Comparecencia en el Congreso

 

Comparecencia de don Carlos Sánchez Almeida, Director Jurídico y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), para que evalúe los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, así como los riesgos a los que se enfrentan los usuarios de Internet en España frente a los ataques y vulneraciones de ciberseguridad.

 

Ante todo, permítanme agradecer, en nombre de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la invitación de esta Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, agradecimiento que les traslado también en nombre de su presidenta Virginia Alonso y su secretaria general, Yolanda Quintana.

Si bien es la primera vez que hablo en el Congreso, no es la primera vez que me dirijo a las Cámaras, ya que el Senado me invitó en otras dos ocasiones para hablar de temas parecidos. Y ya entonces, allá por el año 2001, cité en el Senado una sentencia que voy a volver a citar hoy, porque me parece extraordinariamente relevante, por su carácter fundacional y su influencia en el devenir histórico de lo que ha sido la red. Me estoy refiriendo a la sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Pensilvania en el caso que enfrentó a la Unión Americana de Libertades Civiles contra la Fiscal General de los Estados Unidos. El fallo de la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania puede ponerse al nivel de las grandes declaraciones de derechos del hombre porque expresa algo que tendrían que tener en cuenta todos los legisladores a la hora de intentar regular Internet. Dice textualmente: «Dejando aparte las siglas y el argot que han sembrado la vista, Internet puede muy bien ser descrita como una conversación universal, sin fin. El Gobierno no puede, a través de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, interrumpir esa conversación. Como la forma participativa de expresión de masas más desarrollada jamás conocida, Internet merece la más estricta protección frente a la intrusión gubernamental. Es cierto que muchos encuentran algunas de las expresiones o manifestaciones en Internet ofensivas y es cierto, también, que en medio del estruendo del ciberespacio muchos oyen voces que consideran indecentes. La ausencia de regulación gubernativa de los contenidos de Internet ha producido, incuestionablemente, una especie de caos, pero como uno de los expertos propuestos por los demandantes indicó en el curso de la vista, lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. La fuerza de Internet es ese caos. Como sea que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía de expresión sin trabas que protege la Primera Enmienda

La sentencia es histórica, además de por su belleza intrínseca -a veces los textos jurídicos son excepcionalmente bellos, y en esto nos llevan mucha ventaja en Estados Unidos- por las consecuencias que tuvo para el desarrollo de internet. Si en aquel momento fundacional se hubiese otorgado al gobierno estadounidense la capacidad de censurar la red, todo hubiese sido distinto. Lo que dice esa sentencia también ha inspirado durante muchos años la actitud de los movimientos ciberactivistas frente a los intentos de regulación de la red, que nos han llevado siempre a desconfiar de las regulaciones gubernamentales de internet.

Durante muchos años, los internautas españoles nos hemos opuesto contra diferentes iniciativas de control gubernamental de los contenidos de internet. Y en todo momento hemos reivindicado la primacía del Poder Judicial en el control de dichos contenidos, por dos hechos jurídicos fundamentales. De acuerdo con nuestra Constitución, solo el Poder Judicial puede secuestrar publicaciones, y toda internet es una publicación. Y solo el Poder Judicial puede interceptar legalmente telecomunicaciones en caso de delito: esa es la mayor garantía de nuestra privacidad.

En 2001 los internautas españoles protestábamos contra el anteproyecto de LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información porque en sus primeros redactados posibilitaba la censura gubernativa. Gracias a aquella movilización, el texto final de la Ley exigió expresamente que cualquier retirada de contenidos viniese avalada judicialmente. A lo largo de toda la década, los internautas se movilizaron una y otra vez por parecidos motivos, hasta que en el año 2009 apareció un anteproyecto de reforma que permitía la intervención administrativa en materia de propiedad intelectual, que sería bautizado en las redes como Ley Sinde. A dicho anteproyecto se respondió con un Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet, que puede consultarse en Wikipedia.

Todo cuanto sosteníamos en aquel manifiesto lo seguimos sosteniendo ahora. Durante muchos meses los internautas mantuvieron el pulso, hasta el punto de que el Gobierno de entonces perdió su primera votación parlamentaria de tal proyecto de ley, que tuvo que ser enmendado para asegurar la intervención judicial. Ecos de aquél desafío llegaron hasta los días del 15M, en cuya organización telemática tuvieron un papel destacado los ciberactivistas de aquellos días.

Sería precisamente el 15M y sus consecuencias el germen de buena parte de la legislación que en estos días está poniendo cerco a la libertad de expresión en internet.  Muchas de las protestas que entonces tuvieron lugar aprovecharon, al igual que los hackers, los márgenes que dejaba el código. Se llegó hasta las líneas rojas del ordenamiento jurídico, sin cruzarlas. Lo que hizo el legislador a partir de entonces fue adelantar tales líneas rojas, convirtiendo en prohibidas prácticas de protesta que hasta entonces estaban toleradas. Es el advenimiento de las leyes mordaza, en plural.

Y decimos leyes mordaza, en plural, porque no estamos hablando solo de una ley. Además de la Ley de Seguridad Ciudadana, la legislatura 2011-2015 vivió la aprobación de reformas en múltiples leyes que afectaban a nuestra libertad de expresión: Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si alguien quiere profundizar en el contenido de tales reformas le recomiendo un texto que publicamos en la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y que pueden buscar en la web: ‘Manual práctico sobre las leyes mordaza’.

Y hablando de la PDLI, les explicaré que esta Plataforma se funda en el año 2014, por un grupo de organizaciones, profesionales y periodistas preocupados por la evolución de nuestras libertades.

Como se indicaba en nuestros textos fundacionales, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) surge por la preocupación de un grupo de organizaciones y personas del ámbito jurídico, del periodismo y de los movimientos sociales ante las amenazas a los derechos de libertad de información y de expresión en España.

Reformas legales que penalizan el derecho de protesta y la difusión de información, como el Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, o que impiden el normal funcionamiento de Internet, como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; normas que obstaculizan el acceso a la Justicia, como la de tasas judiciales; o que neutralizan el derecho a la información pública, como ocurre con la mal llamada Ley de Transparencia; o prácticas que, desde el poder político, buscan el control de los medios, como la contratación de publicidad institucional como elemento discrecional para garantizar la supervivencia de medios afines frente a los que no lo son, ponen de manifiesto lo precario de estos derechos esenciales.

Al mismo tiempo, en un contexto de crisis económica y política en el que surgen nuevas formas de protesta apoyadas en gran medida en la libertad de información que, en particular, permite Internet, desde el poder se reacciona con contundencia para frenar su desarrollo, a través de iniciativas que llegan a vulnerar derechos fundamentales.

Entre las actividades que la PDLI tiene previsto realizar destacan el seguimiento y difusión de los ataques a la libertad de expresión, tanto contra periodistas y medios, como contra activistas, movimientos sociales o ciudadanos.

La PDLI también promoverá campañas para reaccionar a proyectos de ley restrictivos de las libertades de expresión e información, y pondrá en marcha acciones de formación, dirigidas tanto a periodistas como a activistas y movimientos sociales, para un ejercicio "seguro" de ambos derechos.

Y la verdad es que no hemos dado abasto en los últimos tres años. Nuestros peores temores se han venido cumpliendo, y es en estos días de acumulación de noticias sobre recortes en la libertad de expresión cuando se ven las consecuencias de la legislación que en su día denunciábamos. Una situación de regresión de libertades que solo se puede enmendar, a nuestro juicio, mediante una reforma del Código Penal que suprima las penas de prisión por delitos de opinión.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, y al mismo tiempo es más que un derecho fundamental: es la condición previa para el ejercicio de los restantes derechos fundamentales. Y se lo dice alguien que considera el derecho a la igualdad ante la ley como el derecho más importante. Sin libertad de expresión no hay derecho de igualdad, porque nos quitan la boca para poder exigir que no haya discriminación.

Es necesario que todos los partidos comprendan que la libertad de expresión son las líneas que delimitan el campo de juego: sin ella no se puede jugar el partido. Y todos los partidos tienen que entender por igual que el adversario tiene derecho a hablar sin que sus opiniones puedan llevarlo a la prisión. Todos los partidos por igual.

Se habla mucho en estos tiempos de reforma constitucional, de ampliar el ámbito de nuestros derechos. Pues bien, tengo que decir hoy aquí que para conseguir ese fin tan ambicioso quizás tengamos que emprender un camino más modesto. Para conseguir el consenso que toda reforma constitucional necesita, primero nos tenemos que poner de acuerdo en dónde están las líneas rojas de nuestros derechos, revisando en profundidad esa Constitución en negativo que es nuestro Código Penal. Todos los partidos tienen que implicarse en una reforma del Código Penal que garantice nuestro derecho a la libertad de expresión. Una vez establecido dónde están las líneas rojas podremos marcarnos objetivos más ambiciosos como la reforma constitucional.

Un debate en el que la PDLI ha sido particularmente activa es el del anonimato y la utilización de seudónimo en internet. Un derecho que, junto al del cifrado, el Reglamento General de Protección de Datos reconoce a los ciudadanos europeos. La reversión del anonimato, como la suspensión de cualquier derecho fundamental en internet por razones de delito, debe seguir siendo competencia exclusiva del Poder Judicial.

Hasta ahora he hablado de los riesgos de nuestra libertad de expresión surgidos del pulso entre gobiernos y sociedad, pero hay otros riesgos que surgen de la propia sociedad. Estoy hablando de los ciberdelitos y de las noticias falsas.

En internet todo es rastreable. Los miembros de esta comisión ya han tenido la ocasión de escuchar a Elvira Tejada, fiscal especializada en ciberdelincuencia, que les explicó la problemática de la investigación de ciberdelitos. Pues bien, para saber quién ha participado en un acoso telemático, o quién hay detrás de la incitación a la discriminación en las redes, los elementos de investigación nos los da la propia red, donde todo deja huella. Lo mismo pasa con las noticias falsas: para saber quién está detrás de un bulo sembrado en Twitter, la mejor herramienta de investigación es el propio Twitter.

Les recomiendo que sigan el trabajo de investigación de la doctora Mari Luz Congosto, de la Universidad Carlos III. Lleva bastantes años en ello, y sus nubes de usuarios de Twitter se han hecho conocidas, y son fundamentales para saber cómo se forman las olas que desembocan en los trending topics.

Quien siembra mentiras en la red, acaba siendo víctima de sus propias mentiras. En una sociedad transparente, donde cada internauta es un verificador en potencia, las mentiras tienen las patas muchísimo más cortas. Hay medios técnicos para rastrearlas, de la misma forma que hay medios técnicos para perseguir los ciberdelitos.

Con ello no quiero decir que haya que criminalizar las noticias falsas, solo recordar que todo lo que pasa en la red admite un análisis técnico, más allá de la primera opinión. Como nos decía la fiscal especialista en esta misma Comisión, ya existen tipos penales que castigan las noticias falsas, en materia de cotizaciones en Bolsa y en casos de falsas alarmas. Establecer un tipo penal que castigue las noticias falsas en prensa, más allá de los supuestos aludidos, puede ser muy peligroso.

Desde la PDLI ya hemos intervenido en alguna ocasión en este debate. Hemos organizado jornadas de debate contra las noticias falsas, y hemos sacado un par de manifiestos, uno de ellos de fórmulas contra las noticias falsas, y otro en defensa de la libertad de información.

No quería acabar esta intervención sin hacerme eco de una declaración conjunta sobre la libertad de expresión y las noticias falsas, la desinformación y la propaganda que ha sido impulsada por la ONU, la OSCE, la OEA y ACHPR. Buena parte de lo que sostienen es lo que vienen impulsando la PDLI desde hace años.

Hemos de desarrollar nuestras leyes para garantizar la libertad de expresión de acuerdo con los parámetros internacionales, y muy especialmente de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostiene en distintas sentencias que no está justificada la prisión en casos de difamación.

La seguridad no está en conflicto con la libertad de expresión. En tiempos de mentira universal, la verdad es revolucionaria, sostenía George Orwell. La seguridad no debe ser excusa para recortar libertades, sino al contrario, es la máxima transparencia la que mejor asegura nuestros derechos.

Para perseguir el ciberdelito, tenemos que dotar de mecanismos ágiles a nuestros jueces y ciberpolicías, pero sin menoscabo de las libertades de todos, lo que exige control judicial en todos los casos donde esté comprometido el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.

No debemos temer la libertad. Durante muchos siglos, el control del poder ha significado el control de la información. Internet, como toda herramienta de comunicación, ha posibilitado lo mejor y lo peor: ha liberado medios de información para todos, pero también ha puesto lo peor de la propaganda en manos de toda la sociedad. Los gobiernos y las grandes empresas han perdido el monopolio de la propaganda, el monopolio de decir qué es y qué no es verdad. No se lo devolvamos: la verdad nos pertenece a todos.            

Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2018.

 

 

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