Desestimada la demanda contra Menéame presentada por un concejal del PP de Marbella

18.04.2017

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE MARBELLA (ANTIGUO JUZGADO MIXTO Nº 6)

 

PROCEDIMIENTO: Juicio ordinario nº 948/16

 

SENTENCIA núm. 97/17


En Marbella, a doce de abril de dos mil diecisiete.

Vistos por mí, D. Ángel-J. Sánchez Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Marbella (antiguo Juzgado Mixto nº 6), los presentes autos de Juicio ordinario número 948/16, sobre tutela del derecho al honor, seguidos a instancias de D. D.L.M. representado por la Procuradora Sra. Cabellos Menéndez y asistido del Letrado Sr. Barrientos Ruiz, contra la entidad Menéame Comunicaciones, S.L. representada por el Procurador Sr. Garrido Franquelo y asistida de la Letrada Sra. López Casas, siendo parte el Ministerio Fiscal; y de conformidad con los siguientes,


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la indicada representación de D. D.L.M. se presentó escrito formulando contra la entidad Menéame Comunicaciones, S.L. demanda de juicio ordinario sobre tutela del derecho al honor que habría de tramitarse con intervención del Ministerio Fiscal, y en la que, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables al caso, terminó solicitando que, tras los trámites legales oportunos, se dicte sentencia por la que se declare que ha existido una intromisión ilegítima en el honor del demandante y se condene a la demandada a: 1) la difusión íntegra de la sentencia que recaiga en la web de www.meneame.net, o, en su caso, el contenido del fallo con indicación temporal de la permanencia del mismo; 2) se condene a la demandada a indemnizar los perjuicios causados, indemnización que se cifra en 30.000 euros en base a la amplia difusión y el tiempo durante el que ha estado disponible la noticia y los comentarios, o en la cantidad que prudencialmente fije el Juez teniendo en cuenta los antecedentes de esta demanda; con expresa imposición de las costas causadas.

SEGUNDO.- Que, admitida a trámite la demanda, una vez subsanado el defecto procesal observado, con traslado de la misma y de los documentos a ella acompañados, se emplazó a la demandada y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 20 días comparecieran y contestaran a la demanda, lo que verificaron en plazo y forma oponiéndose a la misma, interesando el Ministerio Fiscal se dicte sentencia conforme a lo que resulte probado.

TERCERO.- Que, verificado lo anterior, se convocó a las partes a la audiencia previa prevenida por el art. 414 de la N.L.E.C.. Comparecidas las partes el día y hora finalmente señalados, tras una suspensión y nuevo señalamiento por el motivo que consta en autos, y abierto el acto, se celebró la misma con el resultado que obra en autos. Recibido el juicio a prueba, por el actor se propuso prueba documental, por la demandada prueba documental, y por el Ministerio Fiscal prueba documental, acordándose declarar el procedimiento concluso para sentencia sin necesidad de celebración de juicio, tras el correspondiente trámite de conclusiones, conforme al art. 429,8 de la N.L.E.C., resolución devenida firme al no ser recurrida por ninguna de las partes.
Evacuado por las partes el trámite de conclusiones en el que el Ministerio Fiscal interesó la desestimación de la demanda, se declaró el procedimiento concluso para dictar sentencia.

CUARTO.- Que en la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita el actor D. D.L.M. en el presente litigio la acción de tutela del derecho fundamental al honor con reclamación de indemnización por importe de 30.000 euros frente a la la entidad Menéame Comunicaciones, S.L., y ello en relación con unas expresiones publicadas en la web www.meneame.net, de la que es titular la demandada, concretamente en los comentarios al pie de una noticia publicada en dicha web el 5 de noviembre de 2.015, a las 13,00 horas, que decía “El concejal de Fiestas del PP de Marbella gastó 14.600 euros en teléfono en un mes”, comentarios consistentes en “este es un hijo de puta”, “un ladrón de toda la puta vida” y “ladrón”, expresiones que constituyen insultos y expresiones injuriosas y nada tiene que ver con la libertad de expresión, sin que el actor haya sido nunca condenado por ningún hecho en todo su vida, no siendo veraces ni de interés general, no apareciendo legitimados por el derecho a la crítica ni a la libertadd e información y expresión; comentarios que no fueron borrados o retirados por la demandada, pese a los requerimientos realizados al efecto desde el mes de septiembre de 2.016, y que aparecían como “comentario destacado”, todo lo cual ha ocasionado un enorme perjuicio al demandante dada la amplia difusión de los comentarios, que han sido compartidos en las redes sociales de forma viral, existiendo responsabilidad de la mercantil demandada como titular del dominio en el que se publicaron los comentarios ofensivos por su falta de diligencia y colaboración.

La entidad demandada, Menéame Comunicaciones, S.L., se opuso a la demanda, alegando, en síntesis, que no es responsable de los comentarios efectuados por los usuarios en la web de cuyo dominio es titular, que no tuvo conocimiento de la concreta ubicación de los comentarios injuriosos objeto de la demanda hasta la recepción de la demanda dado que en las comunicaciones previas no se acreditaba que el firmante ostentara la representación del hoy demandante ni se identificaba adecuada y suficientemente la noticia en cuestión, que el objeto y finalidad de la web es incorporar enlaces a noticias de medios ajenos aportados por los usuarios sin publicar noticias ni reportajes propios, que la página web contiene un volumen de información que justifica la dificultad y casi imposibilidad de encontrar una noticia concreta careciendo de medios personales suficientes para ello y para gestionar la enorme cantidad de e-mails que llegan a las direcciones de la demandada, aunque procedió con diligencia a retirar los comentarios injuriosos cuando pudo localizar su ubicación por disponer de datos suficientes, lo que tuvo lugar tras la recepción de la demanda, que la noticia de la que parten los comentarios objeto de litis se enmarca en un contexto de crisis económica y con innumerables casos de corrupción, con una considerable sensibilización ciudadana, debiendo tenerse en cuenta que el actor ejercía un cargo político, el de Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Marbella, viniendo generados los comentarios por una noticia que hace referencia a una presunta irregularidad cometida por el mismo en el ejercicio de dicho cargo, no
pudiendo atribuirse por ello carácter injurioso ni atentatorio contra el derecho al honor a las expresiones vertidas en los comentarios de acuerdo con la doctrina establecida al respecto por el Tribunal Supremo; no habiéndose acreditado la producción de perjuicios ni justificado en absoluto el importe que se reclama.

 

Por último, el Ministerio Fiscal, tras interesar en su contestación que se dictara sentencia conforme a lo que resultase probado, en trámite de conclusiones en el acto del juicio se opuso a la estimación de la demanda argumentando que no ha existido lesión del derecho al honor, por carecer las expresiones vertidas de entidad suficiente para ser consideradas como una intromisión ilegítima en el mismo atendido en particular el contexto social en el que se produjeron y el medio de publicación, una plataforma web, tratándose de comentarios de terceros respecto de una noticia que causaba un particular rechazo social, careciendo, además, las expresiones publicadas del suficiente valor peyorativo, debiendo entenderse que no se formulan o dirigen de forma concreta contra una persona, sino que se formulan como crítica respecto de una determinada forma o manera de actuar en el ámbito político, sin intención de lesionar el derecho al honor, con gran dificultad de control al respecto por parte de la demandada prestadora del servicio de portal de noticias y comentarios.

SEGUNDO.- El honor viene entendiéndose como el buen nombre, la fama, la estima o la reputación de las personas. Tiene una doble dimensión, pues tanto es el concepto que uno tiene de sí mismo (autoestima) como el concepto que de uno tienen los demás (heteroestima o fama). El derecho al honor es un derecho relativo, circunstancial, ya que depende en cada caso del ámbito que por sus propios actos mantiene reservado cada persona para sí (o su grupo -familia u otro-). Consagrado con el rango de derecho fundamental en el art. 18.1 de la CE , en la práctica es frecuente que entre en colisión con otros derechos también fundamentales, singularmente los derechos a la información y a la libertad de expresión (arts. 20.1.d y a) que son pilares básicos en una sociedad plural y democrática, en cuanto contribuyen a la formación de la opinión pública. Y es doctrina consolidada que cuando el derecho al honor entra en colisión con la libertad de expresión éste (como regla, aunque no siempre ni necesariamente) prevalece sobre aquél, salvo que los pensamientos, ideas u opiniones manifestados contengan expresiones indudablemente injuriosas (entendiendo por tales los insultos) o absolutamente vejatorias (entendiendo por tales aquéllas que dadas las concretas circunstancias del caso y al margen de su veracidad o inveracidad sean ofensivas u oprobiosas) o sin relación con las ideas u opiniones expuestas y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas.

Así las cosas, y entrando en la cuestión de fondo, ha de partirse de que las partes están conformes, tal y como quedó expresamente fijado en el acto de la audiencia previa, en cuanto a que en la web www.meneame.net, de la que es titular la demandada Menéame Comunicaciones, S.L., se publicó con fecha de 5 de noviembre de 2.015, a las 13,00 horas, una noticia que decía “El concejal de Fiestas del PP de Marbella gastó 14.600 euros en teléfono en un mes”, cargo que ostentaba por entonces el actor D. D.L.M., noticia a cuyo pie fueron publicados comentarios consistentes en “este es un hijo de puta”, “un ladrón de toda la puta vida” y “ladrón”, con la consiguiente difusión. Pues bien, fijado dicho punto de partida, el debate litigioso se centra en determinar si tales expresiones son o no atentatorias contra el honor del actor Sr. D.L.M., y, en su caso, si la mercantil demandada titular de la plataforma web tuvo o no un conocimiento efectivo de la publicación de tales expresiones en los comentarios a la noticia, si conoce a los autores de los comentarios, si actuó o no con la debida diligencia en la retirada de tales comentarios una vez fueron conocidos, y sobre la existencia o no de responsabilidad por su parte en relación con dicha publicación, y sobre la existencia o no de perjuicios y su cuantificación, en su caso, todo ello como quedó, igualmente, fijado en la audiencia previa.

Se trata, pues, de determinar, en primer lugar y como presupuesto esencial de la acción entablada, si las expresiones objeto de litis (antes reseñadas) son o no constitutivas de lesión o intromisión ilegítima en el derecho al honor. Y a este respecto es preciso, abundando en lo ya expuesto al inicio de este Fundamento, profundizar en ello y hacer algunas consideraciones legales y jurisprudenciales a propósito del derecho al honor y su protección civil, así como sobre los limites resultantes de la integración con otros derechos también fundamentales, comenzando por examinar la doctrina jurisprudencial existente en la materia, de la que es muestra la Sentencia dictada por la Sala 1ª del Tribunal Supremo con fecha de 4 de junio de 2.009 (recurso núm. 1705/2006. Pte: Sierra Gil de la Cuesta, Ignacio), que señala que “El tantas veces producido conflicto entre el derecho al honor de las personas y el derecho a la libertad de información y expresión ha sido ampliamente estudiado por la jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional, que entienden que la delimitación de la colisión entre tales derechos ha de hacerse caso por caso y sin fijar apriorísticamente los límites entre ellos, y que la tarea de ponderación o proporcionalidad ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad, del artículo 18 de la Constitución Española, ostenta el derecho a la libertad de expresión y de información. Por otro lado, las expresiones supuestamente injuriosas han de ser examinadas por el juzgador en su contexto, sin incurrir en el error de abstraer las palabras del ámbito en el que fueron proferidas ni de sus autores”.

Y la Sentencia nº 26/2017, de 1 de febrero, de la Sección 11ª de la A.P. de Madrid (rec. núm. 929/2016), en su Fundamento Quinto, sintetiza la doctrina jurisprudencial existente en la materia, al decir "El artículo 18.1 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el artículo 20.1 reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra;, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (apartado a) y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (apartado d). Cierto es que ambos preceptos tiene su sede en la sección 1ª (de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas), capítulo segundo (Derechos y Libertades) del Título I de la Constitución (Derechos y Deberes Fundamentales), y que la posible colisión entre uno y otro derecho, dignos ambos de protección, ha dado lugar a una nutrida Doctrina, tanto por parte del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, en la que destaca la imposibilidad de fijar apriorísticamente los verdaderos límites o fronteras de uno y otro, y la puntualizaron de que la- Constitución otorga a las libertades del artículo 20 una "valoración que trasciende a la que es común y propia de todos los derechos fundamentales" (Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1986 y Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1988), llegando a afirmarse expresamente "la posición preferencial del derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1 d)" (Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de Diciembre de 1986), como también que tal preferencia despliega su eficacia cuando la información es de interés general o trascendencia pública, y veraz, y como tai se ha comprobado con los medios que a su alcance tenía el difusor (la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 1988 interpreta la exigencia de veracidad diciendo que cuando la Constitución requiere que la información sea veraz no está privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- sino estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transcriba como hechos haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose así de la garantía constitucional a quien defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado), por ello, en principio, sólo queda protegida por el ordenamiento la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. La distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su naturaleza abstracta, no se prestan a una demostración de su exactitud y ello hace que al que ejercita su libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, sin embargo, la legitimidad del derecho de información, por expreso mandato constitucional que ha añadido al término "información" del artículo 20-1 -d) el adjetivo "veraz"; por ello cuando de juicios de valor se trata tan sólo procede ponderar si es o no ofensivo de la dignidad de otro, si menoscaba su fama o atenta contra su propia estimación".


Y continúa diciendo, en relación con la protección del derecho al honor, en particular, de los cargos públicos y en el ámbito de la crítica política, que "Por lo demás, la libertad de expresión, por su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida o pueda molestar, inquietar o disgustar a aquél contra quien se dirige -vid. SSTC 6/2000 , 49/2001 y 204/200 - pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, y tiene como valladar el empleo de frases o expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se exponga, pues el artículo 20.1 a) de la Constitución española no reconoce un pretendido derecho al insulto -vid SSTC 148/2001 , 127/2004 y 39/2005 -, siendo, por otra parte, resaltable, que el peso de la libertad de expresión es mayor si la crítica o censura va dirigida a personas que ejerzan un cargo público o de proyección general, por ejercer actividad política, profesión relevante etc. -vid. SSTC 76/1995 y 9/2007 -. En efecto, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional quedan amparadas en el derecho fundamental a la libertad de expresión aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelan como necesarios para la exposición de ideas u opiniones de interés público -por todas, SSTC 107/1988 , 171/1990 , 181/2006 y 9/2007 - y que además, en la medida en la que no quede ya excluida su legitimación por su gratuidad a tales efectos, no sean "formalmente injuriosas" - SSTC 105/1990 , 200/1998 , 192/1999 - "absolutamente vejatorias" - SSTC 204/2001 y 174/2006 -, pues el campo de acción viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se exponga - entre otras muchas, SSTC 49/2001 , 181/2006 y 9/2007 - y la aplicación de esos cánones requiere atención especial a las concretas circunstancias en que las expresiones debatidas se vierten".

Y en el supuesto concreto sometido al juicio de apelación de la Sala, en el que eran demandantes personas que ostentaban los cargos de director general, director financiero y director comercial de Cooperativa Industrial de Óptica sociedad cooperativa, CIONE, y de Coordinadora Integral Óptica de Servicios Agrupados, S.L. CIOSA, respecto de la afirmación de que un tercero, Sr. Samuel, hijo de una empleada, había abierto un establecimiento a menos de 500 metros del regentado por el denunciante, lo que calificaba de "deslealtad y un signo de corrupción dentro de nuestra cooperativa", y otras expresiones semejantes, como "la mala utilización de la información confidencial de los socios por parte de trabajadores de Cione, para su propio beneficio", "tráfico de influencias por parte de la dirección de Cione a la hora de otorgar puestos de trabajo" y "falta de ética, responsabilidad, valores que tanto se promulgan en la Cooperativa, de la Directiva... que sólo les mueve su interés personal y económico", concluía la Sentencia que se analiza diciendo, en su Fundamento Sexto: "Si descendemos al caso de autos es evidente que los actos tachados de atentatorios al honor no constituyen intromisión ilegitima, sino ejercicio de la libertad de expresión y crítica, al amparo no sólo del artículo 20.1 de la Constitución española , sino de la normativa estatutaria que disciplina las relaciones entre los socios cooperativistas -v.gr. artículo 9 de los estatutos, que reconoce el derecho a participar en los debates, formular propuestas, exigir información sobre la marcha de la cooperativa y lo que afecte a los derechos económicos y sociales de los participes, o la propia existencia de un código ético para regular el modelo de comportamiento de socios, administradores y directivos, que fija como directriz la actuación ética, y política anticorrupción, exigente de transparencia- por lo que cabía al demandado, ante sucesos percibidos por él como conculcación de esos postulados éticos, alertar sobre tales circunstancias, promoviendo la investigación necesaria, y criticar la actuación ajena, sin que necesariamente esto active la protección civil del honor, tutela delimitada por las leyes y por los usos sociales -vid. artículo segundo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen- conforme a las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad. En definitiva, no existió imputación de hechos o manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que lesionaran la dignidad de otro, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación".

 

 
Asimismo, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la Sentencia nº 750/2016, de 22 de diciembre (rec. 1738/2015), afirma que "Esta delimitación de los derechos en conflicto y las razones hasta ahora expuestas determinan que esta sala comparta el juicio de ponderación del tribunal sentenciador y que no proceda revertir en este caso la prevalencia de la que goza en abstracto la libertad de expresión, particularmente cuando se ejerce por los profesionales de la información a través de un vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública como es la prensa, pues el periodista demandado se centró en exponer su juicio crítico acerca de la conducta del demandante que resultaba de los datos de que disponía (correos electrónicos y mensajes telefónicos SMS), siempre según su propia interpretación, tratándose de opiniones referidas a un asunto de indudable interés general por la materia (no en vano la reacción a la publicación de dichos correos fue que se sucedieran críticas y valoraciones que incluso veían en dicho comportamiento del Sr. Abilioun posible delito de tráfico de influencias) y, más aún, por la proyección pública de quien era un político de máximo nivel (expresidente del Gobierno de España) y de la otra persona involucrada (entonces presidente de Caja Madrid, una de las más importantes entidades financieras de este país), sin que en la exteriorización de tales opiniones se acudiera a frases, palabras o expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias". Y añade que "En este sentido procede traer a colación, por su pertinencia, la sentencia 164/2015, de 25 de marzo, que también consideró prevalente la libertad de expresión ejercida, como en el presente caso, en un artículo de opinión en el que se afirmaba que al exministro de Interior D. Romanno le interesaba que desapareciera ETA, razonando entonces esta sala que las expresiones que el demandante-recurrente consideraba ofensivas estaban «relacionadas con materias de interés público» y con «una persona con relevancia pública por su destacada participación en la actividad política» (exministro). La misma sentencia resume la posición actual de la jurisprudencia,
favorable a reconocer un ámbito muy amplio de crítica en relación con los personajes públicos, particularmente cargos políticos, siguiendo la línea marcada desde hace años por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso New York Times Co. versus Sullivan [376 U.S. 254 (1964)], y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (cuya jurisprudencia, por el juego conjunto de los arts. 10.2 de la Constitución y 32 y 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, informa en nuestro ordenamiento jurídico la interpretación de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales), en sus sentencias de 8 de julio de 1986 (caso «Lingens») y 14 de marzo de 2013 (caso Eon contra Francia ), recalcando que «los límites de la crítica aceptable son más amplios para un político, considerado en esta calidad, que para un particular: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitablemente y conscientemente a un control de sus acciones más tanto por parte de los periodistas como por la ciudadanía en general. Por lo tanto, debe mostrar una mayor tolerancia», doctrina que se reitera en la posterior STEDH de 14 de junio de 2016 (caso Jiménez Losantos contra España) y que se aplica también por el Tribunal Constitucional (p.ej. STC 216/2013 ) y por esta sala (p.ej. sentencias 102/2014, de 26 de febrero , y 767/2012, de 10 de enero)". Y concluye: "En definitiva, cuanto mayor sea la relevancia política de una persona, y la de un expresidente del Gobierno es máxima, mayor es la exposición de su conducta al escrutinio público y más alto el techo de las libertades de información y de opinión, especialmente si se ejercen en la prensa como elemento esencial de formación de la opinión pública, de forma que no existirá intromisión ilegítima en el honor cuando la opinión crítica fundada en hechos veraces no sobrepase el margen de tolerancia especialmente amplio de la crítica política, que en el presente caso debe considerarse respetado por el demandado en virtud de la extrañeza que objetivamente despertaba la mediación de un expresidente del Gobierno para que, según el diario «El País», Caja Madrid adquiriera una colección de arte por un precio desmesurado".

Y la Sentencia de la Sección 4ª de la A.P. de Málaga nº 707/2016, de 16 de diciembre (rec. apelación núm. 300/2015), se hace eco de la jurisprudencia del Tribunal Supremo recordando que "La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2016 (sentencia nº 617/2016 ) aunque referida a la doctrina del "reportaje neutral" sienta las bases de la ponderación entre el derecho al honor y la libertad de información y establece que "La ponderación de los derechos en liza, según criterio asentado por esta sala, debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (STC 68/2008; SSTS 25 de octubre de 2000, 14 de marzo de 2003, Rec. 2313/1997, 19 de julio de 2004, Rec. 5106/2000, y 6 de julio de 2009, Rec. 906/2006), pues entonces el peso de la libertad de información es más intenso. Como recuerdan las SSTS 472/2014, de 12 de enero de 2015 (Rec 1912/2012) y 378/2015, de 7 de julio (Rec 2050/20 3) que reiteran la doctrina de esta sala, la libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, como resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada (SSTC 139/2007 y 29/2009, FJ 5). Faltaría esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones".

Y recuerda la Sección 4ª de la A.P. de Málaga que "En cuanto al requisito de la veracidad, la sentencia del TS ya referida de 1 de julio de 2014, establece que "En cuanto al requisito de la veracidad de la información, la STC 28/1996, de 26 de febrero (citada por la STS 2/10/2009 ), se expresa en los siguientes términos: «3. En relación con el requisito de veracidad de la información, este Tribunal se ha cuidado en reiteradas ocasiones de rechazar tanto su identificación con el de objetividad (STC 143/1991, fundamento jurídico sexto), como su identificación con la «realidad incontrovertible» (STC 41/1994, fundamento jurídico tercero), que constreñiría el cauce comunicativo al acogimiento de aquellos hechos que hayan sido plena y exactamente demostrados (STC 143/1991, fundamento jurídico sexto). «Cuando la Constitución requiere que la información sea "veraz" no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como "hechos" haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse "la verdad" como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio» (STC 6/1988, fundamento jurídico quinto)". Y con respecto a la libertad sindical, la misma sentencia de 1 de julio de 2014 se pronuncia en el siguiente sentido: "En la misma STS
2/10/2009 se indica que, sobre el derecho a la libertad sindical, la STC 185/2003, de 27 de octubre reitera la doctrina de que el art. 28.1 de la Constitución, pese a su tenor literal, permite considerar integrado en el contenido esencial de tal derecho no solo la vertiente organizativa o asociativa sino también «la vertiente funcional, el derecho a la actividad sindical», y la STC 108/2008, de 22 de septiembre, con cita de la STC 281/2005, se refiere expresamente a los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información como instrumentos legítimos de acción sindical, permitiendo «la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige», siempre que las expresiones no sean gravemente ofensivas o vejatorias y el lenguaje se corresponda con el habitualmente utilizado «en la práctica sindical". Y continúa la sentencia expresando que "...sobre esta misma cuestión, la STS 01/06/2011, rec. 291/2008, recuerda que esta Sala, en las ocasiones que ha tenido de pronunciarse, lo ha hecho sobre diversas situaciones: «a) en general se ha considerado que las críticas o incluso las palabras injuriosas vertidas en un marco de confrontación sindical no constituyen intromisión ilegítima en el honor de las personas criticadas (SSTS 18 julio 2007, rec. nº 5623/2000; 10 diciembre 2008, rec. nº 716/2005; 14 enero 2009, rec. nº 1459/2004; 22 diciembre 2010, rec. nº 524/2008 y 3 marzo 2011, rec. nº 1777/2008); b) se ha ponderado la libertad de informar a los trabajadores de la empresa a la que iban dirigidas las informaciones que podían constituir una intromisión ilegítima al honor del afectado, siempre que en este caso se cumpliera el requisito de la veracidad (SSTS de 2 octubre 2009, rec. nº 1862/2005; 21 abril 2010, rec. nº 1728/2007; 16 noviembre 2010, rec. nº 204/2008); c) en cambio se ha considerado atentatorio al honor la utilización de expresiones vejatorias e insultos, imputación de conductas que podrían ser constitutivas de ilícitos punibles, etc. (STS de 18 diciembre 2002, rec. nº 1627/1997)». De ello deduce la sentencia los siguientes criterios: «a) las extralimitaciones verbales en un contexto de lucha política o sindical (elecciones, conflictos laborales, etc.) determinan la prevalencia de la libertad de expresión y la libertad sindical; b) en cualquier caso, las informaciones deben ser veraces, concurrir interés público y que las expresiones no se consideren injuriosas»".

Finalmente, señala que "Ante la colisión del derecho al honor, el derecho de información y el derecho a la libertad sindical, procede analizar la prueba practicada en autos en orden a constatar: 1º) si la información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública; y 2º) el requisito de la veracidad, como resultado de una razonable diligencia por parte del informador, teniendo en cuenta que se ha ponderado la libertad de informar a los trabajadores siempre que en este caso se cumpliera el requisito de la veracidad y no se tratase de la utilización de expresiones vejatorias e insultos, imputación de conductas que podrían ser constitutivas de ilícitos punibles, etc.."; y concluye afirmando que "Pero además, y en cuanto a la veracidad de tales informaciones, la jurisprudencia establece que las extralimitaciones verbales en un contexto de lucha política o sindical determinan la prevalencia de la libertad de expresión y la libertad sindical pero, en cualquier caso, las informaciones deben ser veraces, concurrir interés público y que las expresiones no se consideren injuriosas".

TERCERO.- Pues bien, partiendo de la anterior doctrina jurisprudencial, por aplicación de los criterios establecidos por la misma a la cuestión esencial objeto de litigio sobre si las expresiones de que se trata (antes reseñadas) son o no constitutivas de lesión o intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, la respuesta no puede ser sino negativa de acuerdo con los datos fácticos acreditados y ya expuestos al inicio del anterior Fundamento, y de acuerdo también con lo interesado pro el Ministerio Fiscal en trámite de conclusiones, y ello porque dado el tenor literal de las expresiones litigiosas, antes trascrito, ha de concluirse que las mismas carecen de entidad suficiente para ser consideradas como una intromisión ilegítima o un atentado contra el derecho al honor del actor Sr. D.L.M., debiendo considerarse como afirmaciones normales (aun cuando de mal gusto) comprendidas dentro del ámbito ordinario de la crítica política en el seno de la ciudadanía, máxime en un contexto social como el que existía o imperaba en España a finales de 2.015 y desde varios años atrás, de una profunda crisis económica y con innumerables casos de corrupción político-económica presentes a diario en los medios de comunicación, con la consiguiente y lógica sensibilización ciudadana al respecto, en particular en relación con el manejo de fondos o caudales públicos, debiendo tenerse en cuenta que el actor ejercía por entonces un cargo político, concretamente el de Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Marbella, habiendo sido los comentarios o expresiones litigiosas generados o formulados en relación con una noticia que hacía referencia a una presunta irregularidad cometida por el mismo en el ejercicio de dicho cargo, la ya indicada de que “El concejal de Fiestas del PP de Marbella gastó 14.600 euros en teléfono en un mes”, debiendo por todo ello concluirse reiterando que las expresiones o comentarios no cabe calificarlos de objetivamente injuriosos en relación con dicho contexto, y han de considerarse amparados por el ejercicio de la libertad de expresión, sin que quepa apreciar en los mismos un animus injuriandi o actitud difamatoria o injuriante de carácter directo. Y es que es preciso recordar la posición actual de la jurisprudencia, favorable a reconocer un ámbito muy amplio de crítica en relación con los personajes públicos, particularmente cargos políticos, de modo que los límites de la crítica aceptable son más amplios para un político, considerado en esta condición, que para un particular, ya que, a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un mayor control de sus acciones tanto por parte de los periodistas como por la ciudadanía en general; cuanto mayor sea la relevancia política de una persona, y la de un concejal es considerable (desde luego en el ámbito local o municipal en el que ejerce su cargo y responsabilidades), mayor es la exposición de su conducta al escrutinio público y más alto el techo de las libertades de información y de opinión. No cabe duda de que cuando la libertad de expresión se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, el peso de la libertad de información es más intenso, permitiendo la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, siempre que las expresiones no sean gravemente ofensivas o vejatorias y el lenguaje se corresponda con el habitualmente utilizado en la práctica, como sin duda ocurre con las expresiones de que se trata (ladrón e hijo de puta), reiterando que se trata de comentarios de terceros respecto de una noticia que causaba un particular rechazo social, careciendo, además, las expresiones publicadas del suficiente valor peyorativo, pudiendo entenderse que no se formulan o dirigen de forma concreta contra la persona del actor, sino que se realizaron como una crítica respecto de una determinada forma o manera de actuar en el ámbito político, sin intención directa de lesionar el derecho al honor.

En consecuencia, declarada la inexistencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor D. D.L.M., no procede tampoco, evidentemente, considerar producido para el mismo un perjuicio (cuyo presupuesto sería la apreciación y declaración de la existencia de tal intromisión ilegítima) ni la fijación de indemnización alguna a favor del actor por tal concepto, con la consiguiente íntegra desestimación de la demanda, sin necesidad de entrar a resolver sobre la cuestión relativa a la responsabilidad de la demandada como titular del dominio de la web en cuestión, cuyo objeto y finalidad es incorporar enlaces a noticias de medios ajenos aportados por los usuarios sin publicar noticias ni reportajes propios, ni de su diligencia a la hora de eliminar los comentarios objeto de litigio, lo que ya ha sido verificado, como acredita el documento nº 2 de los aportados por la demandada con su escrito de contestación.

CUARTO.- Por aplicación de lo dispuesto por el art. 394,1 de la N.L.E.C., procede imponer a la parte actora el pago de las costas procesales causadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO

Que DESESTIMANDO TOTALMENTE la demanda interpuesta por D.L.M. contra la entidad Menéame Comunicaciones, S.L., absuelvo a ésta de todas las pretensiones contra ella deducidas por el actor; condenando a éste al pago de las costas procesales causadas.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de APELACIÓN para ante la Audiencia Provincial de Málaga, que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

 

 

 

 


DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.-En Marbella, a doce de abril de dos mil diecisiete, la extiendo yo, el Letrado de la Administración de Justicia, para hacer constar que en el día de hoy se hace pública la anterior Sentencia, que es entregada en la Oficina Judicial, una vez extendida y firmada, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, uniéndose certificación literal de la misma a los autos de su razón, incorporándose el original al legajo correspondiente y registrándose en el Libro de registro de Sentencias de este Juzgado que por orden correlativo según su fecha le ha correspondido, librándose los correspondientes traslados y despachos de los que queda unida copia, en su caso, para su notificación, de conformidad con lo previsto en los arts. 150, 212 y 213 de la LEC, 265, 266 y 454.1 de la LOPJ, 3 del Reglamento 172005, del Consejo General del Poder Judicial, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales y 6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por RD 1608/2005. Doy fe.