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Asesoramiento jurídico integral, Internet y nuevas tecnologías

La Audiencia Provincial de Oviedo confirma la sentencia que absolvía a Weblogs por comentarios de usuarios

24.02.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

Se confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Pola de Siero, considerando que expresiones aisladas como 'gentuza', 'tipejo' o 'impresentable' no tienen intensidad suficiente para considerarlas intromisión en el honor.


AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 OVIEDO
SENTENCIA: 00042/2015
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 11/15

 

 

 

 


NÚMERO 42

 


En OVIEDO, a once de febrero de dos mil quince, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, compuesta por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, Doña Nuria Zamora Pérez y D. Pablo Martínez-Hombre Guillén, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:


S E N T E N C I A


En el recurso de apelación número 11/15, en autos de JUICIO ORDINARIO Nº 513/13, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Siero, promovido por J. A. P. R., demandante en primera instancia, contra WEBLOGS S.L. Y J. G. D. R. C.,
demandados en primera instancia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Tuero Aller.-


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Que por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Siero se dictó Sentencia con fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “DESESTIMO la demanda interpuesta por D.J.A.P.R., representado por el procurador D. Emilio Solís Rodríguez, frente a D.J.G.D.R.C., representado por la procuradora Dª Miriam Menéndez Diaz, y frente a “WEBLOGS, S.L.” representada por la procuradora Dª Inés Blanco Pérez, siendo parte el Ministerio Fiscal, y ABSUELVO a éstos

 

de todas las peticiones efectuadas en su contra, imponiendo al actor las costas de este procedimiento.”

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada recurso de apelación, del cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo el día diez de febrero de dos mil quince.-

TERCERO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.-


FUNDAMENTOS JURIDICOS


PRIMERO.- Pese a que en la demanda inicial de este proceso
D. J.A.P.R. ejercitaba acumuladamente varias acciones, relativas a la existencia de una intromisión en el derecho al honor y a la propia imagen hacía su persona, incumplimiento de contrato y violación de la Ley de Protección de Datos, interesando asimismo las indemnizaciones que consideraba oportunas y la condena del demandado a la retractación total de las acusaciones y a su publicación, en este recurso de apelación, tras ser íntegramente desestimada la demanda, se centra exclusivamente en la primera de dichas acciones, abandonando también la petición de condena a la retractación que había interesado en un primer momento. De conformidad con lo establecido en el art. 465.5 L.E.C, esta Sala habrá de circunscribir su análisis a la pretensión que mantiene en esta segunda instancia.

SEGUNDO.- Quedó acreditado en autos que el demandante, a través de una empresa con la que comparte NIF, ADVCFS Asturias, vendió por Internet dos teléfonos móviles al demandado, D. J.G.D.R.C.. Éste mostró disconformidad con las características del segundo de ellos, en especial porque afirmaba que la marca no correspondía con la que él había pedido, remitiendo varios correos al demandante pidiendo explicaciones. Como quiera que D. J. no las consideró suficientes, expuso sus quejas en algunos foros de Internet. En este contexto y a lo largo de extensos diálogos (véanse folios 18 a 35), aparece puntualmente alguna expresión aislada como “gentuza”, “impresentable” o “tipejos” referida a ADVCFS, sin mencionar la identidad del demandante. Este, por su parte, también intervino en esas conversaciones, revelando el nombre y la edad del demandado, y vertiendo expresiones como maleducado, ironizando sobre su apellido, y deseándole que se fuera al paro sin derecho a subsidio, al igual que al resto de los que intervenían en ese foro.

TERCERO.- A la vista de los datos expresados comparte esta Sala plenamente los razonamientos de la sentencia de primer grado y el informe del Ministerio Fiscal. No es necesario reproducir aquí la doctrina jurisprudencial, ya pacífica, recaída en torno a la colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y a la propia imagen, expuesta correctamente en la resolución apelada. En lo que debe insistirse es en que para determinar si existe o no una intromisión ilegítima en ese derecho al honor, o en el prestigio profesional que se integra en él, han de examinarse las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, huyendo de una interpretación abstracta y teórica de cada expresión, aislada del contexto en que se utiliza. Además, esa misma jurisprudencia ha exigido una cierta intensidad en el ataque para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental. Tampoco cabe prescindir en el enjuiciamiento de la postura adoptada por quien se considera ofendido. Y, en fin, como recuerda la sentencia del T.S. de 12 de diciembre de 2013, parcialmente transcrita en la apelada, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica, experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables. Así, el art. 2.1 de la Ley Orgánica 1/82, sobre Protección del Derecho al Honor, se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil de ese derecho.

Pues bien, es cierto que expresiones como las utilizadas de “gentuza”, “tipejos” o “impresentable” son claramente despectivas. Pero no puede prescindirse de su carácter aislado, vertidas, en el curso de una larga exposición o diálogo en foros de Internet, derivada de la disputa que ambas partes mantenían sobre la compraventa de determinado producto. En ese contexto, habitual hoy en día, donde los usuarios de modo coloquial comparten críticas y quejas respecto de toda clase de bienes y servicios, no se observa que esas palabras tengan la intensidad suficiente como para considerarlas una intromisión ilegítima en el prestigio profesional y necesitar del auxilio de los tribunales. Incluso el propio demandante, que requiere esa tutela, utilizó en ese foro expresiones no menos hirientes, tras identificar al demandado con su apellido y edad.

En definitiva, ni por la intensidad, ni por el contexto en que se utilizaron, ni por la postura que adoptó el propio actor, ni por su carácter aislado, cabe entender que se produjo una intromisión ilegítima en el honor o prestigio del demandante.

CUARTO.- El rechazo de esa pretensión comporta necesariamente, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, la desestimación de la acción que se dirige frente a la codemandada “Weblogs, S.L.” por permitir la publicación de unas conversaciones presuntamente injuriosas, y no retirarlas cuando fue requerido para ello por el demandante.

 

QUINTO.- Aunque todo lo anterior se traduzca en la total desestimación del recurso, el uso de comentarios despectivos por una y otra parte y las dudas que suscita la determinación del nivel a partir del cual debe prevalecer el derecho al honor sobre la libertad de expresión, aconsejan no hacer expresa imposición de las costas aquí causadas, tal y como excepcionalmente permite el art. 394 en relación al 398 L.E.C. Pronunciamiento que no cabe extender a las generadas en la primera instancia al no haberse cuestionado este punto en el escrito de recurso (art. 465.5 L.E.C.)

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:


F A L L O

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Dº J.A.P.R., contra la Sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Siero en fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, en los autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 513/13, confirmando dicha resolución sin expresa imposición de las costas procesales del recurso.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el art. 466 de la L.E.C., serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 469 y ss., 477 y ss. y Disposición Final 16ª, todo ello de la L.E.C., debiendo interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS ante éste Tribunal, con constitución del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco Santander 3370 e indicación de tipo de recurso (04: Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.


Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 


 


El triunfo del terrorismo

09.02.2015 | por: Carlos Sánchez Almeida

El pasado día 3 de febrero el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el secretario general del PSOE Pedro Sánchez firmaron un pacto para impulsar una proposición de ley por la que se modifica el Código Penal en materia de terrorismo. En dicha propuesta, que puede consultarse íntegramente en la web del Congreso de los Diputados, se incluye una definición de terrorismo tan amplia que incluye desórdenes públicos y delitos informáticos.

Veamos a continuación el texto íntegro del proyectado artículo 573:

Artículo 573.

1. Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, atentado, desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevara a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis a 197 ter y 264 a 264 quáter cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.

3. Asimismo tendrán la consideración de delitos de terrorismo los tipificados en este capítulo.

Según el proyectado redactado del Código Penal, para ser terrorista ya no es necesario estar integrado en una organización terrorista: es suficiente que los delitos que se cometan tengan como finalidad alguna de las previstas en el artículo citado, que incluyen desde subvertir el orden constitucional hasta obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de perseguir toda forma de terrorismo, y muy especialmente el actual terrorismo yihadista. El problema surge cuando la definición de terrorismo incluye toda forma de presión sobre el poder, e incluso los delitos informáticos. ¿Los desórdenes públicos del barrio de Gamonal, cuya finalidad era obligar al Ayuntamiento a reconsiderar una decisión política, serían terrorismo? ¿Un ciberataque a la web de un Ministerio, o a la Junta Electoral Central, sería terrorismo? ¿Sería terrorismo publicar una lista de defraudadores fiscales, cometiendo el delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal con la finalidad de desestabilizar gravemente las estructuras económicas?

Que el asesinato, las torturas, el secuestro y la extorsión con fines políticos deben ser castigados como terrorismo nadie lo pondría en duda. Mucho más discutible es incluir como terrorismo los desórdenes públicos o delitos informáticos, en función de la finalidad que persiga el delincuente. Si en una protesta social, en la calle o en internet, se producen excesos y se cometen delitos, estos deben ser perseguidos, pero considerarlos terrorismo puede suponer criminalizar como delito grave cualquier tipo de protesta social.

Poco después del atentado contra las Torres Gemelas, publiqué un artículo donde dije que si entre los planes de los fanáticos terroristas estaba socavar los cimientos de la civilización occidental, desgraciadamente habían logrado su objetivo, al conseguir con su acto criminal la aprobación de leyes contrarias a los derechos humanos. Porque, no lo olvidemos, el cimiento de nuestra civilización -desde las revoluciones norteamericana y francesa- no son las leyes del mercado sino los derechos humanos.

Si algo hace superiores las leyes de los países democráticos sobre la sharía islámica o la omertà de la Mafia es precisamente el respeto a los derechos humanos. Si permitimos que un solo periodista pueda ser perseguido como terrorista por publicar los secretos del poder, toda la civilización occidental será destruida.

Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo


Interrumpir un servicio de hosting por impago no constituye delito de daños informáticos

05.02.2015 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado un interesante auto, por el que acuerda el sobreseimiento de un procedimiento penal seguido contra una empresa de hosting, contra la que se había interpuesto una querella por daños informáticos.

La empresa querellada ofrecía servicio de alojamiento a la empresa querellante. Ante el impago de esta última, y tras múltiples avisos de la situación de morosidad, la empresa de hosting decidió cortar el servicio. En lugar de proceder al pago de lo adeudado, lo que hubiese solucionado el problema de forma inmediata, la empresa en situación de morosidad decidió interponer una querella por paralización de sistemas informáticos, invocando el artículo 264 del Código Penal.

Mientras se tramitaba el proceso penal, la empresa de hosting procedió a demandar en vía civil a la empresa en situación de morosidad, obteniendo sentencia favorable a sus pretensiones. Pese a ello, un juzgado de Instrucción de Denia acordó seguir procedimiento penal abreviado contra la empresa de hosting, resolución que fue recurrida.

La Audiencia, en una resolución que pone fin al procedimiento penal, considera que no hay delito, puesto que el cierre del servicio se llevó al amparo de un contrato que regulaba las relaciones jurídicas entre las partes, y que en cualquier caso las discrepancias entre las mismas se deben dilucidar en vía civil, por quedar reservado el proceso penal a otro tipo de casos.

A continuación puede consultarse la resolución completa, de la que se han eliminado los datos personales de querellantes y querellados.

AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN TERCERA
ALICANTE

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº4
Tfno: 965169829
Fax: 965169831

NIG: 03014-37-1-2014-0007333
Procedimiento: Rollo apelación auto Nº 000373/2014- -
Dimana del Procedimiento Abreviado Nº 000139/2014
Del JUZGADO DE INSTRUCCION 3 DE DENIA(ANT. MIXTO 7)

AUTO Nº 19/15

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Iltmos/as. Sres/as.:
Presidente
D. JOSÉ DANIEL MIRA-PERCEVAL VERDÚ
Magistrados/as
Dª Mª DOLORES OJEDA DOMÍNGUEZ
D. CÉSAR MARTÍNEZ DÍAZ
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En Alicante a catorce de enero de dos mil quince.

I. HECHOS

PRIMERO.- Por la representación de XXXXX, se interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el Auto de fecha 9 de mayo de 2014, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Denia, en autos de Procedimiento Abreviado nº 139/14.

SEGUNDO.- Desestimado que fue el recurso de reforma, se formalizó el de apelación confiriéndose traslado del recurso interpuesto al Ministerio Fiscal (representado por Dª Patricia Vilela Fraile), que se opuso a su estimación, designándose los particulares que se tuvieron por conveniente y elevándose los mismos a esta Sala, donde se formó el Rollo de Apelación nº 373/14, en el que se ha procedido a la deliberación y votación de la presente resolución.

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se recurre por la representación de los imputados, XXXXX ,el Auto de incoación de P.A de fecha 9/05/2014.

Los hechos de los que trae causa el presente procedimiento son los siguientes: Con fecha 1-12-2010 la mercantil A.I., dedicada a la prestación de servicios informáticos y compraventa de software y hardware, contrató con Dña. XXXXX el alojamiento y gestión de la web-hosting 1GB referida a los dominios X e Y, propiedad de la denunciante. De estos dominios dependían todos los correos electrónicos de la empresa denunciante y todos los accesos de los clientes de los productos y servicios, en definitiva, toda la base del negocio. Se pactó la renovación anual y automática del contrato, habiendo sido renovado el pasado 30-11-2012, encontrándose al corriente de todos y con el contrato renovado hasta el 29-11-2013.

A pesar de que en el contrato aparecía Doña. XXXXX como representante del denominado XXXXX, toda la relación comercial y parte técnica la ha venido prestando directamente D. XXXXX, esposo de Dª XXXXX.

Con motivo de unas desavenencias comerciales surgidas entre las partes por unos trabajos informáticos encargados al margen del contrato señalado y referidos a unas cámaras web, el domingo 24/03/2013 D. XXXXX procedió de forma unilateral a cortar el acceso al alojamiento web y dominios contratados por esta empresa. Previamente el Sr. XXXXX había comunicado que se iba a proceder al cierre de estos servicios por impago.

SEGUNDO.- El recurso interpuesto por la representación de los imputados, en el que además de solicitar la revocación del Auto de fecha 9/05/2014, piden el archivo de la causa, y al que se adhiere el Ministerio Fiscal, debe ser estimado.

La cuestión que se debe dilucidar, en el caso presente, es determinar si estamos ante un delito de daños del artículo 264 del C.P, o si la cuestión no trasciende el ámbito civil.

En primer lugar es de indicar que el ahora denunciado, D. XXXXX, fue parte demandante en el juicio verbal civil nº 1189/2013,celebrado ante el Juzgado de Primera instancia nº 6 de Alicante, en la que la demanda es la ahora denunciante, y en el que recayó Sentencia en fecha 22/04/2014. En dicho juicio la pretensión condenatoria se fundamentaba en el hecho de que la empresa del Sr. XXXXX había realizado una serie de trabajos que resultaron parcialmente impagados. La Sentencia aludida estima la demanda y condena a los ahora denunciantes al pago de la cantidad de 1391,50 €, intereses y costas.

El “quid” de la cuestión estriba en determinar si el Sr. XXXXX tenía derecho, o no , a realizar el corte al acceso al alojamiento web y dominios contratados por la empresa A.I. El contrato celebrado entre las partes establece en el apartado 3º letra d) lo siguiente: “En caso de devolución, demora o impago de los recibos, XXXXXX podrá suspender en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, total o parcialmente, los servicios, así como impedir al Cliente la contratación de nuevos servicios. En este sentido, el retraso en el pago total o parcial por parte del Cliente durante un periodo superior a un mes desde la presentación de la factura, facultará a XXXXXX a suspender temporalmente los servicios” .

El denunciado actuó en cumplimiento del citado artículo. La cuestión que se puede discutir es si este artículo es fuente de regulación de todas las relaciones comerciales entre las partes, o solo es aplicable a aquellas que se derivan del contrato de fecha 1/12/2010.

La cuestión deberá resolverse en la vía civil sin que la actuación denunciada, y visto los antecedentes reseñados, tenga entidad suficiente como para calificarla de ilícito penal.

Como conclusión, el recurso debe ser estimado y, en consecuencia, el Auto de fecha 9/05/2014 debe ser revocado, debiéndose acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don José Daniel Mira-Perceval Verdú, Presidente de esta Sección Tercera.

III. PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DECIDE: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Jesús Zaragoza Gómez de Ramón, en nombre de XXXXX, contra el Auto de incoación de P.A de fecha 9/05/2014, REVOCANDO esta resolución, acordando el sobreseimiento de las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución -contra la que no cabe recurso- al Ministerio Fiscal y demás partes personadas y, con testimonio de la misma (dejando otro en este Rollo de apelación), devuélvanse las actuaciones de instancia al expresado Juzgado, interesando acuse de recibo; y, a su recepción, se archivará el presente Rollo en su legajo correspondiente.

Así lo acuerda este Tribunal, firmando los/as Magistrados/as más arriba expresados. D. José Daniel Mira-Perceval, Dª Mª Dolores Ojeda, D. César Martínez.- Rubricado.


Los cómics prohibidos

27.01.2015 | por: Carlos Sánchez Almeida

El Congreso de los Diputados aprobó en fechas recientes la reforma del Código Penal, y en los próximos meses será revisada por el Senado. Habida cuenta de la mayoría absoluta del partido gobernante, pocas sorpresas podemos esperar: es muy posible que se publique en el Boletín Oficial del Estado antes del verano, entrando en vigor a los seis meses de su publicación, tal como dispone la disposición final novena del proyecto de ley.

Entre las distintas polémicas que rodean esta reforma -que van desde implantación de la cadena perpetua, pasando por la criminalización de distintas formas de protesta social, hasta la pena de seis años de prisión por delitos contra la propiedad intelectual- han pasado desapercibidos los profundos cambios que van a experimentar los delitos de pornografía infantil. A tenor del proyectado artículo 189 del futuro Código Penal, el delito ya no se limitará a imágenes reales de menores, sino que también será delictiva toda representación visual de los mismos en contexto sexual, sean dibujos, esculturas o videojuegos. En concreto, el apartado primero del artículo 189 dispone lo siguiente:

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizados personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

Como puede observarse, el alcance del precepto penal es muy amplio, llegando a criminalizarse todo material -sea real o simulado, fotografía o dibujo- que represente visualmente a quien parezca ser un menor en una conducta sexualmente explícita. Solo queda fuera de la criminalización la literatura no gráfica: una narración donde se describa la violación de un menor no será delictiva, pero sí lo será cualquier cómic, historieta o manga donde aparezcan dibujos de personas que parezcan ser menores practicando sexo.

¿Cuáles serán las consecuencias prácticas de esta reforma? Si tenemos en cuenta que, además, el nuevo artículo 189 tipifica como delito no sólo la difusión, directa o mediante enlaces en internet, sino también la tenencia, e incluso, en un alarde represivo sin precedentes, el acceso a sabiendas a dicho material, podemos concluir que leer un cómic donde aparezca un abuso sexual a menores será delito.

Ahora pensemos en los cómics publicados en España en los años transcurridos desde la aprobación de la Constitución. El final de la censura del franquismo vino acompañado de una libertad creativa sin precedentes, que se extendió a todo tipo de disciplinas artísticas, y muy especialmente en el ámbito de la historieta gráfica. A finales de los 70 y primeros años 80 destacó por méritos propios el cómic underground, y en especial su mejor exponente, El Víbora, que se publicó de forma ininterrumpida durante 25 años, hasta su cierre en la pasada década. Buena parte del material publicado por El Vibora era erótico, y no es extraño encontrar entre sus páginas escenas protagonizadas por menores.

Por citar un caso muy conocido, en El Víbora de los años 90 se publicaron diversos capítulos de la serie Pequeñas Viciosas, firmados por Mónica y Beatriz, seudónimos del dibujante José Antonio Calvo y del guionista Santiago Segura, que con el tiempo se convertiría en director de la saga Torrente. En Pequeñas Viciosas aparecen escenas de abuso de menores, y si bien en algunos casos no se concreta la edad, las situaciones y los vestidos de colegiala dejan poco margen de duda. Pero en otros casos queda perfectamente claro que las imágenes reflejadas pertenecen a personas impúberes. En concreto, las páginas 39 a 47 del número 170 de El Víbora entrarían de lleno en la definición establecida en el nuevo Código Penal.

Igual suerte pueden sufrir otros cómics españoles de reputado prestigio internacional, como es el caso de la saga Torpedo 1936, obra del dibujante Jordi Bernet y el guionista Enrique Sánchez Abulí. En el número 30 del cómic book publicado por Tebeos Glénat aparece la historia de una prostituta infantil, de nombre Lolita. Y en el número 15 de la edición en tapa dura, titulado El día de la mala baba, Torpedo contrata a un pederasta para que sodomice a un menor, con el objeto de vengarse de su madre. La primera historia de las comentadas, de título Lolita, ya fue censurada en 1990 por El País Semanal, donde aparecía la serie por entregas. Curiosamente, por aquellas mismas fechas Canal Plus programaba en sus primeras emisiones de porno codificado la película Educando a Mandy, en la que aparecía una Traci Lords que era menor de edad en el momento de la filmación.

La problemática expuesta afecta a multitud de autores, algunos de ellos de gran prestigio internacional. Pensemos en los casos de El Clic, de Milo Manara, o el Ranxerox de Liberatore y Tamburini, donde la novia del protagonista, Lubna, es también menor, si bien los abogados de la defensa quizás aleguen que el sexo con androides puede estar excluido del Código Penal. Algo igualmente predicable del sexo con diablos, vampiros o monstruos con tentáculos, omnipresente en el lolicon japonés.

Mientras documentaba este artículo he podido comprobar que muchas de las obras citadas están disponibles en plataformas online, y se pueden comprar libremente a través de Amazon, incluso a coleccionistas. Hay casos especialmente tristes, como el del ya fallecido Francisco Solano López, dibujante de la obra mítica El Eternauta, que tuvo que huir de Argentina tras la tortura y asesinato del guionista Horacio Oesterheld y sus cuatro hijas, para acabar ganándose la vida dibujando cómic erótico: sus obras El institutoEl prostíbulo del terror, con guión de Ricardo Barreiro, también quedan criminalizadas en el nuevo Código Penal.

La pregunta que se estará haciendo el lector es qué tiene que hacer con su biblioteca de cómics. Pues bien, tal como he dicho le queda poco margen: leer, escanear, prestar, vender, o subir sus cómics a internet será delito, si aparecen dibujos de sexo protagonizado por presuntos menores. Lo único que puede evitarlo es que alguien haga entrar en razón al legislador, y corrija los excesos de la reforma, excluyendo de la criminalización el material histórico ya publicado. De lo contrario, editoriales como Planeta-DeAgostini, Glénat, Norma Editorial o La Cúpula pueden verse sometidas, el día menos pensado, a una entrada y registro policial, en busca de ejemplares de cómics de otras épocas en las que existía mayor libertad creativa.

  

Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Imagen original del comicbook Torpedo 1936, número 30, obra de Jordi Bernet y Enrique Sánchez Abulí, publicada por Ediciones Glénat España, S.L., 1994. 

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo


Código Penal del PP: todo atado y bien atado en Internet

17.12.2014 | por: Carlos Sánchez Almeida

Era difícil superar el nivel de estulticia, desprecio a las garantías jurídicas y mala técnica legislativa del proyecto de Código Penal (PDF) impulsado por el ministro cesante Alberto Ruiz-Gallardón, pero hay que reconocer que el Grupo Parlamentario Popular ha superado con nota el desafío. En las enmiendas (PDF) presentadas al proyecto, España vuelve con todos los honores al lugar que le corresponde en la historia universal: el país que al llegar la imprenta impulsó las hogueras de la Inquisición.

Como puede comprobarse en la información publicada por Pablo Romero, el PP no deja muchos cabos sueltos en la criminalización global de internet: queda todo atado y bien atado para la próxima legislatura. Tras la marcha de Gallardón, está claro que el principal impulsor del proyecto no es su sucesor, sino el ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz, que parece haber encargado la redacción de los artículos a los cuerpos policiales antidisturbios: algunos apartados parecen estar escritos con porra, que no con pluma.

Entre las diferentes medidas legislativas, se endurece la represión del hacktivismo en todos los frentes, ilegalizando hasta el software destinado a la seguridad informática, así como la simple entrega de contraseñas de acceso. No será extraño que en próximas operaciones de propaganda contra Anonymous se desarticule algún departamento universitario, donde tales herramientas informáticas son utilizadas habitualmente para investigación y docencia.

Contra lo que cabría esperar, el personaje estrella del proyecto de reforma ya no son los hackers, sino cualquier lector de páginas web. De salir adelante las enmiendas propuestas por el PP, cualquier ciudadano podrá ser acusado de ciberterrorismo o ciberpederastia: bastará para ello que consulte habitualmente webs o foros de adiestramiento terrorista, o el simple acceso a material de pornografía infantil, aunque ésta sea simulada mediante dibujos animados.

El peligro del proyecto es mayor si tenemos en cuenta que esta reforma del Código Penal viene acompañada por un nuevo redactado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa, así como el uso de programas espía y la habilitación a agentes encubiertos para compartir archivos ilícitos. La España de 2015 puede ver cumplidas las peores profecías del género ciberpunk: técnicamente será posible que agentes encubiertos instalen troyanos que ocasionen accesos involuntarios a webs prohibidas, y todo ello sin control judicial previo.

La criminalización de las webs de enlaces y de la modificación de consolas de videojuegos -actividades declaradas legales reiteradamente por la justicia española- no es más que la guinda que adorna el proyecto represor del Gobierno: hasta 6 años de prisión por algo que hasta ahora no era ni siquiera delito. Resulta sorprendente que sólo el Grupo Parlamentario Socialista, entre toda la oposición, haya propuesto en sus enmiendas la supresión de esta medida descabellada.

Es muy posible que la justicia internacional declare contrarias a los derechos humanos buena parte de las medidas anunciadas, pero eso sólo ocurrirá después de que muchas personas sufran los rigores de un procedimiento judicial en España, donde un informe de la Policía Científica en materia de delitos informáticos puede tardar dos años o dos semanas según la víctima, según el caso y según lo que convenga en cada telediario.

El único consuelo que nos queda es que, en función del veredicto de las urnas, quizás este Código Penal acabe volviéndose contra quienes lo redactaron.
 

Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.
 

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo


El cierre de Google News y la libertad de información en España

11.12.2014 | por: Carlos Sánchez Almeida

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se ha cobrado, antes de entrar en vigor, su primera víctima en España: Google ha anunciado el cierre en nuestro país de su popular servicio Google Noticias. Habrá muchas más víctimas: la batería de medidas que entrarán en vigor en enero pone la internet española en un estado de excepción permanente.

Como en los tiempos oscuros en los que nuestros padres y abuelos tenían que informarse de lo que ocurría en nuestro país mediante Radio España Independiente, 'la Pirenaica', a partir del 16 de diciembre los ciudadanos españoles tendrán que acudir a la prensa internacional para informarse de las próximas medidas liberticidas del Gobierno. Por obra y gracia de unos gobernantes ajenos a la realidad, España se convierte en un gueto informacional.

La Ley de Propiedad Intelectual establece un canon irrenunciable a favor de los editores de prensa, que podrán cobrar de aquellos que les enlacen, aunque sean servicios que, como en el caso de Google News, no tienen publicidad. La aparición sorpresiva de este canon durante la tramitación parlamentaria del proyecto coincidió en el tiempo con la decapitación de tres cabeceras de prensa que por aquel entonces todavía eran críticas con el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que provoca la legítima sospecha de estar ante una medida encaminada a obtener la docilidad de los periódicos ante los próximos retos electorales que debe afrontar el ejecutivo.

Además de condenar al cierre -o la emigración a otros países- a los agregadores de contenidos como Google News o Menéame, la Ley de Propiedad Intelectual refuerza el control administrativo de la internet española, dotando de medios exorbitantes a una Comisión dependiente del Ministerio de Cultura, que podrá acordar el cierre de webs de enlaces, la incautación de sus dominios .es, y ordenar que dejen de prestarles servicios de alojamiento, publicidad y medios de pago, mediante multas de hasta 600.000 euros.

La Ley de Propiedad Intelectual no viene sola: es acompañada por reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitan seriamente los derechos de libertad de información, manifestación e intimidad de los ciudadanos: la última medida conocida es que la policía podrá interceptar comunicaciones antes de informar al juez, además de instalar programas espía e incluso utilizar agentes encubiertos que compartan archivos ilícitos.

Desde la aprobación de la Constitución, hace 36 años, nuestros derechos fundamentales no habían sufrido un acoso semejante por parte del poder político. Con el cierre de Google News es de esperar que el escándalo internacional se multiplique, y se conozca en todo el mundo el delicado estado de la libertad de información en España, pero los efectos a corto plazo pueden ser devastadores.

Las empresas de medios que han apostado por el canon AEDE se equivocan: a la larga sus cuentas de resultados se van a resentir de la pérdida de posicionamiento en Google. Y se equivocan por no haber escuchado a sus periodistas, que saben perfectamente que en la economía de la atención es fundamental contar con el apoyo de los lectores. Un apoyo que se está perdiendo desde hace tiempo en ventas en kioskos, y que se va a perder en clicks, en visitas y por supuesto, en financiación publicitaria. Pero sobre todo se va a perder credibilidad, porque la labor de la prensa es vigilar al poder, no sostenerlo.

Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo


Plataforma en Defensa de la Libertad de Información

26.11.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) surge por la preocupación de un grupo de organizaciones y personas del ámbito jurídico, del periodismo y de los movimientos sociales ante las amenazas a los derechos de libertad de información y de expresión en España.

Reformas legales que penalizan el derecho de protesta y la difusión de información, como el Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, o que impiden el normal funcionamiento de Internet, como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; normas que obstaculizan el acceso a la Justicia, como la de tasas judiciales; o que neutralizan el derecho a la información pública, como ocurre con la mal llamada Ley de Transparencia; o prácticas que, desde el poder político, buscan el control de los medios, como la contratación de publicidad institucional como elemento discrecional para garantizar la supervivencia de medios afines frente a los que no lo son, ponen de manifiesto lo precario de estos derechos esenciales.

Al mismo tiempo, en un contexto de crisis económica y política en el que surgen nuevas formas de protesta apoyadas en gran medida en la libertad de información que, en particular, permite Internet, desde el poder se reacciona con contundencia para frenar su desarrollo, a través de iniciativas que llegan a vulnerar derechos fundamentales.

Para impulsar acciones que contribuyan a detener esta peligrosa tendencia, surge la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), integrada por organizaciones de juristas y abogados, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) o la Comisión Legal Sol; de periodistas, como la Federación de Sindicatos de Periodistas; por medios como ElDiario.es, 20minutos, la agencia Disopress, o la revista Mongolia; asociaciones de consumidores como la OCU y CEACCU; profesores de universidad y grupos de investigación como Manuel Sánchez de Diego (UCM), Manuel Maroto (UCLM) o el grupo sobre redes tecnopolítica de la UOC; y periodistas, cineastas y abogados como Mario Tascón, Virginia Pérez Alonso, Juan Luis Sánchez, Stéphane M. Grueso o Carlos Sánchez Almeida.

Entre las actividades que la PDLI tiene previsto realizar destacan el seguimiento y difusión de los ataques a la libertad de expresión, tanto contra periodistas y medios, como contra activistas, movimientos sociales o ciudadanos.

La PDLI también promoverá campañas para reaccionar a proyectos de ley restrictivos de las libertades de expresión e información, y pondrá en marcha acciones de formación, dirigidas tanto a periodistas como a activistas y movimientos sociales, para un ejercicio "seguro" de ambos derechos.

Sitio web: http://www.libertadinformacion.cc

En Twitter: https://twitter.com/PDLI_

En Facebook: https://www.facebook.com/pdlinformacion?ref=hl


Cómo abusar de la Ley de Propiedad Intelectual

19.11.2014 | por: Carlos Sánchez Almeida

A principios del próximo mes de enero entrará en vigor la mayor parte de la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Este artículo no pretende en absoluto revisar todos los cambios que establece la nueva ley, limitándose únicamente a la posible utilización práctica, por cualquier ciudadano, de la reforzada Comisión de Propiedad Intelectual que se regula en el artículo 158 ter del nuevo texto legal.

Como ya expliqué en anteriores artículos, el procedimiento se puede iniciar contra cualquier vulneración de derechos de propiedad intelectual en internet. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, conocida popularmente como Comisión Sinde, podrá adoptar todo tipo de medidas para interrumpir la difusión de obras protegidas, como ordenar el cierre de la web al infractor o a su proveedor de hosting, cortar su financiación publicitaria y sus medios de pago, bloquear su acceso desde España, cancelar su dominio .es, o imponer multas de 600.000 euros en el supuesto de que no se retiren los contenidos infractores.

A tenor de las declaraciones oficiales, el objetivo fundamental de la ley son las llamadas webs de enlaces, pero la redacción de la norma legal permite que cualquier ciudadano titular de derechos de autor pueda acudir al procedimiento que regula e instar medidas contra quien abuse de su propiedad intelectual. Y ello puede tener consecuencias indeseadas para los poderes económicos y mediáticos que han impulsado la aprobación de la reforma.

Imaginemos que es usted un periodista freelance, o aún más sencillo, un simple ciudadano comprometido con su tiempo, que se ha dedicado en los últimos años a fotografiar y grabar en vídeo diversos acontecimientos, subiendo a la red las obras fotográficas y videográficas resultantes de tal actividad. Imaginemos también que en ocasiones, tales fotografías o vídeos han aparecido en medios de comunicación lucrativos sin que usted haya dado autorización alguna para ello. Enhorabuena, es usted una víctima de la piratería: ha llegado el momento de resarcirse.

Seguramente indignado por ver aparecer sus fotografías en periódicos que se encuentran en las antípodas de sus convicciones ideológicas, o sus vídeos en televisiones comerciales que atribuyen la autoría a YouTube o incluso a Internet, usted se ha informado de los derechos que le asistían. Muy probablemente habrá desistido de presentar demanda frente a grandes medios, ante la desproporción económica con sus posibles adversarios y el riesgo de tener que hacer frente a honorarios de abogados, procuradores, así como diferentes tasas y costas judiciales. Enhorabuena de nuevo: ha llegado el momento de la venganza.

En la Comisión de Propiedad Intelectual están deseando ayudarle. Por un coste mínimo, sin necesidad de abogados, costas ni tasas judiciales, usted puede conseguir el cierre de ese periódico que tanto le molestaba y que últimamente, además, le estaba robando. Basta que siga los siguientes pasos.

En primer lugar, ponga a Google a trabajar para usted. Dedíquese a buscar todos los sitios donde han aparecido sin autorización sus fotografías y vídeos. Seleccione aquellos medios de mayor potencia económica, y recopile todas las direcciones de internet donde aparecen sus fotografías y vídeos sin autorización. Acto seguido, levante acta de tales vulneraciones de derechos, ante notario, tercero de confianza o mediante acta de navegación (hay excelentes servicios online para ello). Una vez tenga a buen recaudo las pruebas de la actividad ilícita, dirija un correo electrónico al medio de comunicación correspondiente, diciéndole que si no quitan su obra, usted se encargará de borrarlos de internet. Cuanto más antipático sea su correo, mejor: así se asegura de que no le hacen caso y será peor para ellos.

Deje pasar tres días. Compruebe que no le han hecho caso, y que su enemigo sigue publicando su obra sin pagarle nada. Acto seguido, conéctese a la sede electrónica de la Comisión de Propiedad Intelectual y denuncie los hechos. A partir de ese momento, siéntese a disfrutar: va a contemplar a la inmensa maquinaria de la Administración del Estado trabajando para usted.

Cuando aparezca el director del medio de comunicación pirata llorando, diciendo que ha tenido que despedir a sus trabajadores porque le cerraron el dominio .es, le echaron de su proveedor de hosting, le cortaron la financiación publicitaria y le multaron con 600.000 euros, no le haga mucho caso. Especialmente si se llena la boca de censura y libertad de expresión, cosas que como usted bien sabe, nada tienen que ver con la propiedad intelectual.

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo


'Ningún contrato puede incluir una cláusula que entre en colisión con un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión'

31.10.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 SIERO
SENTENCIA: 00130/2014
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000513 /2013

 

 

SENTENCIA N.º 130/14


En Siero, a veintiocho de octubre de dos mil catorce.


D. Eduardo González Martín-Montalvo, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Siero, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina del Decanato y tramitados en este Juzgado con el n.º 513/2.013, sobre protección del derecho al honor, instados por D. J.A.P.R., representado por el procurador D. Emilio Solís Rodríguez y defendido por el letrado D. Jorge Álvarez Merediz, frente a D. J.G.R.C., representado por la procuradora D. ª Miriam Menéndez Díaz y defendido por el letrado D. José Manuel Fernández González, y frente a “WEBLOGS, S.L.” representada por la procuradora D. ª Inés Blanco Pérez y bajo la dirección letrada de D. Carlos Sánchez Almeida, siendo parte el Ministerio Fiscal, teniendo en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de noviembre de 2.013 fue presentada en el Decanato y turnada a este Juzgado demanda ajustándose a las prescripciones legales. Por Decreto de 20 de enero de 2.014 fue admitida a trámite y se dio traslado de la misma a los demandados y al Ministerio Fiscal para que contestasen en el plazo legal de 20 días, lo que hicieron oponiéndose a ella.
Se convocó a las partes a la audiencia previa, prevista en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), que se celebró el día 11 de junio de 2.014, con el resultado que consta en la grabación, solicitándose el recibimiento del pleito a prueba, acordándose éste y proponiéndose por las partes la que consta en dicha acta, admitiéndose las declaradas pertinentes y señalándose fecha para el juicio.

SEGUNDO.- El pasado 22 de octubre de 2014 se celebró el juicio, con la finalidad y contenido previsto en los artículos 431 y 433 de la LEC, con el resultado que consta grabado.

TERCERO.- Practicadas en dicho acto las pruebas admitidas y declaradas pertinentes, se concedió la palabra a las partes, por su orden, para conclusiones, dándose por terminado el acto, quedando los autos y el disco de la grabación en poder del Juzgador para dictar sentencia dentro del plazo legal.

CUARTO.- Se ha respetado y concluido la tramitación ordinaria prevista en la Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita el demandante acción por la que, al amparo de los artículos 18 y 24 de la Constitución y en consonancia con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, suplica que se declare la existencia de una intromisión en el derecho al honor y la propia imagen del actor, se declare el incumplimiento del contrato por parte del Sr. G.R.C. y una violación de la ley de protección de datos, se condene a los demandados a abonar al actor la cantidad de 798 euros, más la de 24,20 euros por día hasta la retirada de todo comentario sobre la persona del actor, se condene al Sr. G.R.C. a publicar una retractación y a la empresa codemandada a publicarla y se condene a los demandados a satisfacer una indemnización por daño moral en la cantidad que se concrete en ejecución de sentencia y la indemnización que legalmente proceda, todo ello con expresa imposición de las costas procesales.
Basa sus pretensiones el demandante en la publicación por el demandado en un foro de la página web “XakataMovil.com”, gestionada por la empresa codemandada, de una serie de afirmaciones sobre su persona y empresa cuyo contenido difamatorio supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de éste.
Se oponen los demandados que básicamente niegan la existencia de intromisión en el derecho al honor.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, en fase de conclusiones, asume y se adhiere a la posición y las tesis de los demandados.
SEGUNDO.- Lo primero que debe dilucidarse es si en este caso existe una intromisión en el derecho al honor. Debe empezar por resaltarse la deficiente técnica en la redacción de la demanda que mezcla conceptos indemnizatorios y ni siquiera destaca con claridad las presuntas expresiones ofensivas. Sea como fuere, lo cierto es que debemos acudir, a la vista de la existencia de una colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión a la jurisprudencia que perfila los contornos de tal conflicto. En este sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2013, que a propósito del conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor recoge: “1.- El artículo 20.1.a ) y d) de la Constitución reconoce como derecho fundamental el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 de la Constitución reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.
La libertad de expresión , reconocida en el artículo 20 de la Constitución , tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información ( SSTC 104/1986, de 17 de julio , y 139/2007, de 4 de junio ), porque no comprende como esta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo. No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero , FJ 2, 77/2009, de 23 de marzo , FJ 3).

2.- El artículo 18.1 de la Constitución garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 de la Constitución . El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero , FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7).
La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero exige que el ataque revista un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una trasgresión del derecho fundamental ( sentencias de 15 de diciembre de 1997, recurso núm. 1/1994 ; 27 de enero de 1998, recurso núm. 471/1997 ; 22 de enero de 1999, recurso núm. 1353/1994 ; 15 de febrero de 2000, recurso núm. 1514/1995 ; 26 de junio de 2000, recurso núm. 2072/1095 ; 13 de junio de 2003, recurso núm. 3361/1997 ; 8 de julio de 2004, recurso núm. 5273/1999 y 19 de julio de 2004, recurso núm. 3265/2000 ;
19 de mayo de 2005, recurso núm. 1962/2001 ; 18 de julio de 2007, recurso núm. 5623/2000 ; 11 de febrero de 2009, recurso núm. 574/2003 ; 3 de marzo de 2010, recurso núm. 2766/2001 y
29 de noviembre de 2010, recurso núm. 945/2008 ).
Obviamente, no toda crítica o información sobre la actividad laboral o profesional de un individuo constituye una afrenta a su honor personal. La protección del artículo 18.1 de la Constitución solo alcanza a aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido ( STC 180/1999 , FJ 5).


3.- El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información. La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión o de información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos, que debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( sentencias de 12 de noviembre de 2008, recurso núm. 841/2005 ; 19 de septiembre de 2008, recurso núm. 2582/2002 ; 5 de febrero de 2009, recurso núm. 129/2005 ; 19 de febrero de 2009, recurso núm. 2625/2003 ; 6 de julio de 2009, recurso núm. 906/2006 ; 4 de junio de 2009, recurso núm. 2145/2005 ; 22 de noviembre de 2010, recurso núm. 1009/2008 ; 1 de febrero de 2011, recurso núm. 2186/2008 ).
Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

4.- Cuando entra en juego el derecho a la libertad de expresión , que es el invocado en este proceso, la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.
Desde este punto de vista, la ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostenta los derechos a la libertad de información y de expresión sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( sentencia de esta Sala de 11 de marzo de 2009, recurso núm. 1457/2006 );
(ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresión , según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige ( SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4 ; y 204/2001, de 15 de octubre , F. 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática» ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 , y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43 ).
5.- La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión tomando en consideración las circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado.

Desde esta perspectiva, (i) por una parte, la ponderación debe tener en cuenta si la crítica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, pues entonces el peso de la libertad de expresión es más intenso, como establece el artículo 8.2.a) de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor , a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en relación con el derecho a la propia imagen, aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la sentencia de esta Sala de 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la «proyección pública» se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias; por otra parte, según la jurisprudencia que antes se ha citado, tratándose del prestigio profesional debe examinarse si el ataque reviste un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental; (ii) la protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) de la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental ( SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, F. 2 ; 134/1999, de 15 de julio, F. 3 ; 6/2000, de 17 de enero, F. 5 ; 11/2000, de 17 de enero, F. 7 ; 110/2000, de 5 de mayo, F. 8 ; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 7 ; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5 ; y 148/2001, de 15 de octubre , F. 4, SSTC 127/2004, de 19 de julio , 198/2004, de 15 de noviembre , y 39/2005, de 28 de febrero ). En relación con ese último punto, de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables. El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor , a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor.
La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política, y así lo viene reconociendo esta Sala, entre otras, en las sentencias núm. 13/2009, de 26 de enero de 2010 (en la que se relaciona a un partido político con un grupo terrorista); 303/2010, de 13 de mayo (se critica una actuación política del partido de la oposición); 685/2010, de 5 de noviembre de 2010 (referida a imputaciones hechas al alcalde por el partido de la oposición en un boletín popular); 754/2010, de 1 de diciembre (discusión política).
Sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al ámbito estricto del ágora política, sino que la jurisprudencia viene aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. Así, las sentencias de esta Sala núm. de 850/2010, de 22 de diciembre (en el contexto de la dialéctica sindical); 800/2010, de 22 de noviembre (sobre imputación a un concejal de delito de estafa y falsificación documental que luego es absuelto); 60/10 bis, de 9 de febrero y 255/2010, de 21 de abril (en conflicto laboral); 199/2009, de 18 de marzo (confrontación en ámbito de periodismo futbolístico). “


TERCERO.- Descendiendo al presente supuesto, la valoración de la prueba practicada conduce necesariamente a la desestimación de la demanda. En efecto, en el presente caso lo que se advierte es la discusión en un foro de Internet entre el demandante y el demandado sobre la compra de un teléfono móvil. En ese contexto de disconformidad, sin que resulte acreditado que el teléfono móvil era conforme a lo contratado (es significativo el silencio que sobre la materia guarda el actor en su declaración) se vertieron una serie de expresiones que no son objetivamente injuriosas en la gravedad e intensidad necesarias para constituir una intromisión ilegitima en el derecho al honor.
Lo primero que llama la atención y que revela por sí la insignificancia de la conducta es la dificultad de advertir las expresiones objetivamente hirientes u ofensivas. En la documentación adjuntada a la demanda éstas no se aprecian y tan sólo el reconocimiento del demandado cuando a preguntas del letrado del actor admite haber empleado los términos “gentuza”, “impresentables” o “tipejos”, permite al demandante sostener en fase de conclusiones su argumentación. Pues bien, si se lee detenidamente la conversación cibernética se advierte con plena claridad la ausencia de un ánimo específico de vilipendio en el actor que simplemente da cuenta y critica un servicio profesional prestado que entiende deficiente. Y en ese contexto puede emplear los términos relatados que en modo alguno, analizadas las circunstancias concurrentes, poseen entidad suficiente para estimar vulnerado el derecho al honor. No puede desconocerse que el propio actor también en su contestación a los comentarios emplea un lenguaje subido de tono, llegando a realizar un juego de palabras con el apellido del demandado. En este contexto de critica profesional, en el marco de una discusión, el empleo recíproco de expresiones que pudieran resultar hirientes no goza de significación suficiente para la vulneración del derecho al honor, que en todo caso es siempre de menor entidad que el de la libertad de expresión, garantía de una verdadera sociedad democrática. Si ponderamos los derechos en conflicto conforme a los parámetros antes apuntados, resulta de modo indubitado la prevalencia en este supuesto del derecho a la libertad de expresión y crítica.

Por otra parte, el honor como bien personalísimo no puede ser objeto de cesión y en este caso la conversación y la identificación del destinatario del supuesto derecho al honor es una empresa cuya relación con el actor éste no acredita fehacientemente.

En suma, que analizadas las circunstancias, la discusión recíproca, la levedad de las expresiones (no son insultos como tales), la crítica justificada que excluye cualquier ánimo específico de ultraje, no puede entenderse vulnerado el derecho al honor, como tampoco se advierte en los demandados incumplimiento alguno del contrato ni infracción de la ley de protección de datos. Ningún dato de carácter personal se refleja, lo que sí hace el actor en cambio, y ningún contrato puede incluir una cláusula que entre en colisión con un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión.

Por todo lo anterior, procede la desestimación de la demanda.

 

CUARTO.- De conformidad con el principio del vencimiento
objetivo consagrado en el artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas al actor al ser rechazadas todas sus pretensiones

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


DESESTIMO la demanda interpuesta por D. J.A.P.R., representado por el procurador D. Emilio Solís Rodríguez, frente a D. J.G.R.C., representado por la procuradora D. ª Miriam Menéndez Díaz, y frente a “WEBLOGS, S.L.” representada por la procuradora D.ª Inés Blanco Pérez, siendo parte el Ministerio Fiscal, y ABSUELVO a éstos de todas las peticiones efectuadas en su contra, imponiendo al actor las costas de este procedimiento.


Dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese testimonio a las actuaciones e incorpórese ésta al Libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de 20 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado que la ha dictado, estando celebrando Audiencia pública el mismo día de su fecha.


Nueva socia de Bufet Almeida. Nuevo despacho en Madrid.

06.10.2014 | por: Asesoramiento jurídico integral, responsabilidad civil, defensa de empresas, Internet y las nuevas tecnologías

Tras más de diez años vinculada al despacho como colaboradora independiente, la letrada Yolanda Alba Cervera se ha incorporado a la firma en calidad de socia y administradora. Sus principales especialidades son la legislación marcaria y de propiedad industrial, así como la protección de datos de carácter personal.

Al mismo tiempo, Bufet Almeida ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la letrada Dulce Acero Barrado, con despacho en Madrid, calle Ferraz, 19, 1º derecha, y teléfono 91 222 69 93.