La regulación de la Sociedad de la Información

04.09.2001 | Por: Carlos Sánchez Almeida

Comparecencia ante el Senado, Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, celebrada el martes 4 de septiembre de 2001

Buenos, días, Señorías.

Es un honor para mí dirigirme a esta Comisión, cuya invitación agradezco en nombre de Kriptópolis, la comunidad virtual a la que represento. Quiero destacar aquí que hablo exclusivamente en nombre de Kriptópolis, una revista online de más de 40.000 suscriptores, y por tanto no represento a ningún otro colectivo de internautas, ni pretendo atribuirme la representación de los mismos.

Kriptópolis escogió el pasado mes de mayo, histórico mes de revueltas, para iniciar una campaña de protesta contra el anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Que dicha campaña está siendo un éxito, lo prueba el hecho de que hoy estemos aquí: no veo otro motivo para que puedan tomar en serio las opiniones de este letrado, haciendo perder el tiempo a sus señorías. No he venido aquí a hacer de gurú ni a hablarles del futuro. Ni soy gurú, ni tengo bola de cristal, así que me dedicaré a hablarles del pasado, de la historia de la Red. Porque la lucha contra la LSSI ya forma parte de la historia de la Red, habiendo marcado un antes y un después en el devenir de la Internet española.

El motivo fundamental de la protesta fue el ataque contra la libertad de expresión que representa, a nuestro juicio, dicha normativa. Dado que la misma será analizada en profundidad por el letrado Javier Maestre Rodríguez, cuya comparecencia ante esta Comisión está prevista para hoy, no me extenderé sobre cuestiones de técnica jurídica, sino sobre la problemática que representa regular Internet, sobre las cuestiones filosóficas e ideológicas que a nuestro juicio deberían tenerse en cuenta a la hora de intentar regular la denominada, erróneamente, Sociedad de la Información. Y digo erróneamente, porque no existe otra Sociedad que aquella que en la que vivimos, a la que también pertenece Internet. Volveré después sobre el tema, ahora voy a centrarme en la historia de Internet, en el conflicto constitucional entre libertad de expresión y orden público, que desde el principio ha acompañado la evolución de las comunicaciones telemáticas.

En un artículo titulado "El efecto Gilmore", David Casacuberta, primer presidente de Fronteras Electrónicas España, explicaba que Internet siente la censura como si fuese un daño y se reorganiza para contrarrestarla. El mecanismo lo hemos visto en acción cientos de veces: un gobierno o una corporación intentan silenciar un determinado documento. La red, sin embargo, responde rápidamente y al cabo de pocos días existen cientos de copias en todo el mundo del documento censurado. El resultado final no es solamente que el documento original no ha podido ser silenciado: de hecho, el texto peligroso se ha hecho mucho más famoso y conocido de lo que era antes del ataque censor. La Red responde como un cuerpo vivo ante un ataque vírico. Y responde así porque la esencia de la Red, incluso a nivel técnico, es el libre intercambio de información: la Red fue diseñada para que la información llegase a todas partes por cualquier vía, incluso en el supuesto de un ataque nuclear.

Al hablar de la historia de la sociedad digital, los historiadores de la Red acostumbran a establecer 1994 como el año de partida, dado que se trata en dicho momento cuando el gran público accede a la misma. Hasta dicha fecha, el uso de Internet estaba restringida al ámbito universitario, gubernamental y militar. Pero al fijar el inicio de la historia en 1994, se olvida que antes de el año citado ya existían otras comunidades virtuales, algunas muy activas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hablo de las BBS, pequeñas redes autónomas de ordenadores, organizadas mediante la iniciativa de aficionados a la informática. Es importante hablar de las BBS, porque es en el seno de las mismas donde se dieron los primeros ataques contra la libertad de expresión en el mundo digital, y es en el ámbito de las BBS donde se organiza la primera resistencia electrónica, que da lugar a la formación de la Fundación de la Frontera Electrónica, grupo de defensa de derechos civiles en el ciberespacio. Es importante hablar de las BBS y de lo que se vino a denominar Hacker Crackdown, “La caza de hackers”, porque es sabido que la sociedad norteamericana es pionera, en lo bueno y en lo malo, de todo lo que se refiere al mundo digital. En España, para bien o para mal, acabamos copiando todo lo que se inventa en Estados Unidos, si bien con bastantes años de retraso. La historia se repite como farsa: copiamos, tarde y mal, la caza de hackers, y copiamos, tarde y mal, la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

Para transferir mensajes de correo electrónico de un ordenador a otro, y así hasta el infinito, no era necesaria Internet: bastaba un programa de gestión de correo instalado en un ordenador permanentemente encendido, y programado para descolgar el teléfono al recibir una llamada, lo que se vino a conocer como sistema de tablón de anuncios, Bulletin Board System, BBS, la forma de comunicación más habitual entre los aficionados a la informática en los años 80 y primeros 90. La información que se almacenaba en los mismos era difícilmente controlable, dado que para acceder a una BBS era preciso conocer la contraseña de acceso, algo que en muchas ocasiones sólo estaba a disposición de pequeños círculos de iniciados. Muchas BBS editaban sus propias publicaciones digitales, algunas de las cuales podía resultar molestas para el poder establecido. Les decía que a España las cosas llegan con retraso: exactamente 11 años antes del inicio de la campaña contra la LSSI, los días 7, 8 y 9 de mayo de 1990, 150 miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos iniciaron el mayor acoso a BBS hasta dicha fecha, incautándose un importante número de computadoras y cerrando 25 BBS. La redada, conocida con el nombre en clave de Operación Diablo del Sol, buscaba acallar una publicación digital, de nombre PHRACK. Las consecuencias del ataque a la libertad de expresión digital no pudieron ser peores para el FBI y los fiscales encargados del caso, como explica Bruce Sterling en su libro “La caza de hackers”, que cito textualmente, y cuya lectura recomiendo a sus señorías, antes de ponerse a legislar sobre Internet. Por supuesto, el libro se puede descargar gratuitamente desde Kriptópolis, cuyo equipo de traductores es responsable de la versión en español:

La publicidad también ha servido a los intereses de los amigos de los cuerpos de seguridad del estado y de la administración de justicia. Les encanta atraer el interés del público. Una causa sobre un caso de vital interés público puede lanzar la carrera de un fiscal. Y para un policía, una buena publicidad despierta el interés de los superiores; puede suponer una mención, un ascenso, o al menos un alza del status y el respeto ante los compañeros. Pero conseguir a la vez publicidad y confidencialidad es como querer guardar un pastel y a la vez comérselo.

Parece ser que a ningún agente encargado de telecomunicaciones se le pasó por la cabeza que los hackers acusados demandarían un juicio; que los periodistas considerarían que hablar de ellos vendía; que ricos empresarios de alta tecnología ofrecerían apoyo moral y económico a las víctimas de la caza; que aparecerían jueces del Constitucional con sus maletines y el ceño fruncido. Esta posibilidad parece que no entró en la planificación del juego.

La Operación Sundevil, que comenzó como un intento del Servicio Secreto de censurar la libertad de expresión en el ciberespacio, acabó como un triunfo de los grupos de defensa de derechos civiles. El fiscal, tras solicitar treinta años de cárcel contra el editor de la publicación digital PHRACK, acabó pidiendo el archivo del caso. La Electronic Frontier Foundation, que había asumido la defensa del editor, acabó demandando al Servicio Secreto de los Estados Unidos, demostrando que además de tener credibilidad, también tenía dientes. Gail Thackeray, la fiscal que más veces había aparecido en la prensa hablando contra los hackers de la Operación Diablo del Sol, terminó siendo despedida. Un senador del partido demócrata, Patrick Leahy, acabó declarando:

“No podemos pararle los pies excesivamente a un curioso chico de trece años, que gracias a lo que experimente hoy, puede desarrollar en el futuro la tecnología informática o de telecomunicaciones que lleve a Estados Unidos al siglo XXI. Representa nuestro futuro y nuestra mayor esperanza para seguir siendo una nación tecnológicamente competitiva.”

Con el ataque a la libertad de expresión en las BBS, el Servicio Secreto consiguió organizar a los defensores de los derechos civiles. Cuando el Gobierno Clinton intentó en febrero de 1996 aprobar la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, destinada a controlar Internet, se organizó una campaña mundial en contra de la ley. En aras de la protección a la infancia, la CDA pretendía establecer un código de conducta en Internet en Estados Unidos, tratando de evitar la presencia en la red de material que pudiera considerarse obsceno o violento. Entre otras cosas, se pretendía crear una lista de "palabras prohibidas" que no podían emplearse en chats, publicarse en páginas web... Por ejemplo, la palabra "pechos" se hubiera declarado ilegal tanto en un texto erótico como en un texto médico sobre el cáncer de mama.

En respuesta a la CDA, varias organizaciones de ciberderechos y de derechos civiles, encabezadas por la ACLU, llevaron a juicio esta ley ante un tribunal de Pensilvania. Además, la oposición mundial a la ley consiguió que grupos de defensa de todo el mundo se organizasen en el GILC, Global Internet Liberty Campaign (Campaña Global por la Libertad en Internet), lo que demuestra una vez más que la censura no hace otra cosa que extender el virus de la libertad.

Pero mucho peor fue lo que ocurrió en los tribunales. El fallo de la Corte del Distrito Este de Pensilvania, en el caso entre la American Civil Liberties Union versus Janet Reno, Fiscal General de los Estados Unidos, es en sí mismo un manifiesto de libertad a la altura de las grandes Declaraciones de Derechos del Hombre:

Dejando aparte las siglas y el argot que han sembrado la vista, Internet puede muy bien ser descrita como una conversación universal sin fin. El Gobierno no puede, a través de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, interrumpir esa conversación. Como la forma participativa de expresión de masas más desarrollada jamás conocida, Internet merece la más estricta protección frente a la intrusión gubernamental. Es cierto que muchos encuentran algunas de las expresiones o manifestaciones en Internet ofensivas y es cierto, también, que, en medio del estruendo del ciberespacio, muchos oyen voces que consideran indecentes. La ausencia de regulación gubernativa de los contenidos de Internet ha producido, incuestionablemente, una especie de caos, pero, como uno de los expertos propuestos por los demandantes indicó en el curso de la vista, lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. La fuerza de Internet es ese caos. Como sea que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía de la expresión sin trabas que protege la Primera Enmienda. Por estas razones, sin dudarlo, considero que la Ley de Decencia en las Comunicaciones es "prima facie" inconstitucional y concedo las medidas cautelares solicitadas.

El Gobierno americano aprendió la lección. No se puede regular Internet como algo ajeno al mundo real, porque Internet es información, y regular la información de forma restrictiva supone vulnerar la Primera Enmienda. ¿Qué hizo en consecuencia el Gobierno americano para protegerse del cibercrimen? Lo más inteligente: dotar de medios adecuados al FBI y al Departamento de Justicia, de forma que los Fiscales especializados en Delitos Informáticos pudiesen combatir con éxito las nuevas formas de delincuencia propiciadas por las Nuevas Tecnologías.

¿Donde está hoy Estados Unidos en lo relativo a Internet? ¿Donde queremos que esté España dentro de diez años? Si Internet ha de ser el cimiento de la España del Siglo XXI, hemos de levantar un cimiento sólido. Hoy tengo el honor de dirigirme a Vds. En la institución donde se puso la primera piedra de ese edificio, la llamada Declaración de Derechos de Internet, que figura en las Conclusiones de la Comisión Especial sobre Redes Informáticas del Senado, en cuya conclusión segunda se establece textualmente:

La libertad es una condición inherente a la Red que no podrá ser restringida por ningún poder público o privado. La libertad debe ser total en cuanto al acceso, la circulación, la información y la comunicación. Las únicas limitaciones posibles son aquellas que vengan delimitadas por la Carta Universal de Derechos Humanos.

Otra de las conclusiones de la Comisión se refiere a la necesidad de incrementar las dotaciones de las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el mandato de crear una Fiscalía Especial para los Delitos Informáticos. Me consta por mi trabajo que los departamentos de delitos informáticos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policías Autonómicas desempeñan su trabajo con alto nivel de profesionalidad, pese a contar con un número de agentes insuficiente para la difícil misión que tienen encomendada. Y ese es precisamente la siguiente piedra del edificio. En Internet se debe garantizar la libertad y la seguridad: no puede generarse confianza en la sociedad de otra manera. El número de denuncias desde 1996 no ha dejado de crecer: las dotaciones de las policías especializadas no han crecido en la misma proporción. Y lo peor del cibercrimen todavía no ha llegado, pero pueden dar por seguro que el crecimiento del comercio electrónico provocará una expansión de la delincuencia electrónica, que sólo podrá ser perseguida con eficacia dotando de medios adecuados a los agentes especializados y a la Administración de Justicia. No podemos ser ingenuos: el crimen solo se puede perseguir con el Código Penal, y por los agentes encargados de aplicarlo, no con multas administrativas.

Decía al principio que el concepto mismo de Sociedad de la Información es erróneo: sólo hay una sociedad, una sociedad que queremos que sea democrática, donde imperen la libertad y la seguridad. En pocos discursos públicos de responsables políticos se ha definido tan claramente esa sociedad como en la cita que a continuación les leeré:

Queremos fomentar decididamente la Sociedad de la Información porque creemos en una sociedad abierta. Queremos mirar hacia delante y queremos hacer realidad una nación sin barreras.

Los países que más han progresado, los que más han avanzado hacia la prosperidad de sus ciudadanos, han sido los países más abiertos y son los países más abiertos: abiertos a nuevas ideas, a nuevas corrientes; abiertos a evoluciones en su sociedad; abiertos a la expansión de las libertades; abiertos en sus economías y en sus mercados.

La Sociedad de la Información es, sobre todo, un impulso a la libertad.

Estamos comprometidos en la defensa de las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos, aquí o en cualquier otro lugar; la libertad para emitir su opinión y para recibir la que otros puedan generar. Queremos libertad y también queremos libertad a través de y gracias a la red.

Creo firmemente que nuestra sociedad no necesita que nadie levante nuevas fronteras donde nunca han existido. Nada bueno le ha sucedido nunca a ninguna sociedad cuando ha pretendido aislarse o encerrarse en un localismo empobrecedor; antes al contrario.

Lo que nos permiten las nuevas tecnologías es abrirnos más. Nos facilitan a todos que lleguemos más lejos, a más lugares y a mayor velocidad. El ensimismamiento o el recogimiento en lo más cercano tienen menos sentido que nunca, ahora que las distancias se hacen más cortas. El amor a lo propio y el respeto a las diferencias son compatibles con la convivencia plural.

El pluralismo es una de las características más presentes y más necesarias en la red de Internet: diversidad de ideas y opiniones, multitud de lenguas, variedad de estéticas. Debemos todos defender el pluralismo como un valor y la red nos ayuda en ese empeño.

Dicen que los hackers se infiltran en todas partes, pero uno nunca pensaba que podrían infiltrarse en el equipo de redacción de los discursos políticos. Y digo ello porque las palabras que les he leído las pronunció el Presidente del Gobierno, D. José María Aznar, en la presentación del Plan de Acción Info XXI en Vitoria, el día 24 de enero de 2001. Desde Kriptópolis estamos completamente de acuerdo con esas palabras, muy especialmente cuando afirman que los países que más han progresado, que más han avanzado hacia la prosperidad, han sido los más abiertos. En Kriptópolis creemos que las sociedades más libres serán las más prósperas. Precisamente por eso decidimos iniciar, en el undécimo aniversario de la Operación Sundevil, la campaña de protesta contra la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Una campaña mediante la que Kriptópolis no pretende otra cosa que seguir publicando información libre en Internet, algo que en el tercer redactado del Anteproyecto, de 30 de abril de 2001, está seriamente condicionado, como a continuación expondrá Javier Maestre. La campaña contra la Ley no es en absoluto patrimonio de Kriptópolis: a la misma se han sumado múltiples colectivos y miles de internautas, y ha desbordado con mucho las posibilidades de coordinación y los medios con los que cuenta Kriptópolis, que no olvidemos, se trata de una publicación en la que los colaboradores contribuyen sin ánimo de lucro. ¿Por qué consideramos que se ataca la libertad de expresión? Pues bien, fundamentalmente porque se establecen restricciones a la publicación de información en Internet, restricciones que no existen en el mundo real. En base al artículo 20 de la Constitución, sólo el poder judicial puede secuestrar publicaciones, y siempre mediante un auto judicial motivado. En el tercer anteproyecto de la LSSI, se obliga a la autocensura a los proveedores de servicios, muchos de los cuales, en la duda de si un contenido es ilícito o no, preferirán borrarlo antes que verse envueltos en problemas legales, máxime teniendo en cuenta que se les puede responsabilizar de los contenidos, imponiéndoles multas de hasta 600.000 euros. La LSSI saca de las competencias judiciales cuestiones que deberían ser decididas por un juez, y en consecuencia vulnera el artículo 20 de la Constitución, de la misma forma que la Ley de Decencia en las Comunicaciones vulneraba la Primera Enmienda.

Desde Kriptópolis consideramos que la transposición de la Directiva Comunitaria sobre Comercio Electrónico se debe llevar a cabo respetando las instituciones jurídicas españolas, integrando la nueva normativa en los códigos vigentes, no mediante una ley especial, porque hacerlo de otro modo supone considerar Internet como un gueto ajeno al mundo real. Asimismo consideramos que el suministro de información por vía telemática no debe tener una regulación distinta al suministro de información en formatos tradicionales, so pena de vulnerar el derecho de igualdad y el derecho a la libertad de expresión. Si se regula la información, se regula la esencia de Internet. Internet, la Sociedad de la Información, no deben tener otra Constitución que la que desde 1978 rige los destinos de la sociedad española. De lo contrario estamos cuestionando la propia vigencia de la Constitución en un ámbito de nuestra convivencia como es Internet, y ello puede tener consecuencias devastadoras a medio plazo. Pensemos en el papel que reservan los artículos 6 y 7 de la Constitución a partidos políticos y sindicatos, un papel preponderante en la defensa de los intereses de los ciudadanos y los trabajadores, y que en estos momentos no tienen ni de lejos la influencia que las Organizaciones No Gubernamentales tienen en Internet. A muy escasos años vista, las campañas electorales tendrán en Internet un campo de batalla fundamental: para garantizar la igualdad de oportunidades es fundamental asegurar la libertad de expresión más absoluta, de forma que sólo el poder judicial pueda intervenir para secuestrar publicaciones.

El primer artículo de cualquier regulación sobre Internet debe tener en cuenta que la esencia de la Red es la libertad de información, que no puede haber otras limitaciones a esa libertad que las que surjan de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sólo mediante auto judicial motivado se puede impedir la publicación de información en Internet, y que el secuestro administrativo de información constituye delito.

Kriptópolis es una publicación comprometida con las libertades en Internet, pero también con la seguridad informática. Nada más lejos de la seguridad que el caos, pero a veces, como dijera el juez del Distrito Este de Pensilvania en la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, nuestra libertad depende del caos, de que todos podamos expresar nuestra opinión sin trabas. El anteproyecto de LSSI es una seria amenaza a la libertad, y no garantiza en modo alguno la seguridad, que sólo puede venir dada poniendo en manos de jueces y policías las herramientas adecuadas para perseguir el cibercrimen.

En las últimas semanas, Kriptópolis ha decidido exiliarse. Nuestra primera decisión ha sido cambiar el proveedor de acceso español por un servicio de alojamiento en Estados Unidos. Ahí tenemos una de las primeras consecuencias de una futura LSSI: una empresa española ha perdido un cliente en favor de una empresa norteamericana. Ha sido una decisión difícil, pero no podemos volvernos atrás: al principio de la campaña dijimos que éste podía ser nuestro último combate en defensa de las libertades en la Red, y seremos coherentes hasta el fin con nuestros postulados, aunque ello represente nuestra extinción. Si se aprueba la LSSI en su actual redactado, nuestro exilio será definitivo. Numerosas empresas españolas se verán obligadas a emprender el mismo camino. Se verá perjudicada la influencia de España en el mercado mundial de Internet, muy especialmente el latinoamericano. Se verá perjudicado el propio idioma español. Y lo que es peor, España habrá perdido definitivamente el tren del futuro.

En Kriptópolis estamos muy cansados de la campaña contra la LSSI. Vivimos en un tiempo extraño, en el que los Estados han renunciado a muchas de sus obligaciones, dejando en manos de las Organizaciones No Gubernamentales movilizaciones sociales que deberían ser responsabilidad de partidos y sindicatos. Kriptópolis ni siquiera es una ONG, únicamente es una publicación sin ánimo de lucro que lucha por su supervivencia, y hemos tenido que luchar contra todo el equipo mediático de un Ministerio. Sólo esperamos que con independencia del resultado de la Campaña, los partidos políticos y los sindicatos entiendan de una vez que la Red ha llegado para quedarse, y la política digital cada vez va a tener más fuerza en la política global. Que los poderes públicos entiendan que en un mundo global no se puede controlar la información. Que en un mundo sin territorios como el que anuncia Internet, en tanto en cuanto no exista un entramado institucional global consolidado, los actuales poderes públicos basados en el Estado, han de ser los garantes de los derechos de los ciudadanos. Que para resistir la presión de los lobbys mediáticos de las grandes corporaciones, los responsables políticos necesitan apoyarse en la Red, el único lugar donde la información es verdaderamente libre. No queremos volver a tener que salir en defensa de las libertades: no es nuestro trabajo, no somos elegidos durante cuatro años por los ciudadanos, y tampoco cobramos por ello.

La Campaña contra la LSSI ha causado profundas heridas en la comunidad internauta, en las que no quiero ahondar desde aquí. Antes al contrario: es necesario que la defensa de los derechos civiles en la Red sea responsabilidad de todos, comenzando por los partidos políticos y sindicatos. Se nos ha llamado revolucionarios, y lamento desengañarles, porque somos de lo más conservador: queremos conservar los derechos fundamentales que tanto ha costado, y aún está costando implantar. Quizás lo más terrible del tiempo en que vivimos sea que en la España del 2001, lo más revolucionario es luchar porque se cumpla la Constitución. Que en el siglo XXI, no haya otra utopía posible que conseguir la aplicación universal de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Nada más, señorías, muchas gracias por su paciencia.

Madrid, 4 de septiembre de 2001.
Carlos Sánchez Almeida