FrEE CRITICA EL TREMENDISMO DE UNA RECIENTE INFORMACIÓN SOBRE "HACKERS".
30 de noviembre de 1998
El pasado miércoles 18 El País anunció en portada
que unos "hackers" habían conseguido entrar en un servidor del Ministerio
del Interior y tener acceso a "datos reservados". Afortunadamente, El País
publicó al día siguiente unas declaraciones del Ministerio
del Interior desmintiendo que el ataque hubiera tenido éxito o que
se hubiera tenido acceso a información sensible. Desconocemos si
la confusión se originó en el Ministerio del Interior, en
El País o es una combinación de ambos, pero Fronteras Electrónicas
España considera que el suceso ha sido presentado de forma excesivamente
tremendista y alarmante para los ciudadanos y ciudadanas de este país.
En concreto:
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El acceso ilegal a un ordenador (que normalmente se denomina "hacking",
aunque este término es una expresión mucho más general
que describe una multitud de actividades que se pueden realizar con un
ordenador, la mayoría de las cuales no son delictivas) es sin duda
un delito. Pero es un delito específico que no se debe disfrazar
con otros. Así, es práctica común en diligencias judiciales
hablar de un perpetrador como "suplantador de identidad" o "accediendo
a información reservada", cuando éste se ha limitado a conseguir
unas contraseñas. Esta actividad es sin duda ilegal y punible, pero
no tiene nada que ver con suplantaciones o ataques a la privacidad. Si
un criminal consigue una llave de mi casa y entra en ella, está
cometiendo un delito, pero ningún jurista diría que está
cometiendo "suplantación de personalidad".
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Desgraciadamente, estas descripciones inadecuadas toman un matiz alarmante
si se usan para describir un ataque a un ordenador del Ministerio de Interior.
Las palabras "datos reservados" relacionadas con Interior y el tono críptico
general de toda la noticia hizo pensar a muchas personas en la posibilidad
de que los perpetradores hubieran conseguido información realmente
vital y sensible al acceder a alguna base de datos con información
que, en manos de terceros, pusiera en serio peligro nuestra privacidad
o incluso se usase con propósitos criminales. Afortunadamente, El
País desmintió este extremo, pero el susto era absolutamente
innecesario.
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La reacción del Ministerio del Interior nos parece desproporcionada.
Si se trataba de un ordenador que se limitaba a albergar páginas
web y el ataque fue fallido no se entiende muy bien por qué se pidió
al FBI que tomara cartas en el asunto. De hecho, a nivel legal, parece
poco razonable considerar un intento frustrado de entrar a un servidor
como un crimen. Los administradores de sistema se encuentran con
estos ataques muy a menudo y la forma típica de actuar es tomar
nota de qué problema del sistema está usando el perpetrador
para tener acceso y ponerle remedio con algún "parche" de software.
Por otro lado, si era vital descubrir la identidad del perpetrador, hubiera
sido mucho más sencillo prepararle una "trampa". Dejarlo acceder,
averiguar desde dónde se accedía, seguir la cadena en el
más que probable caso que se utilizara más de un servidor
para ocultar la procedencia real, y finalmente, identificar al perpetrador.
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La descripción de los hechos sigue siendo muy poco clara a nivel
técnico. Consideramos importante conocer a rasgos generales la forma
de entrada, especialmente porque las informaciones ofrecidas hasta ahora
son muy confusas. Para complicar más aún las cosas, en la
primera noticia aparecida en El País se hablada de "máxima
intensidad del ataque" lo cual hace pensar más en un envío
masivo de correo electrónico (mailbombing) que en un típico
ataque para tener acceso ilegal a una máquina.¿No nos encontraremos
más bien ante un intento de sabotaje para obligar a la máquina
de Interior a reiniciarse? ¿O quizás sólo se trata
de un gamberrete que consiguió uno de esos programas para tener
acceso no autorizado a una máquina y que se usó sin entender
muy bien el funcionamiento?
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