puede ser objeto de cesión y en este caso la conversación y la identificación del destinatario del supuesto derecho al honor es una empresa cuya relación con el actor éste no acredita fehacientemente.

En suma, que analizadas las circunstancias, la discusión recíproca, la levedad de las expresiones (no son insultos como tales), la crítica justificada que excluye cualquier ánimo específico de ultraje, no puede entenderse vulnerado el derecho al honor, como tampoco se advierte en los demandados incumplimiento alguno del contrato ni infracción de la ley de protección de datos. Ningún dato de carácter personal se refleja, lo que sí hace el actor en cambio, y ningún contrato puede incluir una cláusula que entre en colisión con un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión.

Por todo lo anterior, procede la desestimación de la demanda.

 

CUARTO.- De conformidad con el principio del vencimiento
objetivo consagrado en el artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas al actor al ser rechazadas todas sus pretensiones

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


DESESTIMO la demanda interpuesta por D. J.A.P.R., representado por el procurador D. Emilio Solís Rodríguez, frente a D. J.G.R.C., representado por la procuradora D. ª Miriam Menéndez Díaz, y frente a “WEBLOGS, S.L.” representada por la procuradora D.ª Inés Blanco Pérez, siendo parte el Ministerio Fiscal, y ABSUELVO a éstos de todas las peticiones efectuadas en su contra, imponiendo al actor las costas de este procedimiento.


Dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese testimonio a las actuaciones e incorpórese ésta al Libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado que la ha dictado, estando celebrando Audiencia pública el mismo día de su fecha.


Nueva socia de Bufet Almeida. Nuevo despacho en Madrid.

06.10.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

Tras más de diez años vinculada al despacho como colaboradora independiente, la letrada Yolanda Alba Cervera se ha incorporado a la firma en calidad de socia y administradora. Sus principales especialidades son la legislación marcaria y de propiedad industrial, así como la protección de datos de carácter personal.

Al mismo tiempo, Bufet Almeida ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la letrada Dulce Acero Barrado, con despacho en Madrid, calle Ferraz, 19, 1º derecha, y teléfono 91 222 69 93.


El abogado Javier Maestre abre despacho independiente

01.10.2014 | por: Javier Maestre Rodríguez

Tras más de 10 años compartiendo junto con los compañeros de Bufet Almeida la aventura y experiencia del desarrollo profesional conjunto, Javier Maestre decide ejercer su actividad profesional de forma autónoma para fundar su propio despacho.

Ha sido más de una década aunando esfuerzos para defender los intereses de nuestros clientes y el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país y es seguro que ambos seguirán comprometidos en dicha tarea y colaborando junto a otros muchos profesionales en la consecución de estos objetivos.

A partir del 1 de octubre, podrán contactar con el despacho de Javier Maestre en la dirección contacto@maestreabogados.com, o a través de la URL: http://www.maestreabogados.com.

 


Auto de sobreseimiento libre del caso de Menéame y el blog 'Los trolls del ciberespacio'

30.09.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

JUZGADO DE INSTRUCCION
NUM.12
BARCELONA


PROCEDIMIENTO : Previas nº 1112/2014-S2


AUTO DE SOBRESEIMIENTO LIBRE

En Barcelona, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce.

Dada cuenta, por evacuedo el traslado conferido a la representación procesal del querellado Sr. P. y presentado escrito de alegaciones, únase y dése vista a las demás partes personadas, y por presentado escrito por la Procuradora de los Tribunales Dª A.F.M., en nombre y representación del querellante D.V.C., únase e igualmente dése vista a las demás partes, y

HECHOS

UNICO.- Por la representación procesal de Menéame Comunicacions, S.L. y otros, se interesó mediante escrito de fecha 2/06/2014 el sobresimiento libre respecto de Menéame Comunicacions, S.L. y de los querellados R.A.G.G., J.B.V.G., J.P.L.C. y D.A.S., en base a las alegaciones que en el referido escrito se contienen, las cuales se tienen aquí por reproducidas.

La Letrada de G.F.M.P. tras el traslado conferido a la misma a propósito de la solicitud realizada, se mostró conforme con la misma, interesando a su vez el sobreseimiento libre y archivo respecto del Sr. P.


FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En primer término y en aras a los argumentos expuestos por la representación de Menéame Comunicacions, S.L. y de los querellados Sres. G., V., L. y A., no puede esta instructora sino estar conforme con las alegaciones que fundamentan la solicitud peticionada, habida cuenta que Menéame Comunicacions S.L. no es un medio de comunicación sino un agregador de contenidos de internet, no publicando noticias ni reportajes propios, sino enlaces a noticias de medios ajenos.

Por otra parte, los enlaces a noticias que suben a portada de Menéame Comunicacions S.L. son aportados y votados por sus usuarios, sin intervención de los gestores del sitio, como ocurre en otras redes sociales.

En Menéame Comunicacions S.L. no se publicó el artículo de autos, como tampoco el nombre del querellante, tan solo se enlazó. La responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación en Internet viene establecida por una Directiva Comunitaria (Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8/06/2000), donde viene a señalarse que dichos prestadores de servicios de intermediación no son responsables de la información transmitida, almacenada o enlazada a petición de los usuarios, salvo que tengan conocimiento efectivo de la comisión de un hecho delictivo, lo que no acontece en el supuesto de autos.


SEGUNDO.- Los datos personales del querellante que se mencionan en el Blog 'Los trolls del ciberespacio' son datos publicados por el propío qunellante en sus páginas web y en sus propios blogs.

Tal como expone d querellado Sr. P. en su declaración, el blog 'Los trolls del ciberespacio' fue creado por aquel en el año 2005, con el fin de que los internautas puedan conocer a los trolls más conocidos en Internet, no haciendo referencia a información alguna de carácter personal por cuanto el objetivo no es atacar a la persona, sino evitar que se pierda tiempo con el personaje.

Por otra parte, el término troll utilizado, no reviste carácter ofensivo, obedeciendo únicamente a una conducta de ciertos internautas y que se aplica por extensión a la persona que lo practica, de allí que no revista carácter injurioso.

En cuanto a los supuestos comentarios en torno a la salud mental del querellante, el querellado Sr. P. publicó enlaces a determinadas páginas web en las que el querellante copiaba y pegaba sus posts, sin que resulte que dicho querellado realizara comentario alguno al respecto.

Que de todo lo actuado se desprende que los hechos investigados no son constitutivos de infraccíón penal, por ello es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 779.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones, previsto en el art. 637.2 del mismo Texto Legal.

Visto lo expuesto y los preceptos legales de aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta el SOBRESEIMIENTO LIBRE de las presentes actuaciones, previsto en el nº 2 del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal. Cúmplase lo establecido en el nº 1 del artículo 779 de la referida Ley, y una vez sea firme archívense estas actuaciones sin más trámite, dejando nota bastante.

Lo manda y firma la Ilma. Sra. Dª. MARIA DEL CARMEN SUAREZ VAZQUEZ, Magistrada-Juez de Instrucción de este Juzgado. Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.

 

 

 

 

 


Ley Sinde: procedimiento nulo de pleno derecho

01.09.2014 | por: Carlos Sánchez Almeida

El pasado 22 de julio la Audiencia Nacional dictó una sentencia de capital importancia para la aplicación práctica de la Ley Sinde, declarando nulo de pleno derecho el procedimiento seguido contra la página Quedelibros.com, al tiempo que condenaba en costas a la Administración del Estado. La sentencia, de extensos razonamientos jurídicos, está publicada online. Si la prosa jurídica no es del gusto del lector, también disponen de un excelente resumen de la misma en la noticia que publicó este periódico el día 1 de agosto.

¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la sentencia? De momento debemos ser prudentes: el Abogado del Estado puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque debemos recordar que el alto tribunal ya anuló parcialmente el reglamento que regula el procedimiento de la Ley Sinde. Los argumentos de la Audiencia Nacional son sólidos, por lo que no es muy aconsejable un recurso que malgaste los impuestos de los contribuyentes, que son en última instancia los perjudicados por los errores de la Administración del Estado.

Lo triste del caso es precisamente que quien inició el procedimiento, la entidad de gestión CEDRO, no ha de asumir responsabilidad alguna por su actuación. Como nos hartamos de explicar durante la tramitación parlamentaria, la Ley Sinde pone el Estado al servicio de intereses privados, contraviniendo todos los principios jurídicos que deben regir la actuación de las administraciones públicas, las cuales solo deberían intervenir para la defensa de intereses colectivos. Si el procedimiento de censura consigue sus objetivos -que no son otros que la destrucción de bibliotecas- a CEDRO le sale gratis. Y si pierde, como ha sido el caso, las costas las paga el Estado: es decir, usted y yo, los que con nuestros impuestos pagamos los sueldos de los funcionarios de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Pero sigamos analizando la sentencia, y en especial sus últimos párrafos, donde está el meollo del asunto. La página Quedelibros.com es un simple prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información: no aloja obra alguna, sino que simplemente informa sobre libros que los usuarios de internet comparten entre ellos. Pese a que la Comisión de Propiedad Intelectual fue informada puntualmente de que la obra La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, no estaba alojada en Quedelibros, sino en Labuenaletra.es, una web que según su homepage es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Concejalía de Cultura de tal ciudad, la Sección Segunda decidió dirigir el procedimiento exclusivamente contra los intermediarios, dejando al margen a quien realmente alojaba la obra.

La Audiencia Nacional considera que el procedimiento de la Ley Sinde no se puede dirigir exclusivamente contra intermediarios, sino que necesariamente debe dirigirse contra los prestadores de servicios de la información que ofrezcan obras protegidas, y por eso declara la nulidad del procedimiento. Las consecuencias de este fallo judicial pueden provocar un efecto dominó, porque tan intermediarios son las páginas de enlaces como los proveedores de hosting: en rigor jurídico, solo deberían ser responsables quienes suben las obras a internet. Pero eso ya será otra guerra.

Cabe añadir que mientras se dictaba esta sentencia, la Comisión de Propiedad Intelectual iniciaba otro procedimiento contra Quedelibros, cuyos responsables deben tener la sensación de estar sometidos a acoso permanente. En el nuevo procedimiento hemos explicado a la Sección Segunda que en Quedelibros no hay enlaces, limitándose a servir de lugar de encuentro para que los usuarios se informen entre sí mediante correos electrónicos protegidos por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones. Ya veremos si nos escuchan: quien dispara cañonazos con pólvora del rey no acostumbra a tener buen oído.

No sé qué pensará de todo esto Carlos Ruiz Zafón. A título personal solo puedo decir que defender bibliotecas frente a las antorchas de los inquisidores fue la principal razón por la que me embarqué personalmente en la lucha contra la Ley Sinde. La cultura, desde tiempos ancestrales, no es otra cosa que el conocimiento compartido por los pueblos. Y la cultura viva merece ser defendida, especialmente cuando se aloja en este inmenso cementerio de libros olvidados que llamamos Internet.

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo


La Audiencia Nacional declara nulo de pleno derecho un procedimiento de la Ley Sinde

27.08.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

A U D I E N C I A   N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN PRIMERA


Núm. de Recurso: 0000155/2013
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 06849/2013
Demandante: N.R.A.
Procurador: MERCEDES CARO BONILLA
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
Abogado Del Estado


Ponente IImo. Sr.: D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ

 

S E N T E N C I A Nº:

 


IImo. Sr. Presidente:
D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH

Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. LOURDES SANZ CALVO
D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ
D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO

 

Madrid, a veintidos de julio de dos mil catorce.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número 155/13, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Mercedes Caro Bonilla, en nombre y representación de la mercantil de DOÑA N.R.A., contra la resolución de 6 de septiembre de 2012 de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre salvaguardia de derechos de propiedad intelectual en Internet. Ha sido parte LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso quedó fijada en indeterminada.


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Admitido el recurso en la Sección Sexta de esta Sala y previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado a la parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el día 4 de marzo de 2013 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó solicitando que se dictara sentencia estimatoria del recurso anulando el acto impugnado en el presente recurso.


SEGUNDO.- Por providencia de 9 de abril de 2013 de la Sección Sexta de esta Sala se remitieron las actuaciones a esta Sección al ser la competente para conocer el recurso contencioso-administrativo según las normas de reparto. Recibidas las actuaciones se dio traslado de la demanda a la parte demandada para que la contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó mediante el pertinente escrito, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, solicitando la desestimación del recurso, y que se declarara la plena adecuación a derecho del acto administrativo impugnado.


TERCERO.- Mediante Auto de 1 de octubre de 2013 se denegó el recibimiento del recurso a prueba, no siendo recurrido por las partes, concediéndose el plazo de diez días a las partes para la formulación de conclusiones, y, presentados los correspondientes escritos, quedaron los autos conclusos para sentencia, señalándose para votación y fallo 29 de enero del presente año. Mediante providencia de igual fecha se dejó sin efecto el señalamiento, a fin de que se aportara por la actora el acta notarial otorgada el 20 de junio de 2012. Una vez aportada se concedió cinco días al Abogado del Estado para que presentara alegaciones, no presentando escrito alguno, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, que fue señalado para el día 3 de junio del año en curso, cuya deliberación continuó en sucesivos días. Mediante providencia, con fundamento en el art. 33 de la Ley de la Jurisdicción, se concedió el plazo común de diez días a las partes para que alegaran sobre si el procedimiento previsto en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, podía no ser dirigido contra los responsables de servicios de la sociedad de información, y sí contra los prestadores de servicios de intermediación. Solamente se presentó escrito de alegaciones por la parte actora, señalándose nuevamente para votación y fallo para el día 15 de julio del presente año, fecha en que tuvo lugar.


SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don Fernando de Mateo Menéndez.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- La demandante impugna la resolución de 6 de septiembre de 2012 de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre salvaguardia de derechos de propiedad intelectual en Internet.

Con fecha 5 de marzo de 2012 se presentó la solicitud del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) de iniciación del procedimiento de salvaguardia de derechos de propiedad intelectual del titular de las obras “La sombra del viento”, “Tengo ganas de ti”, “Venganza en Sevilla” y “El ángel perdido”, frente a su vulneración por los responsables de los servicios de la información. Con fecha 12 de junio de 2012 la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual acordó el inicio del procedimiento contra 10DENCEHISPAHARD, S.L., como responsable del servicio de la sociedad de la información www.linksole.com, y contra el prestador de servicios intermediación de la sociedad de la sociedad anteriormente reseñada, que es la aquí demandante como responsable de la página www.quedelibros.com.

La resolución recurrida de 6 de septiembre de 2012, se declaró a los solos efectos del art. 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, a 10DENCEHISPAHARD, S.L., responsable de una vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra “La sombra del viento” de Carlos Ruiz Zafón, disponible en su página de Internet www.linksole.com, y se le ordenaba la retirada de los contenidos que vulneraban derechos de propiedad intelectual, debiendo dar cumplimiento a la misma en el plazo de 24 horas desde su notificación. Asimismo, se debía abstener de ofrecer sin autorización las otras obras objeto del expediente, “Tengo ganas de ti” de Federico Moccia, “Venganza en Sevilla” de Matilde Asensi y “El ángel perdido” de Javier Sierra, en el futuro.

Se añade en la citada resolución en relación con la aquí actora lo siguiente: “Asimismo, para el caso de incumplimiento por parte del responsable del servicio de la sociedad de la información de la orden de retirada dentro del plazo de 24 horas señalado en el párrafo anterior, se considera que es necesario que el servicio de intermediación ofrecido por la misma Dª. N.R.A. con NIF X como responsable de la página www.quedelibros.com, identificado en los antecedentes de hecho, proceda a eliminar permanentemente cualesquiera enlaces e instrumentos análogos de localización en su página www.quedelibros.com a las obras arribas señaladas disponibles, siempre que continúen ofreciéndose en vulneración de los derechos de propiedad intelectual”.

Interpuesto recurso de reposición contra la anterior resolución por 10DENCEHISPAHARD, S.L., fue estimado mediante resolución de 12 de febrero de 2013, al apreciarse que dicha sociedad no ostentaba la condición de titular de la página web www.linksole.com, manteniéndose el resto del contenido de la resolución de 6 de septiembre de 2012.


SEGUNDO.- La actora alega, en síntesis, los siguientes motivos de impugnación: a) nulidad del procedimiento por no haberse dirigido el mismo contra el responsable del sitio de Internet www.labuenaletra.es, que es donde se hospeda la obra literaria en cuestión; b) ausencia de responsabilidad por inexistencia de enlaces. El contenido de la página www.quedelibros.com es una recopilación de direcciones sobre los lugares donde encontrar libros online, no existiendo enlaces directos a la obra “La sombra del viento” sino una simple información, y ello se constata con el acta notarial otorgada el 20 de junio de 2012; c) ausencia de responsabilidad como prestador de servicios, tal y como se dice en Sentencias de las Audiencias Provinciales en relación con el art. 17 del Texto Refundido de la Propiedad Intelectual, en las que se declara que la actividad de enlazar en Internet, no constituye reproducción, distribución, comunicación ni puesta a disposición de obra intelectual alguna, y también en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010; y d) inexistencia de ánimo de lucro, requisito exigido en el art. 17.2 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, ya que la parte denunciante, CEDRO, no acreditó perjuicio alguno y la actora no se ha lucrado ni beneficiado con las obras citadas por CEDRO.

Por su parte, el representante legal de la Administración alega la falta de legitimación activa de la actora, ya que dado que www.linksole.com procedió dentro del plazo establecido a la retirada de la obra objeto del procedimiento de su página, no fue necesario proceder a requerir el cumplimiento de la medida de ejecución de eliminación de instrumentos de localización en www.quedelibros.com prevista en la resolución impugnada, puesto que la citada resolución solamente afectaba a la demandante en el caso de que la obra intelectual cuyos derechos se vulneraban no fuera retirada en el plazo establecido.


TERCERO.- Debemos partir que la Comisión de Propiedad Intelectual es un órgano administrativo colegiado de ámbito nacional, creado al amparo de lo dispuesto en el art. 158 de la Ley de Propiedad Intelectual tras la reforma mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Esta Comisión, que se compone de dos Secciones, tiene asignadas funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual. La Sección Primera ostenta la competencia en lo primero, es decir, en materia de mediación y arbitraje. Y la Sección Segunda, cuyas funciones son las que ahora se impugnan, se encarga de la indicada salvaguarda de los derechos en el ámbito de la propiedad intelectual.

En concreto, en lo que aquí nos interesa, el apartado 4 del citado art. 158 establece:“Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información.
La Sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.
Antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de Propiedad Intelectual.
Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La Comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento. En todo caso, la ejecución de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes.
La Sección, bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia.
Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, que se iniciará siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio y en el que serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 135 de la Ley 30/1992, estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y demás previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de resolución en el plazo reglamentariamente establecido tendrá efectos desestimatorios de la solicitud. Las resoluciones dictadas por la Comisión en este procedimiento ponen fin a la vía administrativa”.

El citado precepto se desarrolló por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Entre las funciones de la Sección Segunda de la Comisión se encuentran la adopción de las medidas para el restablecimiento de la legalidad, y que son la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual, y la retirada de los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

El procedimiento que se regula tiene como finalidad el restablecimiento de la legalidad, compatible con las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que sean procedentes tal y como se señala en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual. Como se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2013 -recurso nº. 185/2012-, que tenía por objeto la impugnación del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no estamos “ante una regulación propia del derecho sancionador, sino únicamente ante el restablecimiento de la legalidad en internet frente a los embates contra la propiedad intelectual. No se trata, por tanto, del ejercicio del "ius puniendi" del Estado, sino de reponer las cosas a su situación legal, cuando dicha legalidad ha sido conculcada por los responsables de los servicios de la sociedad de la información. De modo que si no se trata de una regulación de carácter sancionador mal puede exigirse, en consecuencia, la observancia de los principios y garantías del Título IX de la Ley 30/1992”.


CUARTO.- Una vez delimitada sucintamente la naturaleza del procedimiento que nos ocupa, comenzaremos por analizar la causa de inadmisibilidad suscitada por el representante legal de la Administración basada en la falta de legitimación activa de la actora, debido a que de la página web se retiraron los contenidos en cuestión, y la resolución recurrida solamente afectaba a la demandante en el caso de que la obra intelectual cuyos derechos se vulneraban no fuera retirada en el plazo establecido.

El art. 19.1.a) de la Ley de la Jurisdicción acepta la legitimación de las personas que ostenten un derecho o interés legítimo. Como se declara en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2008: <<No está de más recordar que es consustancial a nuestro sistema distinguir entre la legitimación para el proceso que exige reunir las cualidades necesarias para comparecer ante los tribunales y la legitimación para un asunto concreto.
Esta última requiere para que la pretensión procesal pueda ser enjuiciada en cuanto al fondo y para que la oposición y las excepciones a la misma puedan hacerse valer, que las partes ostenten legitimación procesal. Ello significa que se encuentren en una determinada relación con el objeto del litigio en virtud de la cual dichas personas sean las llamadas a ser partes (activa o pasiva) en el proceso de acuerdo con los criterios para el reconocimiento del derecho a impetrar la tutela judicial establecidos en la ley según los distintos órdenes jurisdiccionales.
La legitimación activa es una relación fijada por la ley entre una persona física o jurídica y el contenido de la pretensión necesaria para que aquélla pueda ejercitarla ante los tribunales de justicia.
En el orden contencioso-administrativo la legitimación activa se defiere, según una consolidada jurisprudencia de este tribunal, en consideración a la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de suerte que, de estimarse ésta, se produzca un efecto positivo o beneficio o la eliminación de un efecto negativo o perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva.
QUINTO.- El criterio de delimitación de la legitimación fundado en la existencia de un derecho o interés legítimo (art. 19.1.a LJCA 1998), como superador del inicial interés directo (art. 28 LJCA 1956), en el orden contencioso-administrativo ha sido reiteradamente declarado por el Tribunal Constitucional (entre otras SSTC 60//2001, de 29 de enero, 203/2002, de 28 de octubre, y 10/2003, de 20 de enero).
Así la STC 52/2007, de 12 de marzo, FJ 3 nos recuerda que en relación al orden contencioso-administrativo, ha precisado "que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3)".
El máximo intérprete constitucional remarca que el derecho a la tutela judicial efectiva está imponiendo a los órganos judiciales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en la atribución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (STC 73/2004, de 22 de abril, FJ 3 STC 226/2006, de 17 de julio, FJ 2). Mas también ha dicho que el principio "pro actione" no implica, en modo alguno, una relativización o devaluación de los presupuestos y requisitos procesales establecidos por las leyes, ni debe entenderse como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la resolución del problema de fondo de entre todas las posibles (STC 45/2004, de 23 de marzo, FJ 4 y ATC 430/2004, de 12 de noviembre, FJ 4.)>>.

Pues bien, los llamados prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información, tienen en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad la condición de interesados, y así en el art. 17. 3 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, se dice que: “El inicio del procedimiento será notificado al correspondiente prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información como interesado en el mismo y a efectos de tenerle informado de la posibilidad de futuros requerimientos de identificación y de ejecución, en los términos previstos en los artículos 18 y 24”. Conforme a lo expuesto, el citado procedimiento está diseñado para recabar la colaboración de los intermediarios de los servicios de la sociedad de información que resulte necesaria para lograr la tutela eficaz de los derechos de propiedad en cuestión, como se deriva del art. 18 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, que establece en el apartado 1: “1. En los casos en que, al inicio del procedimiento, el responsable del servicio de la sociedad de la información contra el que aquél se dirige no se encuentre suficientemente identificado, la Sección Segunda podrá proceder de acuerdo con lo establecido en los artículos 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y 122 bis, apartado 1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remitiendo de forma inmediata, al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente, solicitud de autorización judicial, para requerir al prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación de dicho responsable, a fin de que, conforme a lo previsto en el artículo 19, pueda serle notificado el inicio del procedimiento empleándose en su caso los boletines oficiales existentes o portales de notificación creados a tales efectos, siempre de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con medios electrónicos conforme a lo previsto en los artículos 25, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para que pueda personarse como interesado en el mismo”. Este deber de colaboración también se contempla en la ejecución acordada jurisdiccionalmente de la resolución que declara a los solos efectos el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual contemplada en el art. 24 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre.

Por otro lado, el hecho, como aduce el Abogado del Estado, de que se retirase de la página web www.linksole.com el contenido objeto del procedimiento, por lo que la resolución recurrida no afectaba ya a la parte actora pues no fue necesario proceder a requerir el cumplimiento de al medida de ejecución de eliminación de instrumentos de localización en www.quedelibros.com, hace que carezca esta de legitimación activa, no es atendible. La declaración que contiene la resolución impugnada en relación con la actora, hay que encuadrarla en que, como hemos reseñado anteriormente, el presente procedimiento es independiente de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes (art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual). Debiendo añadir, que de conformidad con el art. 24.2 del Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, la notificación de la autorización judicial al intermediario tiene importancia a los efectos del ejercicio de las acciones oportunas por los titulares de los derechos vulnerados, cosa que no es el caso, pues a partir de ese momento tiene conocimiento efectivo de la vulneración realizada por el destinatario de sus servicios. Ello hay que conectarlo con los arts. 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Por lo que a partir de la notificación al intermediario de la autorización judicial, los titulares de los derechos de propiedad intelectual pueden ejercer contra aquel las acciones civiles reguladas en la Ley de Propiedad Intelectual para la tutela de los derechos de propiedad intelectual, y así se desprende del párrafo tercero del art. 138 de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece que “tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias”.

Por tanto, procede desestimar la causa de inadmisibilidad opuesta por el Abogado del Estado.


QUINTO.- Seguidamente, abordaremos la cuestión suscitada a las partes por la Sala en el sentido de que el procedimiento del art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, concluyó sin la existencia de un prestador se servicios de la sociedad de información, sino solo con las medidas impuestas al prestador de servicios de intermediación.

Debemos partir que el procedimiento se dirigió contra la entidad 10DENCEHISPAHARD, S.L., prestador se servicios de la sociedad de información, y así concluyó con la resolución de 6 de septiembre de 2012. Pero al presentar dicha sociedad recurso de reposición contra la citada resolución, fue estimado mediante resolución de 12 de febrero de 2013, por el motivo de no ostentar dicha sociedad la condición de titular de la página web www.linksole.com, manteniéndose el resto del contenido de la resolución de 6 de septiembre de 2012. Es decir, solo han quedado en vigor las medidas de carácter subsidiario en relación con la parte aquí actora como responsable de la página www.quedelibros.com.

La cuestión que se planteó a las partes es si el procedimiento administrativo que nos ocupa se puede seguir sin un prestador se servicios de la sociedad de información, sino solamente con la existencia de un prestador de servicios de intermediación. Para ello haremos referencia a que se entiende por dichos conceptos.

Tanto el art. 158 de la Ley de Propiedad Intelectual como el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, hacen referencia a los responsables de los servicios de la sociedad de información. Dicha expresión no aparece en la Ley 34/2002, de 11 de julio, que utiliza la expresión prestador. No obstante, en el Anexo de definiciones de la citada Ley se dice, en relación con los servicios de la sociedad de la información, que son “todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.
El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios”.

Por otro lado, se define prestador de servicio aquella “persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información”, por lo que parece más preciso que la expresión responsable de los servicios de información.

Finalmente, los servicios de intermediación son una categoría de servicios de la sociedad de la información transpuesta por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, de comercio electrónico, como aquel servicio “por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información”. En los arts. 14 y 17 y en el Anexo de la citada Ley 34/2002, de 11 de julio, se dispone que constituyen servicios de intermediación, y, en este último se dice al respecto, que “son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet”.

Así las cosas, hay que determinar si el procedimiento recogido en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, puede dirigirse exclusivamente contra un prestador de servicios de intermediación, tal y como ha acontecido en el caso que nos ocupa. A este respecto, hay que poner de manifiesto que en el recurso de reposición formulado contra la resolución de 6 de septiembre de 2012, la sociedad 10DENCEHISPAHARD dice que no es la titular del dominio www.linksole.com, sino solamente la proveedora de servicios de registro del citado dominio, siendo la titular del mismo la aquí actora, pero en relación con esta alegación la Administración no hizo nada acerca de ello.

El art. 15.3 del Real Decreto 1.889/2002, establece que “el procedimiento podrá dirigirse contra los responsables de servicios de la sociedad de la información sobre los cuales existan indicios de que están vulnerando derechos de propiedad intelectual, cuando en la solicitud de quien inste su inicio se identifique expresamente el contenido ofrecido o al que se facilite el acceso, y siempre que concurran las circunstancias que, según lo dispuesto en el art. 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, permiten a la Sección Segunda adoptar medidas para que se interrumpa la prestación de dichos servicios”. La duda surge al utilizar la expresión “o al que se facilite el acceso”, por lo que pudiera derivarse que el procedimiento, además del responsable del servicio de la información, pudiera dirigirse también a los intermediarios.

Frente a ello, son suficientemente claros los arts. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, en los que se hace referencia exclusivamente a los responsables de servicios de la sociedad de información. Por lo que el procedimiento no puede dirigirse formalmente contra los intermediarios, sin perjuicio de que se pueda exigir a estos últimos determinados comportamientos a fin de asegurar la eficacia de las medidas que finalmente se adopten, como hemos reflejado anteriormente. Eso sí, con carácter subsidiario de la medida de restablecimiento de la legalidad que se imponga al responsable del servicio de la sociedad de información (art. 24.4 del Real Decreto 1.889/2011). Los prestadores de servicios de intermediación no son los que realizan la conducta vulneradora de los correspondientes derechos de propiedad intelectual, pues no ponen a disposición del público las obras protegidas, los que las reproducen o copian, etc… La conducta vulneradora de la legalidad la cometen las personas físicas o jurídicas que proporcionan un servicio de la sociedad de la información, aunque eso sí sirviéndose en mayor o menor medida de los correspondientes servicios de intermediación.

Por tanto, tenemos que llegar a la conclusión que el procedimiento recogido en el art. 158.4 de la Ley de Propiedad Intelectual y desarrollado por el Real Decreto 1.889/2011, de 30 de diciembre, no puede ser dirigido exclusivamente contra los intermediarios, cuando sino que debe estar incurso un responsable del servicio de la sociedad de información.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, el reseñado procedimiento administrativo se ha dirigido exclusivamente contra un prestador de servicios de intermediación, por lo que el procedimiento es nulo de pleno derecho, no resultando necesario entrar a analizar las cuestiones suscitadas por la parte actora.

En consecuencia, procede estimar el recurso contencioso-administrativo.


SEXTO.- A tenor del art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción procede imponer las costas procesales a la parte demandada.


VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Mercedes Caro Bonilla, en nombre y representación de la mercantil de DOÑA N.R.A., contra la resolución de 6 de septiembre de 2012 de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre salvaguardia de derechos de propiedad intelectual en Internet, declaramos la nulidad de la citada resolución por no ser conforme a derecho; con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la misma, a preparar ante esta Sala.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a

LA SECRETARIA JUDICIAL
 


Ley Mordaza: un monstruo jurídico de tres cabezas

15.07.2014 | por: Carlos Sánchez Almeida

El efecto combinado de las próximas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal y Ley de Propiedad Intelectual puede ser devastador para las libertades públicas, tanto en las calles como en las redes.

En los últimos años hemos vivido un progresivo recorte de derechos fundamentales, que ha sido respondido mediante una movilización social sin precedentes, en buena parte alimentada por la interacción entre la acción callejera y el ciberactivismo online. Desde el Pásalo de marzo de 2004, pasando por el activismo por el derecho a la vivienda, la desobediencia civil masiva del 15M, la paralización sistemática de desahucios y las ocupaciones de oficinas públicas y privadas, la última década está salpicada de acontecimientos donde el activismo político no se ha limitado al plano físico, sino que se han nutrido de la comunicación en tiempo real de los activistas facilitada por las nuevas tecnologías telemáticas. Y es contra esa fecunda complicidad de calles y redes contra lo que pretende cargar todo el aparato jurídico del sistema.

Si hay un hilo conductor común entre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal y Ley de Propiedad Intelectual, es precisamente limitar la libre expresión de los ciudadanos, con independencia del medio donde ésta se verifique. El objetivo último es la creación de un gueto informacional que impida de forma efectiva la organización de protestas al amparo de los derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión.

Sin ánimo de resultar exhaustivo, intentaré explicar en próximos párrafos hasta dónde llega la limitación de nuestras libertades, intercalando párrafos concretos de las leyes que pretenden reformarse.

Comencemos por el proyecto de Código Penal, que pretende establecer un nuevo delito en el artículo 559:

"La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año."

Ahora leamos lo que indica el artículo 30.3 del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana:

"A los efectos de esta ley se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas."

Ahora piensen en un escenario habitual en las protestas de los últimos años. Una conocida activista lanza un hashtag por Twitter, convocando a una manifestación no autorizada ante la Delegación del Gobierno. Con la nueva redacción del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, las autoridades pueden intentar responsabilizar a esa activista de los disturbios que se produzcan, exclusivamente por las consignas lanzadas en una red social.

Buena parte de las infracciones recogidas en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana están dirigidas a restringir el derecho de reunión y manifestación. En los artículos 35 y siguientes del proyecto de ley se persiguen todo tipo de manifestaciones, desde las 'no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones' (que pueden ser sancionadas hasta con 600.000 euros de multa), pasando por la negativa a disolver manifestaciones no comunicadas (hasta 30.000 euros de multa), hasta el más mínimo incidente, como "el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos" (multa de hasta 600 euros).

La obsesión gubernamental con el derecho de reunión es absoluta, y sitúa fuera de la ley a acciones de protesta civil pacífica que los jueces han considerado lícitas en innumerables sentencias. Véase en los párrafos siguientes, extraídos de la ley, las nuevas infracciones graves destinadas a colectivos civiles como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los Yayoflautas, a los que se podrá sancionar con hasta 30.000 euros de multa por parar desahucios u ocupar oficinas bancarias:

"4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio."

Pero no solo se criminaliza la desobediencia civil pacífica. También se restringe el derecho a la libre expresión y a recabar pruebas de los excesos policiales, mediante un demencial redactado del artículo 36.26 del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, destinado a impedir que se fotografíe a policías antidisturbios:

"26. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información."

Las reformas proyectadas configuran un panorama desolador para las libertades públicas, pero no vienen solas, sino que por el contrario consolidan una política de censura administrativa de la que fue pionera la norma tristemente conocida como Ley Sinde. La proyectada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que será sometida a votación el próximo día 22 de julio en el Congreso de los Diputados, pretende una nueva vuelta de tuerca al control administrativo de internet, posibilitando el cierre de páginas web sin intervención judicial previa, al convertir a los proveedores de servicios de alojamiento, enlace, publicidad y sistemas de pago en cómplices forzosos de la censura, bajo la coacción de la multa administrativa. Una restricción de libertades destinada a poner la red en estado de excepción, además de gravarla con un nuevo canon destinado a impedir el ejercicio del derecho a enlazar.

Sustituir las garantías del proceso penal por sanciones administrativas tiene tristes antecedentes históricos: era la práctica habitual en regímenes totalitarios. Y evidencia un desprecio absoluto al poder judicial: desde el 15M han sido numerosas las sentencias absolutorias en juicios de faltas seguidos contra los activistas que ejercían la desobediencia civil pacífica. Al despenalizar las faltas, desaparecerán los jueces y las garantías del proceso penal, para ser sustituidos por multas de policías a los que la ley otorgará total credibilidad.

Al censurarnos, el poder demuestra cual es su principal preocupación: la unión de todos los frentes del activismo, de las calles y las redes, en un movimiento político común. Revelando sus temores, el sistema evidencia su principal debilidad: habrá que darle al poder lo que más teme.

 

Documentos:

Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (PDF)

Proyecto de reforma del Código Penal (PDF)

Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (PDF)


Sentencia absolutoria: la creación de un virus no es delictiva si no causa daños ni revela secretos

01.07.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

JUZGADO DE LO PENAL N° 4 ALCALÁ DE HENARES
JUICIO ORAL N ° 435/ 2010

SENTENCIA Nº 238/ 2014

En Alcalá de Henares, a veinticuatro de junio de dos mil catorce

Vistos por Nuria Alcalde Alcalde, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal nº 4 de Alcalá de Henares, los presentes autos de juicio oral n° 435/ 2010 dimanantes de las Diligencias Previas nº 347/2005 del Juzgado deInstrucción nº 4 de Alcalá de Henares, seguidos por A) un delito de descubrimiento de secretos del art. 197-2 del Código Penal, y B) un delito de daños del art. 264-2 del Código Penal, en los que es acusado don X.Y.Z., nacional de España, mayor de edad y sin antecedentes penales, asistidos por el letrado don J. A. Maestre Rodríguez; y ha intervenido el Ministerio Fiscal en la representación que le es propia, se procede a dictar la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Dio lugar a la formación de la causa atestado instruido por la Dirección General de la Guardia Civil, Grupo de Delitos Telemáticos, que motivó la práctica por el juzgado instructor correspondiente de cuantas actuaciones consideró necesarias para la determinación del procedimiento aplicable y preparación del juicio oral, así como en orden a la averiguación y constancia de la perpetración del hecho punible, circunstancias en el mismo concurrentes y culpabilidad de los presuntos partícipes.

SEGUNDO.- El juicio oral se celebró en la fecha señalada en su día para ello, siendo practicadas, con el resultado que es de ver en la grabación, las pruebas acordadas y declaradas pertinentes, con el resultado que obra en la misma

 TERCERO.- A la vista de lo anterior, el Ministerio Fiscal, elevando a definitivas sus conclusiones provisionales, solicitó la condena del acusado como autor: A) un delito de descubrimiento de secretos del art. 197-2 del Código Penal, y B) un delito de daños del art. 264-2 del Código Penal, solicitando la imposición de las siguientes penas: A) la pena de 2 años y 6 meses de prisión y 18 meses de multa con cuota diaria de 30 euros con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de multa de un día de privación de libertad por cada dos cuota de multa no satisfechas, y por el delito B) la pena de 2 años de prisión y 18 meses de multa con cuota diaria de 30 euros con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de multa de un día de privación de libertad por cada dos
cuota de multa no satisfechas. Costas. El acusado indemnizará a los perjudicados en la cantidad en que queden pericialmente tasados los daños ocasionados por el virus.

La defensa solicitó la absolución de sus clientes.

CUARTO.- Finalmente, se concedió al acusado el uso del derecho a la última palabra.

HECHOS PROBADOS


El día 17 de Agosto de 2003 el acusado, X.Y.Z., desde el terminal informático de su domicilio sito en la Calle F. de la localidad de Alcalá de Henares, creó el virus gusano Kelar (también llamado Raleka), sin que se hayan acreditado el resto de los hechos por los que se formuló acusación consistentes en: "que con el virus infectaba a usuarios de Panda, de manera que una vez infectado el equipo informático éste se conectaba a la página web http://www.arrakis.es/- 900k, la cual descargaba en el equipo un programa troyano que permitía el acceso por parte del acusado a toda la información del ordenador, así como el acceso y control remoto del equipo informático, todo ello sin conocimiento del usuario. Entre el 17 y el 28 de Agosto que estuvo operativa dicha página web, 70.000 usuarios descargaron el virus y el programa troyano. En el disco duro del ordenador del acusado con nº de serie 3HR19EA9 intervenido en la entrada y registro practicada en fecha 19-11-03 en su domicilio autorizada por el juzgado, se encontraron 396 ficheros de texto que recogen las conversaciones de canales deI RC y conexiones por ordenadores infectados con el virus Kelar, habiendo dado órdenes a algunos de éstos.

Dada la gran capacidad del virus y del programa troyano para destruir y modificar los equipos infectados, se ocasionaros perjuicios y confusión en los usuarios que precisaron de actividades de búsqueda y limpieza del disco duro".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Para reprochar criminalmente a una persona su obrar doloso o culposo es preciso que previamente se pruebe cuál ha sido su actuación , procediéndose con posterioridad a examinar si esa actividad es maliciosa o negligente y si, en estos casos, se incardina en algunos de los tipos penales que el Código Penal contiene . Como quiera que en el caso de autos no hay elementos suficientes para declarar cuál fue la conducta del acusado, la solución correcta es proceder a su absolución por los delitos de descubrimiento de secretos del art. 197.2 Cp y de daños del art. 264.2 Cp por los que
el Ministerio Fiscal mantuvo la acusación.

Establece el artículo 197.2 Código penal: "Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero."

El carácter material de este delito son los datos reservados de carácter personal o familiar. Los datos reservados se protegen cuando están almacenados en un sistema informático, electrónico o telemático o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Para que se consideren de ámbito reservado deberán formar parte de la esfera privada del sujeto afectado, cuya disponibilidad a dicha información estará limitada a personas autorizadas por el sujeto en concreto.

El artículo 197.2 del Código penal regula dos supuestos que en virtud del caso en concreto pueden incluso sobreponerse. En primer lugar, se castiga a quien se apodere, utilice o modifique datos reservados de carácter personal o familiar; y el segundo supuesto castiga el llamado espionaje informático; esto es, acceder, modificar o utilizar datos de carácter reservado .
La SAP-Navarra de 10 de marzo de 2009 (ponente Zubiri Oteiza) condena por un delito del artículo 197 .2 del Código penal a un sujeto que accedió al correo electrónico de otra persona utilizando el nombre y la contraseña que le había teclear y envió un correo. Por otro lado, la SAP-Baleares de 11 de febrero de 2009 (ponente Izquierdo Téllez) castiga a un médico funcionario que accedió en distintas ocasiones al historial de un colega para averiguar el nombre de su médico de cabecera, aplicando la agravante del artículo 197.6 CP por tratarse de datos que afectan a la salud.

Por lo tanto, y según lo expuesto, para que pueda condenarse al acusado por el delito del art. 197 .2 Cp, sería preciso que el Sr. X.Y.Z. se hubiera apoderado, utilizado o modificado datos reservados de carácter personal o familiar, o bien hubiera accedido, modificado o utilizado datos de carácter reservado.

Pues bien, de la prueba practicada en el • plenario no consta que el acusado haya realizado ninguna de estas conductas. Dando por cierta la creación de un virus por parte del acusado, extremo reconocido por éste, si bien lo llama programa, e incluso dando por cierta la difusión más allá de la empresa para la que trabajaba, lo cierto es que, negados los hechos por el acusado, las testificales no acreditan la existencia de dicho apoderamiento o utilización de datos reservados, sino únicamente un riesgo potencial de que este apoderamiento, utilización o modificación, pudieran llevarse a cabo. Así, el agente de la Guardia Civil V-84648-D, declara que practicó la diligencia de entrada y registro, que Panda antivirus les hace una comunicación, había dos direcciones IIP que dirigían a la casa y al trabajo del acusado, a través de la información de ARRAQUIS, la víctima solo se leía, que desde la IP del acusado de accedía al ordenador de las personas, había dos o tres conexiones de otras personas que no eran del acusado, que cree recordar que accedía a los ordenadores de otros, que tenía capacidad para dañar otros equipos. En el folio 31 se hace constar los programas de la página de Arraquis programas que se pueden utilizar para seguridad o para otras cosas malas. El programa aprovechaba una vulnerabilidad de Windows, diagnosticada en julio, que no recuerda si borraba información de otros ordenadores, que no recuerda si el programa chupaba información de otros ordenadores, que necesitaría una manipulación del administrador del mismo, que era una manipulación de un programa que existía, que no tuvieron constancia de que se sustrajera información, que no accedió a ningún ordenador de ninguna víctima, se podría hacer parchear la vulnerabilidad y no lo investigaron, que no sabe si accedieron a la intimidad ajena ni si se causaron daños, solo sabe que tenía capacidad para hacerlo. Don A.C.G. dice que el acusado le comentó que estaba investigando tema de virus, que lo que declaró en el folio 644 no lo recuerda por el paso del tiempo, don A.B.J. manifiesta que era el jefe de seguridad informática, cree recordar que tenía un fairwork y seguramente el acusado llevaba el tema, el fairwork se pone en el ordenador para detectar un fallo, para gestionar una red informática debe tener un control remoto para acceder a los ordenadores de la empresa, se hace utilizando los medios de la empresa, si uno quiere estar seguro de que desde fuera se quiera acceder ha de hacerse desde fuera de la red, que el acusado estaba autorizado para acceder desde fuera e incluso para hacer parches desde fuera, al ordenador, que no tiene constancia de que se dañaran equipos ni que hubiera apoderamiento alguno de datos, que no sabe cómo actuaba el virus y que pudo realizarse para parchear equipos; por último la pericial de don J.L.P.V., ha sido elocuente, declarando el perito, después de ratificarse en el detallado, pormenorizado y claro informe pericial que obra en autos, que el virus raleka tiene una parte de propagación y otra de infección, que el virus instalaba un programa, no se ha encontrado en la documentación que se hiciese efectiva la utilización del troyano, que cree que al final se salió de las manos el asunto, el éxito de un virus está en su difusión, los ordenadores infectados se encuentran en una posibilidad de perder el control, crean molestias y problemas, la vulnerabilidad de Microsoft ya se había descubierto, no había ni borrados ni robo de información, lo que quedaba era abierto a que desde fuera pudieran hacerse otras funciones, si un ordenador va lento puede ser por este virus o por otro, participaron diversas personas en su creación, pudo ocurrir que el acusado quiso probar y se le pudo ir de las manos. Con todas estas declaraciones, como se ha expuesto, no hay ni la más mínima evidencia de que el acusado hubiera accedido, modificado o utilizado datos de carácter reservado, personal o familiar, sino únicamente una posibilidad de hacerlo, posibilidad no tipificada en nuestro ordenamiento jurídico y que, por lo tanto obliga a absolver al acusado del delito analizado.

La misma suerte ha de correr el delito de daños. El artículo 264.2 del Código Penal vigente, establece textualmente que: "2. La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice, o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos".

La acción necesaria para cometer el delito consiste en cualquiera de las acciones de destruir, alterar, inutilizar o dañar, pudiendo utilizarse 'cualquier medio', con lo que se engloba cualquier posibilidad, ya sea mediante una destrucción externa de un ordenador o mediante una entrada ilícita. La norma jurídica iguala, por tanto, un acto de destrucción física a un acto de manejo de un ordenador .
De las declaraciones anteriormente analizadas, no resulta la realización de ningún acto de borrado, deterioro, alteración, supresión de datos, ni programas informáticos, ni por supuesto, ninguna obstrucción o interrupción de un sistema informático en su conjunto. Solo ha declarado en el acto de plenario un afectado y es don J.M.L.G., el cual declara que le contactó un agente de la Guardia Civil y le dijo que su equipo se estaba utilizando para envío de información, que tuvo problemas de conexión con el ruter y formatearon el disco duro, el agente le dijo que utilizaban su ordenador para infectar equipos, no sabe si su ordenador tenía un virus, pero el ordenador no funcionaba bien. Si bien parece que el ordenador del Sr. J.M.L.G. no funcionaba correctamente, lo cierto es que no se ha determinado si este defecto fue consecuencia del virus Raleka, o, tal y como ha señalado el perito, por una sobrecarga de información del ordenador, o por otra causa, y ello por cuanto que el agente que ha depuesto en el plenario, no h sido interrogado acerca de las consecuencias de tal virus en el ordenador del Sr. J.M.L.G., o si el mismo sufrió daño alguno a consecuencia de este virus, habiendo declarado el agente, como se ha recogido anteriormente que no sabe si se causaron daños, solo sabe que tenía capacidad para hacerlo.

Admitido por el acusado la creación del virus, así como por las propias investigaciones de la Guardia Civil, lo cierto es que de la prueba practicada no se desprende que se haya destruido, cercenado o inutilizado, ningún disco disco duro de ningún ordenador, ni tampoco que fueron alterados o dañados programas de ningún ordenador o servidor , pero es que, tampoco se ha probado que la intención del Sr. X.Y.Z., fuera dañar los equipos, y ello por cuanto el virus utilizaba una vulnerabilidad de Windows ya detectada, y para la que ya había solución, en definitiva, y en relación a este segundo delito, el resultado de la prueba practicada es compatible con la versión del acusado y no despeja las dudas que se plantean al respecto por lo que, en aplicación del principio in dubio pro reo, procede absolver a don X.Y.Z.del delito de daños del art. 264.2 Cp de que había sido acusado.

SEGUNDO.- Como no existe responsabilidad penal por los hechos que se enjuician no será posible declarar en la presente sentencia responsabilidad civil alguna derivada de los mismos, según es obligado deducir de lo previsto en los artículos 116 del Código Penal y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.- La absolución del acusado impone que las costas procesales deban declararse de oficio, como dispone el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

 FALLO

ABSUELVO a don X.Y.Z. de los delitos de descubrimiento de secretos del art. 197-2 del Código Penal, y delito de daños del art. 264-2 del Código Penal por los que había sido acusado. Declaro de oficio las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y demás partes procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se formalizará ante este juzgado en el plazo de DIEZ DÍAS contados a partir del siguiente al de su notificación, para su resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid. Notifíquese igualmente a los ofendidos y perjudicados, aun cuando no se hayan mostrado parte en la causa.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.